Abierta la puja para la incierta caza del lobo en Castilla y León

La posibilidad de que el lobo deje de ser especie cinegética al norte del Duero en otoño no ha impedido el comienzo de las subastas: en los últimos diez días se han adjudicado cuatro lotes para la próxima temporada en Castilla y León. Los primeros son para diciembre en Riaño y los dos siguientes para febrero en Ancares, con precios de salida de entre 1.400 y 2.600 euros. Ni unos ni otros podrán llevarse a cabo si finalmente el Gobierno central sigue adelante con su plan de cerrar sine die la veda al extender la prohibición de caza a toda la Península a partir del 25 de septiembre.  

El calendario del Ministerio para la Transición Ecológica fija esa fecha como límite para incluir al cánido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), según consta en el proyecto de orden recién publicado por el departamento de Teresa Ribera. Justo un día después debería comenzar la temporada de esta caza mayor en Castilla yLeón, fijada para el cuarto domingo de septiembre, es decir, el día 26 este año. 

Castilla y León y el resto de autonomías contrarias a la incorporación del lobo ibérico en ese listado ya anunciaron la semana pasada que recurrirán al Tribunal Supremo si el ministerio persiste en la ampliación del listado. Y, entretanto, pedirán medidas cautelares para que el lobo mantenga su actual status hasta el pronunciamiento definitivo del alto tribunal. 

Sólo un retraso en los planes de Moncloa o el amparo judicial de esas medidas provisionales podrán evitar la caza en las cuatro comarcas loberas de Castilla y León, donde cada año se autorizan 42 abatimientos: quince en las reservas de Mampodre y Riaño, doce en la Sierra de la Culebra, diez en Fuentes Carrionas y cinco en Ancares. 

Pese a la incertidumbre en torno a su celebración, el portal de internet www.subastasdecaza.com lanzó esta semana las dos primeras ventas y la previsión es que en las próximas semanas vayan saliendo más pujas. «El lobo sigue siendo una especie cinegética y puede comercializarse»,  explica Ignacio de la Fuente, jefe del Servicio de Caza y Pesca de la Junta de Castilla y León. Si finalmente se prohibe su caza, se devolverá el dinero pagado a los adjudicatarios. 

Quien preferiría esperar es José Manuel Soto, representante de medio ambiente de Coag y de la agrupación de propietarios de la reserva regional Sierra de la Culebra, en Zamora. Se muestra partidario de «no subastar sin tener claro que se puede cazar». «Subastar es una engañifa si se va a prohibir la caza», sostiene. En su memoria está próximo el antecedente de hace tres años, cuando los tribunales paralizaron la caza y hubo que devolver el dinero cobrado a los cazadores

Recuerda Soto que las autonomías han dado de plazo el 15 de junio al Gobierno de España para que retire su propuesta. Y «en ese impass», los dueños de los terrenos han solicitado una reunión con la delegación territorial de la Junta en Zamora «para analizar la situación». «Los propietarios son los que subastan, pero quien marca el reloj es la consejería de Medio Ambiente», expone Soto. Si el panorama no está claro, «las pujas tampoco pueden ser claras». 

La necesidad de controlar la población lobera es el argumento que sustenta los cupos de caza en Castilla y León, una postura defendida por la Junta y por las organizaciones ganaderas que claman contra los daños que en animal provoca en sus explotaciones. En contra, los conservacionistas rechazan esta práctica y reclaman un nuevo modelo de conservación y gestión donde la especie pueda coexistir con el hombre. 

Ante la «inminente» inclusión del lobo en el Lespre, organizaciones ecologistas como WWF han pedido la suspensión de las subastas de los permisos. Consideran «un órdago» y «una auténtica provocación» que se pretendan subastar «los últimos trofeos de lobo de España» sabiendo que la especie está a punto de ser protegida al norte del Duero. 

A la espera de que el BOE diga lo contrario, el lobo sigue siendo un valorado trofeo de caza y una importante fuente de ingresos para los propietarios de los terrenos. Sólo en 2020 se recaudaron 131.000 euros en las subastas, un dinero que va a parar a las entidades locales. Ayuntamientos, juntas vecinales y demás agrupaciones de propietarios se reparten lo recaudado en proporción a la extensión que aportan a la reserva regional. 

La Junta –titular de las reservas regionales pero no dueña de los terrenos– no recibe dinero de esas pujas, pero regula el precio de salida para las adjudicaciones, establecido en 1.200 euros por pieza. De esta manera garantiza un importe mínimo que redundará en la zona, porque la normativa obliga a las entidades locales a reinvertir en el territorio un 15% de la cantidad recaudada en las subastas, con mejoras como el desbroce o arreglo de caminos, miradores o ayudas al ganado, ejemplifica el responsable de Caza y Pesca de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 

A diferencia de otras autonomías, donde la caza está limitada a los vecinos de cada zona, o de otros países del Este europeo con superpoblación de otras subespecies de cánidos, Castilla y León es el único lugar del mundo donde cualquier persona puede acceder a comprar un permiso para abatir al lobo ibérico. Ahí reside su éxito y también la  fuente de su polémica. Aquí llegan cazadores de toda España y de países como Portugal (donde él ibérico está protegido), Francia, Inglaterra, América y México. El precio medio en Castilla y León es de 5.300 euros por animal. Y dentro de la Comunidad, los de la Sierra de la Culebra son los más apreciados por sus rasgos, como su gran cabeza, que puntúa al alza en los trofeos. Esta reserva zamorana ostenta el récord pagado por abatir a un animal: 9.200 euros alcanzó una puja en 2019. 

Los cupos de caza se establecen en función de la población lobera en cada zona. Los censos son también fuente de discordia porque los datos oficiales están en cuestión. Según los últimos registros del Ministerio y la Junta, en España hay 297 manadas, 179 de ellas en Castilla y León, de modo que el número de ejemplares podría rondar los 2.500 en la Península, 1.600 en esta Comunidad, si bien no hay consenso en torno al número de animales que componen cada manada (entre ocho y diez para los registros oficiales, la mitad para las organizaciones conservacionistas). 

La forma de venta de los lobos es libre, aunque las subastas a través de internet se han impuesto en los últimos años. Es más cómodo para los propietarios y para el público que de otra manera tendría que desplazarse, explica Ignacio de la Fuente. Además, evita los enfrentamientos y conflictos que en ocasiones se han registrado durante las subastas presenciales entre conservacionistas y defensores de la caza. 

Lejos quedan aquellas sesiones de pujas en el salón de plenos de los ayuntamientos, donde un sábado de primavera al año eran convocados los cazadores de toda España para que hicieran sus apuestas. En 2013, la Junta de Castilla y León promovió a través del Cesefor la creación del portal www.subastasdecaza.com. Se trata de una especie de ‘ebay’ para la venta de los derechos de caza en las reservas regionales, figura de protección medioambiental heredera de las reservas nacionales de origen preconstitucional.