Mantener el HUBU cuesta 80M€ al año, casi tanto como León, Salamanca y Valladolid juntos

La Gerencia Regional de Salud paga una media de 80 millones de euros anuales a la contratista del nuevo hospital de Burgos, que es practicamente lo que cuesta mantener los servicios no sanitarios en los otros cuatro grandes centros de referencia autonómica (los complejos hospitalarios de León, Salamanca, Clínico y Río Hortega de Valladolid juntos), que suman 83,3 millones al año en gastos de funcionamiento. Así lo constata un informe divulgado ayer por el Consejo de Cuentas de Castilla y León que da un tirón de orejas a la administración sanitaria por desconocer qué parte de la cantidad destinada a la concesionaria del hospital burgalés corresponde al canon por la construcción y qué parte a la contratación de servicios como la limpieza, el catering o la vigilancia, entre otras funciones externalizadas. 

El documento, titulado Fiscalización del análisis comparativo de los gastos  no sanitarios de funcionamiento de los principales hospitales públicos de la Comunidad Autónoma, evalúa los gastos corrientes en los cinco principales recintos hospitalarios de Castilla y León, que son los que atienden patologías de mayor especialización y alta complejidad tecnológica. En esos principales centros de de referencia el gasto corriente de los bienes y servicios suma 435 millones de euros entre 2013 y 2017, que es el quinquenio analizado por el órgano fiscalizador. Esa cantidad no incluye la relativa al nuevo hospital de Burgos (sólo las del Divino Valles y Fuente Bermeja, los otros dos edificios integrados en el complejo universitario de esa ciudad) porque en la información recabada no ha sido posible desagregar qué parte de lo pagado a la empresa adjudicataria corresponde a la explotación de esos servicios y qué parte se destina a pagar ‘a plazos’ la construcción de este polémico edificio, levantado con un sistema de gestión público-privada que incluyó la construcción del hospital y uso de instalaciones accesorias a cambio de la explotación de servicios no asistenciales. En todo caso, la retribución que Sacyl paga a la empresa concesionaria Eficanza suma 400 millones en los cinco años analizados, con esos 80 millones anuales de promedio. 

La auditoría del Consejo de Cuentas lamenta que «a diferencia  del resto de centros de referencia, de la contabilidad de la Comunidad no resulta posible obtener el importe de los gastos de funcionamiento no sanitarios» porque la Gerencia Regional de Salud «imputa los pagos al concesionario al concepto ‘Cuotas uso infraestructuras’, siendo la sociedad concesionaria del nuevo hospital de Burgos quien inicialmente soporta, y registra en su contabilidad, dichos gastos». 

En la cuantía que Sacyl abona cada mes a la concesionaria quedan repercutidos tres conceptos, explica el informe, que son «el uso de la infraestructura, el aprovechamiento económico de las obras accesorias o vinculadas y los ingresos procedentes de la explotación de las zonas comerciales», sin que resulte posible «obtener los gastos de funcionamiento no sanitarios» en este joven edificio. «Ello es así porque según se desprende de los pliegos de prescripciones técnicas generales, y en los especiales referidos al régimen de explotación de las obras accesorias y determinadas actividades, la retribución de los principales servicios o suministros han sido determinadas con base en tarifas que tienen en cuenta no solo el coste que soporta el concesionario por la producción o contratación del mismo, sino también prestaciones tales como los servicios de gestión patrimonial, limpieza e higienización, mantenimiento de edificios, instalaciones, maquinaria, equipamiento, seguridad y vigilancia, jardinería y urbanización», apostilla el órgano fiscalizador. 

Esos datos –continúa el informe– tampoco constan «en los informes de auditoría anuales, en las modalidades financiera, operativa, de calidad y de ingresos al cierre de cada ejercicio, los informes anuales relativos a consumos por producto, proveedor, puntos de consumo y estadísticas de consumos reales y previstos y los informes anuales de gestión en relación con la explotación de las obras accesorias del nuevo hospital de Burgos pero tampoco esa información ha posibilitado individualizar los gastos no sanitarios de funcionamiento objeto de análisis». Además, «en las conversaciones mantenidas con los servicios económicos de la Gerencia Regional de Salud, se puso de manifiesto que ellos tampoco podían individualizar» esos gastos de funcionamiento. 

La ausencia de ese indicador impide comparar los distintos tipos de gasto entre unos hospitales y otros, de modo que los parámetros se han auditado excluyendo este hospital burgalés, del que únicamente se han incluido a efectos de la comparativa con el resto de centros de referencia indicadores basados en unidades físicas de los principales consumos de suministros (electricidad, agua y gas).

Mejorar el conocimiento de las cuentas del nuevo hospital burgalés es una de las 18 conclusiones contenidas en el informe del órgano fiscalizador de Castilla y León que, a la vista de los datos contenidos en su análisis, formula varios consejos para los responsables de la gestión sanitaria. Uno de ellos, emplazándoles a recabar con mayor detalle los datos relativos a los gastos de funcionamiento en el hospital de Burgos. «La Gerencia Regional de Salud debería obtener información de la sociedad concesionaria del nuevo hospital de Burgos relativa a los diferentes gastos de funcionamiento no sanitarios del Capítulo II para así poder efectuar análisis comparativos y homogéneos entre los diferentes centros de referencia de atención especializada», sostiene el documento. 

El Consejo de Cuentas entregó en las Cortes este informe,  «una auditoría de tipo operativo, cuyo análisis de eficiencia se ha centrado en el estudio comparado de los mismos gastos en los cinco principales hospitales, así como su evolución temporal». El informe provisional fue remitido a la Consejería de Sanidad, así como a la Gerencia Regional de Salud y a los directores gerentes de los complejos asistenciales universitarios de Burgos, León y Salamanca y de los hospitales y Universitario Rio Hortega y Clínico Universitario de Valladolid, sin que hayan presentado alegaciones, según el comunicado enviado ayer a la prensa.