«Excelencia» en prestación de servicios sociales en Castilla y León

En medio de la mayor crisis social, los servicios sociales del país son «débiles» en gran parte del territorio, pero no en Castilla y León. Así lo concluye un año más la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que sitúa a la Comunidad en cabeza, solo por detrás de País Vasco y Navarra, que históricamente, salvo en la anterior edición de esta evaluación, suelen superarla. 

Castilla y León obtiene una calificación de «excelencia» en casi la totalidad de los parámetros analizados en el llamado el Índice Dec 2020, que valora los derechos y decisión política, la relevancia económica y la cobertura. De ahí sus siglas.

En los últimos años, la Comunidad aparece en los primeros puestos de la clasificación nacional edición tras edición. En este obtiene una puntuación de 7,3 sobre 10, mientras que en la anterior evaluación registró una cifra ligeramente superior: 7,45. 

El informe actual abarca todo 2020 por lo que queda reflejado en un año atípico marcado por el virus. Las administraciones públicas castellanas y leonesas –autonómica, provinciales y locales en conjunto– salen bien paradas en la comparativa nacional, pese a que Castilla y León pierde dos posiciones respecto al anterior Índice, no tanto por la bajada de puntuación, que es mínima, sino por la subida experimentada por Navarra y País Vasco.

De este modo, es la comunidad de régimen común con mejores puntuaciones y en los tres grandes bloques «mantiene un nivel muy estable» de manera global.

En el otro extremo, con los servicios sociales más «débiles» se sitúan Murcia, Madrid, Canarias y Cantabria.  Ninguna llega al aprobado, como tampoco lo hacen la Comunidad Valenciana o Galicia, tal y como puede comprobarse en el gráfico adjunto a esta información. A Castilla y León le siguen, aunque con más de un punto menos, Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja.

Juntas, las diecisiete aprueban, pero por la mínima. Con estos desequilibrios territoriales, la media nacional se encuentra muy por debajo, con un 5,33. 

Las fortalezas de Castilla y León no solo provienen de la Junta, sino de las diputaciones provinciales y ayuntamientos y entre ellas se encuentra el gasto por habitante. Aumenta de los 353 euros de media calculados en 2012 a los 455,8 en 2020, año al que hace referencia este informe, ya que el ejercicio anterior no pudo realizarse por la irrupción del Covid-19.

También mejora en el porcentaje que supone la inversión de las administraciones públicas de Castilla y León en servicios sociales sobre el PIB regional. De un 1,66% hace nueve años a un 1,86% el pasado, por encima de la media del país que se limita al 1,6. 

En la protección del bienestar social, Castilla y León refleja un sistema «equilibrado en sus tres dimensiones»: derechos reconocidos, cobertura y esfuerzo económico. Aunque saca una calificación bastante superior en el reconocimiento de derechos, un 9,7, que en la cobertura, un 6,9. 

Sin embargo, «ofrece una de las mejores ratios entre cobertura y gasto, es decir, una gran eficiencia del sistema», enuncia el estudio. 

Los directores y gerentes atribuyen este acierto a varios factores. Un pilar importante es «la colaboración de las entidades locales en la gestión de las prestaciones y servicios». Pero también destacan «las decisiones estratégicas adecuadas» y, en concreto, la «acertada integración de la atención a la dependencia en los Servicios Sociales, especialmente a nivel local». 

Respecto a la Dependencia, su tasa de desatención dista mucho de la del resto de España. Es de tan solo un 0,1% frente al 17,1% nacional. 

La asociación indica que Castilla y León dispone de «todos los elementos legislativos, normativos, planificadores y de organización alcanzando la excelencia» y precisa que la relación entre los derechos que reconoce en su Ley de nueva generación y en el catálogo que los detalla es la apropiada. 

En un año en el que las residencias han sufrido especialmente, Castilla y León es la que presenta un porcentaje más elevado cuanto a plazas residenciales con financiación pública para personas mayores. 

En un territorio tan disperso y con un problema demográfico y de despoblación tan acuciantes, los directores y gerentes valoran de manera especial que la alta oferta de plazas públicas signifique que «se ubican allí donde existe la demanda, evitando el desarraigo de personas mayores de su localidad».

Apuntan también que con la presentación del anteproyecto de Ley la región tiene la «oportunidad» de liderar un cambio de modelo residencial. 

Otro desglose de este estudio aborda las rentas mínimas de inserción. Alcanzan a una de cada diez personas bajo el umbral de la pobreza, un 10,7%, mientras en el conjunto del país es todavía menor, un 7,9%. Sin embargo, ‘pincha’ en la cuantía media por persona perceptora, «que supone un 15,4% de la renta por hogar en Castilla y León», por debajo de la media nacional. 

Pese a la buena situación que el informe detalla de un año fatídico marcado por la pandemia, hay dos servicios fundamentales en los que la Comunidad presenta déficit: ayuda a domicilio y teleasistencia. 

Sobre el primero de ellos, este índice concluye que «solo alcanza una cobertura del 4,2% de personas mayores, mientras en el conjunto de España son el 4,9%». Señala, además, que «Castilla y León retrocede en este servicio tan importante», dado que su cobertura un año antes era del 5,4 y registra una línea descendente en los últimos años. 

En teleasistencia debe mejorar aún más. El servicio «solo alcanza a 4,9 de cada 100 personas mayores en Castilla y León, la mitad que la media estatal, que llega al 10.2%.

El informe, presentado ayer en Madrid, apunta a la burocracia como uno de los principales problemas y barreras a la hora de acceder a prestaciones o servicios necesarios en todo el país.