CSIF pide a la Junta una reflexión y revisión del modelo de incendios en Castilla y León
La central propone un servicio que asuma la defensa contra el fuego de forma integral, estable y cien por cien público
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pide a la Junta de Castilla y León “reflexionar, debatir y acordar”, después de pasado el verano y del siniestro en Navalacruz, sobre el modelo de extinción de incendios en la Comunidad.
Es imperiosa la necesidad de revisión y negociación de un nuevo marco normativo sobre guardias de incendios, en el que se basa el funcionamiento de todo el operativo de prevención y extinción de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, dice en un comunicado.
Según este sindicato, se debe adaptar a las actuales circunstancias normativas, socio-laborales y de estructura del combustible existente en el monte que nada tienen que ver con las existentes en 2004, fecha del actual Decreto vigente.
CSIF propone un servicio que asuma la defensa contra incendios forestales de forma integral, estable, 100 por cien público, debidamente formado y dimensionado, que permita consolidar el empleo del personal que desempeña estas peligrosas funciones.
Se congratula de que el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco haya abogado por una “reflexión” sobre los incendios forestales, y le insta a mantener ya un debate y un diálogo sincero y abierto, “con una administración autonómica voluntariosa, dispuesta a considerar nuestras propuestas, posibles, estudiadas y trabajadas, basadas en la experiencia real de los profesionales de la extinción de los incendios forestales”.
CSIF quiere un operativo INFOCAL de prevención y extinción de incendios forestales durante todo el año. El 40 por ciento de ellos se producen fuera de la época de peligro alto, por lo que es necesario un aumento de la inversión en prevención para que sea, por lo menos, igual a la media de lo que se invierte en otras comunidades, puesto que Castilla y León es la última en inversión por hectárea (5 euros), mientras que Galicia invierte 7 veces más o Cataluña 14 veces más.
Por ello, ve imprescindible que las plantillas se encuentren al 100 por cien de ocupación cubriendo todas las vacantes, de todas las categorías del operativo. Se trata de un servicio esencial según la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León, afirma. “Los agentes medioambientales e ingenieros forestales y de montes que dirigen la extinción se encuentran desamparados, y sin los recursos humanos y materiales necesarios, además de los propios medios de extinción”, concluye.