Las comisiones de investigación engordan las nóminas de quince procuradores
La asistencia y desplazamiento cuesta en la primera mitad del año casi 38.000 euros y supera a todo 2020
Comparecencia en la Comisión de Investigación de las Cortes. ICAL
¿Las Cortes o una especie de agencia de investigación que gasta cada vez más? La actividad investigadora de los inquilinos políticos del Parlamento autonómico se dispara sin que vaya, de momento, acompañada de resultados significativos. Las comisiones de investigación engordan la nómina de una quincena de parlamentarios sin dedicación exclusiva cuyo único sueldo político se lo deben a las dietas por asistir a plenos y comisiones.
Interminables listados de comparecientes, comisiones que solapan procesos judiciales y otras que se alargan tanto que superan el periodo de instrucción de cualquier macrocaso conocido en el país. La de las eólicas encarna estas tres premisas: se creó hace más de cinco años, estuvo paralizada y se reanudó, mientras a la vez el caso avanza por vía judicial.
La tendencia a crear este tipo de comisiones y citar para que acuda a prestar su testimonio a un extenso número de comparecientes se traduce a la vez en más sesiones que facturar. Así solo en el primer semestre de este año sus señorías se han embolsado ya lo mismo que todo el año pasado por dietas y kilometraje ‘de investigación’: este tipo de comisiones han costado casi 38.000 euros de enero a junio. Más que lo gastado por el mismo concepto en todo 2020.
La comparativa entre trimestres revela un aumento aún mayor. El abono por desplazamientos y asistencia a este tipo de órganos aumentó casi el 50% más en el segundo trimestre de este año.
Traducido en dinero supone que casi 16.000 euros del presupuesto de la Cámara se destinó en los tres primeros meses del año a cubrir los gastos de los políticos sin dedicación que forman parte de las comisiones de investigación, a los que se suman poco más de 22.000 euros del segundo trimestre, cuando las Cortes fueron cogiendo una velocidad que con el anuncio de la nueva comisión de investigación sobre la gestión de las residencias durante la pandemia no parece echar el freno.
De nuevo encabeza la comparativa de indemnizaciones percibidas por asistencia a comisiones de investigación la procuradora de Ciudadanos Alba Priscila Bermejo, que por este concepto recibió 5.339,2 euros en la primera mitad del año.
Le siguen la socialista Rosa María Rubio (4.892 euros), la popular Leticia García (4.840), y el también representante naranja Francisco Javier Panizo (3.349), según puede consultarse en el portal de las Cortes de Castilla y León.
En la actualidad, están abiertas cuatro comisiones de investigación. Estos órganos no permanentes deben durar lo suficiente para descifrar el asunto analizado sin que se demore en exceso. Sin embargo, la experiencia en esta Cámara muestra que algunas se extienden más de lo razonable a lo largo de los años. A las comisiones ya en marcha se suma la que evaluará la «gestión y las actuaciones realizadas en los centros de servicios sociales de carácter residencial en Castilla y León ante la pandemia de la Covid-19».
Las otras tres en funcionamiento son la del plan de medios de la Junta, que impulsó Ciudadanos; otra relativa a las ayudas recibidas en el marco de los planes estratégicos del carbón, los fondos Miner, y la que analiza «el procedimiento de adjudicación e implantación de parques eólicos en Castilla y León, sobre la adquisición de terrenos en Portillo para la construcción de un Parque Empresarial y la del edificio centro de soluciones empresariales de la Junta de Castilla y León».
Resulta frecuente que en ellas los partidos acostumbren a colocar a integrantes que no tienen un sueldo fijo en detrimento de quienes sí lo poseen por tener una dedicación exclusiva, como los portavoces o los viceportavoces adjuntos.
Aunque para todo hay excepciones. La presidencia de las eólicas que el PSOE arrebató a Cs la ocupa la vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes, Ana Sánchez. En la misma, también participa su compañera de bancada Patricia Gómez Urbán, portavoz adjunta socialista, pero los cinco integrantes restantes (de PP, Cs y Grupo Mixto) son procuradores sin dedicación exclusiva.
A la del plan de medios asisten Virginia Barcones (PSOE), Miguel Ángel García Nieto (PP) y Pablo Fernández (Podemos) que sí tienen sueldo fijo por su cargo frente a otros cuatro parlamentarios sin dedicación (dos de Cs, uno del PP y otra del PSOE).