El gasto político de las Cortes de Castilla y León se desmadra en la ‘era Fuentes’

En tiempos en los que tantos empresarios y familias tratan de recuperarse del golpe económico que han supuesto la pandemia y sus restricciones asociadas, las Cortes, lejos de apretarse el cinturón, lo estiran cada vez más.  El gasto político de las Cortes en la ‘era’ de Luis Fuentes como presidente de la Cámara crece hasta niveles desconocidos y todo apunta a que en el presente año batirá un nuevo récord.

Las retribuciones por kilometraje y asistencia de los inquilinos políticos del Parlamento autonómico son un 43% más altas en este primer semestre respecto a la primera mitad del ya de por sí costoso 2020. Hasta junio, sus señorías sin dedicación exclusiva se embolsaron como compensación por su traslado y participación en sesiones plenarias y comisiones 864.497 euros, frente a los 602.863 de los primeros seis meses de hace un año. 

La diferencia en este tipo de abonos entre el primer trimestre de 2021 y el de ese mismo periodo de un año antes es de 124.334 euros, y de 261.634 cuando se comparan seis meses. 

En el ejercicio pasado, la partida económica destinada a cubrir las indemnizaciones por asistencia de los parlamentarios sin dedicación exclusiva fue más alta que nunca: 1.307.132 euros del presupuesto de la Cámara para estas retribuciones, pese a que la actividad parlamentaria se redujo por el estado de alarma. Se llegó a suspender incluso la celebración de plenos y las Cortes se ahorraron más de 50.000 euros en dietas por la cancelación de dos sesiones plenarias. Sin embargo, la comisiones compensaron con creces aquel ahorro.

Lejos queda el casi millón de euros abonados en 2017, correspondiente al principio de la última legislatura de Juan Vicente Herrera, en la que Ciudadanos aún no era partido de gobierno y la composición de la Cámara mostraba menos variación de colores y la presidía el PP.

Por debajo están también los 1.177.840 euros de abonos por dietas de 2018, mientras que en 2019 el volumen de estos gastos resultó aún menor (901.720 euros) debido a que la actividad se paralizó por las elecciones autonómicas cuando se disolvieron las Cortes antes de los comicios y se reanudó tras su constitución en junio, por lo que la compensación por kilometraje y asistencia fue casi testimonial en el segundo trimestre.  

Entre tanto, las comisiones crecen y, en sintonía, los gastos que las acompañan. Habrá que esperar a cerrar este 2021 para ver si la tendencia al alza continúa o en algún punto del calendario pone freno.

Estas partidas por desplazamientos y asistencia engordan un presupuesto global que ha subido más de un 30% en el último lustro. Un incremento imparable que provoca que las Cortes cuesten alrededor de 22 millones al año con algo más de una veintena de parlamentarios con un salario fijo por formar parte de la Mesa, ser portavoces o portavoces adjuntos, mientras el resto cobra por dietas. 

Las retribuciones percibidas en la primera mitad del año (y a las que habrá que sumar las de la segunda) dejan suculentos sueldos para un nutrido grupo de  procuradores que al no tener dedicación exclusiva pueden desempeñar su profesión, si la tienen, y cobrar un salario fuera de su actividad política.

Si solo subsisten de estas asignaciones parlamentarias, estos políticos perciben salarios muy por encima del mínimo y hasta de la media: la tónica general supera los 15.000 euros en seis meses. Las Cortes estipulan 220 euros por sesión parlamentaria y, en compensación por desplazamiento, marca 0,20 euros por kilómetro recorrido.

En algunos casos las retribuciones son sustancialmente superiores a esa cifra. Una procuradora de las filas naranjas encabeza el ranking general en indemnización percibida por asistencia. Es Alba Priscila Bermejo, uno de los once nombres actuales en el Parlamento autonómico integrantes de Ciudadanos, grupo que perdió uno de sus escaños cuando María Montero pasó a ser procuradora no adscrita tres días antes de la moción de censura fallida presentada por el PSOE el marzo pasado.

Bermejo se embolsó 26.725 euros por kilometraje y dietas hasta junio, según publica el portal de Transparencia de las Cortes de Castilla y León, que aporta los datos pormenorizados del origen de cada euro recibido. Mientras, su compañera de bancada María Teresa Gago ganó a cargo del Parlamento castellano y leonés 20.700 euros en seis meses, situándose como la tercera mejor pagada. 

Al grupo socialista pertenece la segunda parlamentaria que más cobra sin tener una dedicación exclusiva asignada. Es Rosa María Rubio con alrededor de 21.000 euros. Leticia García es la parlamentaria del PP con una indemnización mayor: 20.160 euros, en el cuarto lugar. Una cantidad ligeramente superior a la que le corresponde a una de las dos representantes de Podemos en el Grupo Mixto, Laura Domínguez (19.903 euros), tal y como puede observarse en la infografía adjunta a esta información. 

Sigue produciéndose un mismo y curioso fenómeno: los grupos, por lo general, reservan a sus figuras de primera línea que tienen cargos con asignación fija (portavoces, viceportavoces...) y ceden en las comisiones protagonismo y espacio a quienes no disponen de este sueldo fijo. De este modo, las Cortes gastan más y los políticos sin dedicación reúnen una retribución más abundante. 

Aunque hay varias excepciones como Virginia Barcones, viceportavoz del PSOE, o el portavoz adjunto del Grupo Popular, Miguel Ángel García Nieto, ambos muy activos en distintas comisiones pese a su liberación por el cargo que ostentan. García Nieto participa en cinco, mientras Barcones interviene en cuatro. El perfil contrario lo encarna Miguel Ángel González, portavoz adjunto de Ciudadanos, que apenas forma parte de dos, cediendo estas funciones a sus compañeras de bancada. 

Dentro de estas partidas se incluyen también la de los miembros de la Junta que son procuradores y cobraron por asistencia a plenos alrededor de 4.000 euros en el primer semestre. Estos son el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el vicepresidente Francisco Igea, y los consejeros de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones; de Economía, Carlos Fernández Carriedo, y el de Presidencia, Ángel Ibáñez.