La Junta refuerza con 97 millones las políticas de empleo local y rural

La Junta de Castilla y León destinará este año 97,1 millones de euros al impulso del empleo local y rural. Supone un 60% más que el año pasado, cuando se presupuestaron 61 millones para fomentar las contrataciones en municipios pequeños y medianos. Esta cuantía es la más abultada del Plan Anual de Empleo (Paecyl) para el año 2021, uno de los acuerdos que mañana firmará el presidente Alfonso Fernández Mañueco con representantes sindicales y empresariales en el marco del Diálogo Social.  

Junta y agentes sociales rubricarán este miércoles los documentos consensuados la semana pasada y que contemplan, en total, 292,8 millones en materia laboral, la mayor cuantía de los planes de empleo anuales firmados hasta ahora. En comparación con el año pasado son 127 millones de euros más, cuando por cierto sólo se ejecutó una parte  de lo previsto por el estallido de la crisis sanitaria y socioeconómica. 

Para este 2021, la mayor partida vuelve a ser la reservada para el empleo local y rural, una línea transversal que financia distintas actuaciones destinadas a mejorar la empleabilidad de los ciudadanos, con la prioridad puesta en los pequeños municipios o con un máximo de 20.000 vecinos. La previsión  de los firmantes es que esas actuaciones beneficien a más de 18.000 trabajadores en Castilla y León.   

Una de las líneas que engloba es el Programa Mixto de Empleo y Formación, que así se llama este año al epígrafe que aglutina varios programas integrales. Contempla, por ejemplo, la contratación de agentes de igualdad en ayuntamientos, cursos de formación y programas de autoempleo para autónomos, ente otras acciones. Y cuenta con 40 millones, cuatro veces más de lo dispuesto el pasado ejercicio. 

El segundo capítulo más relevante de las políticas activas en materia laboral vuelve a ser el empleo joven, que también recibe un impulso hasta los 79,4 millones de euros, frente a los menos de 70 dedicados en los dos últimos ejercicios. La mayor inyección económica en este apartado está enfocada a la formación, con 47,9 millones de euros para este año, tanto destinados para población empleada como en situación de desempleo, con el objetivo de mejorar la ocupación, atajar la precariedad y reducir las altas tasas de desempleo juvenil. Otros 21,6 millones están encaminados a la contratación directa de jóvenes por parte de las entidades locales. 

Doce millones (frente a los 9,9 del año pasado) están reservados a acciones de orientación laboral y autoempleo, mientras se mantiene si variación la partida para prevención de riesgos laborales, con 6,2 millones. 

El Plan de Empleo de Castilla y León 2021 es el documento donde se desarrollan las partidas presupuestarias previstas en la III Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo. Ese documento, que recoge las pautas de las políticas activas de empleo de la Junta de Castilla y León para el presente ejercicio, está compuesto por cuatro acuerdos, que también quedarán sellados mañana en el marco del Diálogo Social. 

En total, Junta, CCOO, UGT y patronal han consensuado en los últimos meses 106 medidas con casi 293 millones de presupuesto para este año, entre fondos autónomos, finalistas del Estado y Fondo Social Europeo. «Este esfuerzo económico pretende contribuir a la recuperación del empleo de calidad, la protección de los colectivos más vulnerables, avanzar en igualdad de oportunidades, mejorar la competitividad y sostenibilidad del tejido productivo y favorecer el asentamiento de población, especialmente en el medio rural», apuntó la semana pasada el Ejecutivo autonómico en un comunicado, coincidiendo con el fin de las negociaciones. 

Las medidas consensuadas este año se estructuran en torno a ocho ejes: orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades, emprendimiento, mejora del marco institucional, protección de trabajadores y empresas en crisis, y prevención y salud laboral. Se incluyen además actuaciones de las distintas consejerías. Economía y Hacienda gestionará programas por valor de 10 millones de euros; Empleo e Industria invertirá en este plan 263,6 millones de euros; los programas de Familia e Igualdad de Oportunidades suman 14,6 millones de euros y Educación invertirá 4,5 millones.

Residencias y prestaciones para la dependencia. Además de esos pactos en materia de empleo, también mañana se firmará un acuerdo del Diálogo Social en materia de atención a personas en situación de dependencia, dotado con 50 millones de euros este año. De ellos, 35 millones están destinados a financiar prestaciones y los 15 restantes a mejorar la atención en las residencias de la Comunidad. 

Esta acuerdo incorpora fondos  del Estado procedentes del déficit para la financiación de la dependencia en las comunidades autónomas. Y en el Diálogo Social se ha acordado el desarrollo de la política social con el foco puesto en tres aspectos. Por un lado, promover la profesionalización de los servicios y de las plantillas que trabajan en atención a la dependencia para contribuir a mejorar el servicio que recibe el usuario. En segundo lugar, se marca como objetivo el aumento de las unidades de convalecencia sociosanitaria y la reconversión de plazas residenciales para aumentar la red de personas válidas residentes en centros públicos.  Por último, se fija como meta la extensión del modelo de atención integral centrado en la persona a todas las prestaciones de dependencia para mantener la autonomía de los usuarios. 

Este acuerdo en materia de dependencia tiene tres años de vigencia (2021, 2022 y 2023), si bien la financiación de los dos próximos  ejercicios está supeditado al cumplimiento de los incrementos derivados del plan de choque que debe  compensar la mencionada escasez de financiación en las autonomías.   

Los acuerdos que el Ejecutivo autonómico y los agentes sociales firman este miércoles «son fruto de un intenso proceso de negociación que se inició a finales del pasado año entre la Junta de Castilla y León y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comunidad (CCOO, UGT y CEOE Castilla y León) con el fin de consensuar las políticas sociales y de empleo que permitan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en todo el territorio de Castilla y León», informó la Junta.

«En las mesas de negociación, presididas por el viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, David Martín, han participado –junto a los responsables y técnicos de distintas consejerías– por parte de CCOO, Saturnino Fernández (secretario de Empleo, Política Institucional y Diálogo Social) y Fernando Fraile (secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva); por parte de UGT, Raúl Santa Eufemia (secretario de Acción Sindical, Coordinador Área Externa y Diálogo Social); y por parte de CEOE Castilla y León, David Esteban (secretario General) y Mercedes Lozano (responsable de Formación).

«Los acuerdos recogen las políticas sectoriales y también transversales que pretende llevar a cabo la Junta para revertir los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia, ayudando a las personas más vulnerables, recuperando el nivel de empleo que existía con anterioridad a la crisis sanitaria y contribuyendo a la transformación económica y social que se está gestando a causa de la digitalización y la transición ecológica, de manera que se convierta en un instrumento de cohesión territorial y social».