Familia recibe 28 reclamaciones patrimoniales que piden 3,2M€ por la gestión en las residencias

La Consejería de Familia ha recibido en año y medio 28 reclamaciones de responsabilidad patrimonial por la gestión en las residencias de mayores. Juntas suman indemnizaciones por 3,2 millones de euros. La mitad de esas reclamaciones (14) se han presentado al alimón contra la Junta y contra la Administración General del Estado (contra los ministerios de Sanidad y de Derechos Sociales). 

El plazo para presentar una reclamación patrimonial ante una administración es de un año desde que se origina el daño o se determina el alcance de las secuelas. Durante 2020 llegaron apenas siete reclamaciones a Servicios Sociales por el funcionamiento en los geriátricos, pero en los primeros seis meses de 2021 ya se han tramitado otras 21, una cifra que elevará el balance anual por encima de lo habitual. Antes de la pandemia rondaban una docena al año (12 en  2019 y 13 en 2018), según los datos facilitados por la Consejería de Familia.  

La reclamación por daños ante una administración pública es el paso previo antes de llevar el caso a los tribunales si se opta por  la vía de lo Contencioso-Administrativo, que es una de las tres alternativas judiciales posibles. Las otras dos son la Civil (por incumplimiento de contrato de centros residenciales privados o por los perjuicios ocasionados por sus gestores mediando culpa o negligencia) o la Penal (con cientos de denuncias y diligencias iniciadas por la fiscalía en España por posibles delitos de homicidio imprudente, abandono y maltrato, buena parte de ellas ya archivadas).

Exigir responsabilidades a una administración por los daños personales o materiales sufridos viene recogido en la ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Por encima de ambas normas, la propia Constitución contempla el derecho de un particular a ser indemnizado por las lesiones sufridas como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, «salvo en los casos de fuerza mayor». En esa coletilla final reside uno de los meollos que determinará que los expedientes progresen o no, ya sea en la vía administrativa o en la judicial. 

La confluencia de esa ‘fuerza mayor’ sólo podría esgrimirse en los primerísimos momentos, cuando realmente los hechos no se podían prever. En marzo de 2020 la enfermedad desbordó todos los servicios públicos y con un escenario así una administración «hace lo que puede», pero a medida que transcurren los primeros días y semanas ya «se va conociendo cómo actúa el virus y se toman unas medidas», subraya Íñigo Sanz Rubiales, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Valladolid. «La fuerza mayor son eventos, las cosas que pasan, pero las decisiones administrativas no son ‘fuerza mayor’», ilustra el profesor. Recuerda, además, que las decisiones adoptadas fueron diferentes en unos países que en otros, en unas autonomías que en otras, y han arrojado también resultados desiguales. «Cuando hay posibilidad de actuar con unas políticas concretas, ya no se puede alegar fuerza mayor, sostiene. 

El covid-19 ha dejado más de 15.500 casos confirmados en los centros de mayores y discapacitados de Castilla y León, es decir, uno de cada tres se ha contagiado. Y el número de fallecidos supera los 4.100, de los cuales más de la mitad murieron en el propio centro residencial y casi dos mil en un hospital.

Las limitaciones impuestas a la derivación de pacientes al hospital durante la primera ola y las duras restricciones que durante el año posterior han soportado en mayor o menor medida los usuarios han provocado notables perjuicios personales. También los trabajadores de estos centros sufrieron las consecuencias de la expansión del virus, contagiados y desprovistos al inicio de la pandemia del material de protección exigible. Lo que está por ver es si la administración debe responder por ese daño, tanto en los centros públicos como en los concertados o privados, por la acción de su gestión o por la omisión en las labores de vigilancia atribuidas.  

El daño ocasionado, dice la ley, debe ser «efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas». Además, debe constatarse un nexo causal, es decir, una relación directa entre el funcionamiento del servicio y el daño generado. Y, además, tienen que ser daños que el ciudadano no tenga «el deber jurídico de soportar». Sobre este último aspecto se pronunció el Tribunal Constitucional en la sentencia del 14 de julio de 2021, en la que anula varios artículos del primer estado de alarma y deja claro que durante ese periodo el ciudadano tenía el deber jurídico de soportar los daños, lo que cierra la puerta a multitud de reclamaciones, muchas de ellas por los perjuicios económicos y laborales ocasionados por las restricciones entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020.

Con carácter general, la administración dispone de un plazo de seis meses para pronunciarse sobre estas reclamaciones. Transcurrido ese tiempo, se entiende desestimada la solicitud por silencio, queda agotada la vía administrativa y se abre la puerta al procedimiento judicial. 

Todos los expedientes de 2020 y 2021 están en tramitación. En 2019, la Consejería pagó 23.500 euros en indemnizaciones. En 2018, 15.000.  Los procesos de reclamación patrimonial pueden dilatarse varios años, de modo que los importes satisfechos cada año habitualmente son por expedientes iniciados en los ejercicios anteriores. 

Sanidad se niega a dar sus datos

Una misma petición enviada a dos consejerías (la de Sanidad y la de Familia) revela distintas voluntades a la hora de proporcionar información pública. Este periódico preguntó a ambos departamentos por el número de reclamaciones de responsabilidad patrimonial recibidas en los últimos cuatro años, en un caso por la asistencia sanitaria y, en otro, por el funcionamiento de los centros de mayores. La Consejería de Familia proporcionó cifras actualizadas. La de Sanidad, sin embargo, se niega a conceder las relativas al año 2021. Argumenta que «son datos que no se encuentran consolidados». Que se trata –dice– de una información «que está en curso de elaboración o de publicación general», pese a que no son cifras que difunda con anterioridad ni forman parte de su plan estadístico ni de ningún conjunto de datos integrado en su catálogo de publicidad activa. 

Sanidad sólo proporciona así las reclamaciones recibidas durante el año 2020: fueron 194 y exigen indemnizaciones que suman más de 18 millones de euros (hay que tener en cuenta que no todas las reclamaciones cuantifican el importe reclamado). El número, en todo caso, es menor que en años anteriores. En 2019 registró 231 reclamaciones (dos de ellas de oficio) por 21 millones. Y en 2018 recibió 227 (también dos iniciadas de oficio) que reclamaban 32,7 millones. 

De las indemnizaciones reclamadas, sólo una porción acaba siendo concedida, en su mayoría cuando llega al juzgado. En 2018 Sacyl pagó más de 1,4 millones por reclamaciones sanitarias (997.000 euros mediante resolución judicial y 439.000 por vía administrativa. En 2019, el importe satisfecho se sitúa en  260.000 euros (194.000 en el Contencioso-Administrativo y 66.000 por resolución previa de la Junta). En 2020, año de parón pandémico, sólo pagó 2.475 euros por resolución administrativa, ninguno por resolución judicial.