País Vasco, La Mancha y Castilla y León, en deuda con el resto de autonomías por la vacunación a desplazados

Como no se acordó un protocolo común dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, cada autonomía ha venido aplicando un criterio distinto a la hora de vacunar a los ciudadanos procedentes de otras comunidades que así lo solicitaban. En junio, antesala de la campaña veraniega, Andalucía y Comunidad Valenciana anunciaron su disposición a satisfacer la petición de los foráneos, ya fuera por solidaridad interterritorial o para estimular las reservas en el maltrecho sector turístico. Otros territorios como Cantabria también prometieron abrirse a esa posibilidad aunque luego impusieron rígidas condiciones para llevarlo a la práctica. Y otros, como País Vasco, se opusieron de inicio a ceder dosis a las personas que carecieran de tarjeta sanitaria en su Osakidetza. El resultado de este galimatías es el muy desigual acceso a la vacuna que un ciudadano español ha tenido en función del lugar donde haya pretendido inmunizarse. 

Hay que considerar que la demanda de dosis por parte de personas de otras autonomías no ha sido el mismo en todo el territorio, dada la mayor movilidad hacia los principales destinos turísticos y en las grandes ciudades, por el tránsito de personas que pasan temporadas fuera de casa por motivos laborales o familiares. Pero los datos dibujan una mayor o menor generosidad entre territorios, según los saldos de vacunación del Ministerio de Sanidad, a fecha 31 de agosto.

En términos absolutos, las autonomías que han cedido mayor número de dosis a ciudadanos de fuera son Madrid (159.193), Andalucía (110.072), Cataluña (69.722) y Comunidad Valenciana (67.028). Las que menos, Rioja (8.952), Cantabria (10.453) y Asturias (10.584), además de Ceuta y Melilla (con tres mil cada una).

Si nos fijamos en el saldo entre las dosis ‘cedidas’ y las que se han ‘tomado prestadas’, el resultado es positivo en ocho comunidades:Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra, Aragón, Murcia y La Rioja  son las que han puesto más vacunas a forasteros de las que sus ciudadanos han recibido allende su límite territorial. 

Al resto, el balance le sale ‘a devolver’, por así decirlo, aunque en la práctica no vayan a tener que entregar los viales para compensar ese desajuste. El saldo más negativo corresponde a País Vasco, que ha cedido a foráneos la mitad de las dosis que sus empadronados han recibido en otras zonas del Estado. En concreto, el sistema de salud vasco ha dispensado 19.611 profilaxis a desplazados frente a las 40.158 de las que se ha beneficiado su población estando fuera de casa. La diferencia es de más de 20.500 dosis. 

A continuación se sitúan las dos Castillas. Con un saldo negativo de 17.026 dosis en su ‘debe’, Castilla-La Mancha ha puesto 50.166 y sus paisanos han recibido 67.192. Y  Castilla y León es la tercera en números rojos:-11.129 inyecciones es la diferencia entre las vacunas inoculadas a forasteros (56.548) y las recibidas en otras autonomías (67.677) por los ciudadanos con tarjeta de Sacyl. 

También están en deuda con el resto de comunidades autónomas Asturias (-9.231 es su saldo interterritorial, al haber cedido la mitad de las dosis recibidas por sus paisanos fuera), Extremadura (-7.232), Galicia (-6.560), Canarias (-6.560), Baleares (-5.182) y Cantabria (-1.108). Y, por último, con el mismo signo resulta el balance de las ciudades autónomas de Ceuta (-372) y Melilla (-115), ambas con superávit. 

Aunque hace dos décadas las competencias sanitarias fueron transferidas a las autonomías, el Sistema Nacional de Salud es el garante de la prestación universal de los servicios en todo el país. Desde el inicio de la pandemia, el Consejo Interterritorial se ha reunido con frecuencia para fijar directrices en el abordaje de la pandemia; la propia Estrategia de Vacunación se creó y se ha actualizado de forma periódica en el seno de este órgano. Pero a menudo la falta de consenso ha supuesto la implantación de 17 criterios distintos dentro del territorio nacional. 

La campaña de vacunación arrancó en España en diciembre de 2020 en las residencias para generalizarse después por grupos de riesgo y franjas de edad a lo largo de 2021. En febrero, la tercera y la cuarta actualización de la Estrategia Nacional incorporó de forma expresa la vacunación de «las personas desplazadas» de otras comunidades y de los extranjeros residentes en España «en el lugar donde se encuentren desplazadas o residiendo». En marzo, en la quinta revisión del documento, ese párrafo desapareció. 

Con carácter general, las comunidades  han emplazado a sus ciudadanos a vacunarse allí donde estuvieran empadronados o dispusieran de tarjeta sanitaria, mientras las personas que por distintos motivos residían transitoriamente en otro lugar (estancias en segundas residencias, por motivos laborales, sanitarios o familiares de fuerza mayor) han tenido que pelear individualmente su derecho a vacunarse fuera de casa, habitualmente solicitando la tarjeta de desplazado, que es el documento que asigna asistencia ordinaria cuando se cambia de residencia durante un periodo superior al mes. 

El debate se intensificó en verano ante la movilidad de los desplazamientos vacacionales. Habida cuenta de que el Gobierno central asignaba los envíos de dosis en función de la población empadronada en cada autonomía, ¿procedía  ‘detraer’ viales a los ciudadanos propios para dedicarlas a los de otros territorios?

Para desplazamientos de corta duración, la recomendación seguía siendo esperar a volver a casa para ponerse la primera dosis o la segunda, cosa que podía hacerse más allá del plazo recomendado en inicio, llegando a los 42 días posteriores en el caso de Moderna y Pfizer y las 12 semanas con AstraZéneca. Pero a la hora de atender cada caso particular, cada autonomía han procedido a su manera. La asociación El Defensor del Paciente clamó en el mes de julio contra esa disparidad. En una carta enviada a la ministra de Sanidad y a todos los presidentes autonómicos, la asociación de pacientes censuró los obstáculos que estaban poniendo comunidades como Cantabria, que sólo accedió «de manera excepcional» a vacunar a personas que vivan en Cantabria durante un mínimo de tres meses y sólo «si su situación de salud o discapacidad no fuera compatible con el desplazamiento hasta su Comunidad de origen». 

El Defensor del Paciente consideró que un ejemplo como éste «no es admisible ni soportable». «Es como si viviéramos  en diferentes países», lamentó. A su modo de ver, lo «lógico» es «vacunar y dar asistencia a todos y luego arreglar los pagos con la comunidad de origen». 

Las comunidades que sí estaban vacunando a desplazados pidieron en el Consejo Interterritorial que el Ministerio de Sanidad compensara  las dosis que habían ‘cedido’ a sus visitantes. Y el 20 de julio, la ministra Carolina Darias anunció que accedía a ello y que nueve autonomías (Andalucía, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja) recibirían más dosis en la siguiente entrega para cubrir el saldo negativo generado al vacunar a desplazados de otro territorio. En concreto, el reparto alcanzó 66.000 dosis extra en esos territorios tras analizar los saldos de vacunación. Este periódico pidió  a través del portal de transparencia esos datos al Ministerio de Sanidad, que en inicio se negó a facilitarlos con el argumento de que no estaban «analizados» ni procesados para su publicación, pese a que habían servido para hacer el mencionado reparto de dosis extra. Finalmente, ha proporcionado la tabla que aquí se adjunta.  

Una cuarta parte de los desplazados

Castilla y León ha suministrado 56.548 dosis a ciudadanos procedentes de otros territorios. En algunos vacunódromos ha administrado la profilaxis sin exigir siquiera la tarjeta sanitaria de desplazado. Y, desde luego, quienes sí habían hecho este trámite recibieron su dosis correspondiente, según explican fuentes de la Consejería de Sanidad. 

La vacunación, en todo caso, ha estimulado el número de desplazados en Castilla y León, este año muy superior al habitual. Entre enero y agosto, Sacyl ha registrado más de 233.000 altas, frente a las 166.500 del mismo periodo del año pasado y los 182.781 contabilizados antes de la pandemia en esos primeros ocho meses del año. 

No podemos saber cuántos de ellos se pusieron una vacuna, dos o ninguna, pero la proporción de dosis administradas a personas de otras autonomías equivale a una cuarta parte de todos los desplazados contabilizados en Castilla y León en lo que va de año. 

El saldo de Castilla y León resulta positivo con todas las autonomías excepto con País Vasco y Asturias, a las que Sacyl ha ‘cedido’ 4.482 y 1.640 vacunas, respectivamente. Con el resto, esta tierra tiene superávit, en especial con Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, que también se sitúan entre las más generosas del país y que aquí han prestado 5.141, 3.725 y 2.752 dosis a los castellanos y leoneses.