La Junta, entre los gobiernos regionales con peor puntuación en transparencia

La transparencia en la Junta de Castilla y León es todavía una cuestión a mejorar. Es lo que se extrae de un estudio que recoge que el gobierno autonómico no está entre los mejor valorados por su transparencia; de hecho, se coloca entre los últimos de este ranking. En concreto, el ejecutivo regional ocupa la undécima posición con un porcentaje del 79,4% y por delante de otras seis autonomías. 

Este estudio lo ha llevado a cabo Dyntra.org, un órgano independiente que permite a los ciudadanos dar su opinión sobre la transparencia de diferentes entidades pero que además elabora sus propios informes en base a diferentes indicadores. De hecho, es esta cuestión la que penaliza fundamentalmente a la Junta. El último recuento suma cerca de 700 organismos públicos, con la administración regional en la posición número 56 pero por detrás de una decena con idénticas responsabilidades. Además, entre el ejecutivo castellano y leonés y el de la Comunidad Valenciana, el primero de esta categoría, la diferencia es de trece puntos porcentuales.

La puntuación que recibe la Junta de Castilla y León está marcada por una serie de elementos mediante un análisis cuantitativo; es decir, se marcan una serie de requisitos para todas las entidades de la misma categoría y se hace un recuento de cuántos cumple cada una. Según Dyntra, y sobre seis pilares fundamentales que se valoran para cuantificar la transparencia, el ejecutivo autonómico flojea fundamentalmente en la denominada como «transparencia institucional», donde apenas roza el 67%. En este caso, el estudio señala la ausencia de cierta información del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, así como de los consejeros y otros altos cargos. No obstante, cabe destacar también que buena parte de esta información se ha ido incorporando progresivamente desde que se recogiera por parte de Dyntra y sin que parezca que la plataforma la haya tenido en cuenta para actualizar sus datos. Sin duda, la nueva documentación que el gobierno regional se ha esforzado por completar aumentaría la puntuación de la Junta y la haría ganar algunos puestos.

Por otra parte, entre las fortalezas del gobierno castellano y leonés destaca todo lo que tiene que ver con «participación y colaboración ciudadana», donde alcanza un 92%. Por ello, hay que señalar también que la puntuación que recibe la Junta sale perjudicada de una media aritmética entre varios indicadores, algunos de los cuales ya han sido subsanados con la incorporación de nueva información.

Pero más allá de la administración autonómica, hay dos entidades de Castilla y León que portan el estandarte de la transparencia. La primera de ellas en la Universidad de Valladolid, que se coloca la primera de la clasificación con una puntuación del 92,7%. Como parte de la misma categoría pero la quinta de todo el listado, la Universidad de Burgos logra colocarse con una puntuación del 91,97% y empatada con la Universidad de Vigo. La importancia de las instituciones educativas de la Comunidad es, en este sentido, aún mayor, puesto que en las primera treinta posiciones del ranking solo aparecen éstas dos. En este mismo sentido, es reseñable también que tanto la Universidad de Salamanca como la de León caen hasta puestos por debajo del 200.

Siguiendo con el orden que se genera con los datos recogidos por Dyntra, el Ayuntamiento de Zamora es el que cuenta con mayor transparencia de las nueve capitales de provincia. Obtiene una nota del 85,19%, y para encontrar una entidad similar habría que descender hasta el puesto 99, donde se sitúa el consistorio vallisoletano con una puntuación del 70,99%.

Por otro lado, y en lo que se refiere a las administraciones provinciales, la Diputación de Salamanca es la primera que aparece en la lista, con un 79,37% y en la posición 58, solo dos por debajo de la Junta de Castilla y León. Por otra parte, llama la atención también que el Consejo de Cuentas y el Procurador del Común sean las dos entidades castellanas y leonesas con peor puntuación, ya que ninguna de ellas supera el 40%. En este sentido, la Diputación de Burgos tampoco logra colocarse por encima de este límite, mientras que las Cortes aprueban por la mínima con un 50,69%. «Contra la corrupción»

En línea con todo lo anterior, quien ayer habló de transparencia fue el vicepresidente y portavoz de la Junta y consejero del ramo, Francisco Igea, quien recordó que la nueva Ley de Transparencia que se está gestando para Castilla y León es «esencial contra la corrupción y las malas prácticas». En este sentido, Igea remarcó que el nuevo texto se crea «sin ánimo inquisitorial de mejorar las cosas». «En el momento que una administración es transparente se ve obligada a hacer las cosas bien, porque debe responder a muchas preguntas. Esto hace que los resultados mejoren, de la mano con la evaluación pública de las políticas y las decisiones».

Acerca de esta nueva ley y según declaraciones recogidas por Ical, Igea señaló que «pronto verá la luz», a la vez que opinó que la transparencia es una necesidad para un «Gobierno democrático y limpio, al ser una herramienta esencial en la lucha contra la corrupción y las malas prácticas». En este sentido y en un tono más metafórico, el vicepresidente de la Junta afirmó que «el mejor desinfectante siempre es la luz del sol y que los ciudadanos sepan el funcionamiento de la administración y que puedan acceder y juzgar lo realizado».

Finalmente, Francisco Igea aseveró que la transparencia es «hacer visible el funcionamiento y las tripas de la administración, así como poder acceder a la información libremente».