Educación ‘olvida’ los test Covid para los centros y los contrata de urgencia

No había terminado siquiera el curso anterior cuando la responsable de Educación en Castilla y León presentó públicamente el protocolo que regiría el siguiente. Era mediados de junio y, con tres meses de antelación, Rocío Lucas anunció que en septiembre se mantendrían las mismas reglas sobre grupos burbuja, distancias de seguridad o desdobles. Así se despejaban de incertidumbres las vacaciones estivales, en contra de lo que había sucedido en el verano de 2020. Parecía que todo estaba atado pero, con tanta premura, quedaron flecos sueltos.

Porque en esa ‘hoja de ruta’ de junio no se previó la necesidad de contratar la realización de test de antígenos a contactos estrechos de un contagiado en el ámbito educativo, ni se tuvo en cuenta que existen unos plazos administrativos. O, al menos, eso es lo que se deduce del estado de la tramitación. La Junta ha tenido tiempo suficiente a lo largo del verano pero, han apurado tanto, que se han quedado sin margen para resolver el expediente ‘ordinario’ y al final se han visto obligados a aferrarse a la vía de emergencia para que el servicio esté activo con el arranque de las clases.        

En concreto, unos días antes de iniciarse el nuevo año lectivo, la Consejería de Educación ha recurrido a las dos clínicas que ya prestaron este servicio el curso pasado –Cualtis para las provincias de Valladolid, Palencia, Salamanca, León y Zamora; y Quiron en Ávila, Burgos, Segovia y Soria– para que se encarguen de realizar las pruebas durante el primer trimestre del curso, porque el contrato ‘general’, es decir, el que abarca desde septiembre de 2021 hasta junio de 2022, se sacó tan tarde a licitación que todavía se está tramitando. Así que, hasta su resolución, la Junta ha tenido que buscar un remedio de forma urgente para atender las necesidades de estos tres primeros meses.

En los propios documentos de contratación está claro desde el primer momento que los plazos no encajan. La Junta de Castilla y León acordó autorizar la celebración del contrato para la realización de pruebas diagnósticas de infección activa el 22 de julio pero lo cierto es que los pliegos no salieron a información pública hasta el 24 de agosto. Más de un mes en el limbo.   

Con ese retraso, la presentación de ofertas está abierta hasta el 27 de septiembre y la apertura de sobres para conocer las propuestas de las empresas se ha fijado para el 7 de octubre. A partir de esa fecha es cuando se formalizará el contrato, una vez aplicados los baremos, dejado un tiempo de alegaciones y rubricado el contrato con las empresas seleccionadas en cada uno de los dos lotes.

Las rúbricas definitivas, por tanto, se puede dilatar hasta bien entrado –por no decir casi finalizado– el primer trimestre mientras que, según los pliegos, debía iniciarse el 10 de septiembre, coincidiendo con la vuelta a las aulas de Infantil y Primaria. Es cierto que el servicio está activo, pero gracias a un contrato de urgencia, para garantizar que se realice los test a cualquier alumno, docente o personal de administración que hayan sido contacto estrecho de un caso positivo surgido en un centro educativo sostenido con fondos públicos.  

«A la vista del estado de tramitación [...], resulta previsible que la formalización de los respectivos contratos y, por ello, el inicio de su ejecución, se dilate más allá del 10 de septiembre de 2021 y, por tanto, del inicio del curso escolar 2021-2022. Por ello, resulta necesario arbitrar un mecanismo que, con celeridad y eficacia posibilite, desde la fecha de inicio del presente curso 2021-2022 y hasta tanto se formalice el contrato actualmente en tramitación, la realización de pruebas diagnósticas», alegaron para justificar la urgencia de otro contrato temporal que abarque las primeras semanas lectivas.  

Así, mientras se resuelve el pliego general que engloba todo el curso, se ha hecho uno de apremio a modo de ‘parche’. Lo que está por ver es si en ese general se descuenta el dinero que Educación estima desembolsar en el primer trimestre para que no haya un vacío sin cubrir. En concreto, el contrato del curso completo – que aún se está tramitando– salió a licitación por 2,73 millones de euros y se divide en dos lotes: el primero, de 1,51 millones, corresponde a Valladolid, Palencia, Salamanca, León y Zamora; y el segundo, de 1,21 millones, comprende Ávila, Burgos, Segovia y Soria. 

El cálculo se ha realizado teniendo en cuenta que el precio unitario de cada test roza los 60 euros y que el volumen estimado es de 45.000 pruebas a lo largo del curso escolar. De ellas, 25.000 corresponden al primer grupo de provincias y 20.000 al segundo.  

Por su parte, el de emergencia se ha resuelto por 900.000 euros. Son 480.000 euros para que Cualtis se encargue del primer lote y 420.000 para que Quiron aborde el segundo. Prevén que hasta el 23 de diciembre –fecha estimada de vigencia del contrato– puedan realizarse 15.000 pruebas: 8.000 en el primer pack de provincias y 7.000 en el segundo.