El 52% respalda la gestión de la pandemia de la Junta en Castilla y León y solo el 22% la del Gobierno

Sabíamos que el Gobierno autonómico escuchaba a un comité de expertos antes de tomar decisiones; lo que no nos había contado es que también lleva un año consultando a la opinión pública con encuestas periódicas sobre la gestión de la crisis. Y lo que revelan sus sondeos es que el ciudadano de Castilla y León respalda la mano dura. Lejos de lo que invite a pensar una primera lectura sobre la aplastante victoria electoral del Partido Popular en Madrid, aquí la población apoya (o acepta con resignación) la mayoría de las medidas para contener el avance del virus, por lo general más severas que las adoptadas en otras autonomías españolas. Y las acepta, incluso, cuando planean dudas sobre su legalidad y eficacia. 

Son algunas de las conclusiones extraídas de tres encuestas de opinión (con cuatro oleadas o tandas de preguntas cada una), que desde hace un año encarga el Gobierno autonómico a la empresa Demométrica, cuyos resultados la Junta de Castilla y León no había querido divulgar hasta ahora y a los cuales este periódico ha tenido acceso a través de una solicitud de información pública. La Consejería de Fomento es la que ha sufragado los tres encargos, adjudicados mediante procedimientos de contrato menor por 17.000 euros cada uno. Pese a tratarse de informes que obraban  por tanto en poder del departamento de Juan Carlos Suárez Quiñones, ha sido el área de Ángel Ibañez, consejero de Presidencia, quien ha remitido la información. 

La primera de las investigaciones demoscópicas coincidió con el estallido de la crisis y el primer estado de alarma (abril y mayo de 2020), después de realizó otra encuesta durante la segunda ola (noviembre y diciembre) y la más reciente ha tenido como contexto la tercera ola pandémica (febrero, marzo y abril de 2021). En total, doce cuestionarios con una muestra de más de 700 personas cada uno, con preguntas adaptadas a cada momento y varios interrogantes permanentes que permiten conocer la evolución de la opinión pública ante determinados aspectos en este tiempo. 

Decisiones impopulares como el cierre de hostelería y comercios, la limitación de las reuniones o la perimetración territorial han sido más comprendidas que reprobadas, a tenor de los datos demoscópicos. Hasta el punto de que la mitad de los encuestados se mostraba hace sólo tres meses, en la cresta de la ola de febrero, partidario de aplicar un nuevo confinamiento en casa. Incluso el incierto adelanto del toque de queda a las ocho de la tarde fue recibido como un mal necesario entre los ciudadanos de Castilla y León. 

A comienzos de febrero (dos semanas después de entrar en vigor el adelanto a las 20 horas), el 60% de la población valoraba bien (17%) o muy bien (43%) esa medida, frente a un 35% que la rechazaba por considerarla mala (22%) o muy mala (13%). Y eso que en la propia pregunta ya se advertía de la ‘duda sobre si entra dentro de las competencias del gobierno autonómico’. A mayor edad, mayor respaldo a la restricción, con un 70% de aval entre los mayores de 75 años. Por ideología, las mayores adhesiones procedían de los votantes del PP (el 69%) y Ciudadanos (66,7%), los dos partidos que forman el Gobierno de coalición. Pero tampoco los afines al PSOE se quedaban demasiado atrás (el 60% estimaba el adelanto del toque de queda), por delante de los electores de VOX (con un 46% de apoyo) y de los de Unidas Podemos (42%).

 

Finalmente, el Tribunal Supremo tumbó la decisión el 16 de febrero y dos días después la Junta volvió a tantear a los ciudadanos: los resultados revelan que la mayoría (el 51%) estimaba poco o nada eficaz esa obligación de estar en casa a las ocho de la tarde pero otro 46% insistía en su eficacia al considerarlo muy (18%) o bastante (28%) eficaz. Tras conocerse esa suspensión judicial, el 52% rechazó mantener el cierre de restauración y comercios a las 20 horas, mientras otro 43% defendía la oportunidad de ese repliegue vespertino de la actividad económica no esencial.  

SISTEMA SANITARIO | En jaque la gran confianza que había en la red asistencial 

Uno de los grandes damnificados de la pandemia es el sistema sanitario de Castilla y León. O, mejor dicho, la confianza que los pacientes tenían depositada en él. Hace un año, el 57% tenía ‘mucha confianza’ en la red sanitaria autonómica:hoy sólo el 35% conserva esa fe. Otro 34% dice tener ‘alguna’ confianza en el funcionamiento de los servicios. La percepción sigue siendo más positiva que negativa en su conjunto, pero el colapso al que la población asiste desde hace un año, con los hospitales desbordados y los centros de salud más inaccesibles que nunca,  ha resquebrajado la seguridad en el sistema y los que tienen ‘poca’ o ‘ninguna’ confianza se han duplicado en este tiempo, pasando del 11% al 24%. 

La crisis ha alimentado también la desconfianza hacia las instituciones. Sólo se salva de esta desafección la Unión Europea, en la que hoy depositan mucha o alguna confianza el 43% de los encuestados de Castilla y León, frente al 28% de hace un año.   El Gobierno de España es el que sale peor parado de la comparativa:sólo el 29,5% deposita su confianza en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, frente al 44,5% de hace un año.  Mayor sigue siendo la seguridad en la Junta, aunque también se deja cinco puntos:el 54,5% dice ahora tener mucha o alguna confianza en la Administración autonómica, cuando en abril de 2020 se superaba el 60%. 

Esa pérdida de confianza en las administraciones central y autonómica dibuja una línea similar a la de la valoración de sus respectivas gestiones, que en cierto modo es otra manera de preguntar por lo mismo. El Gobierno de España comenzó con una aprobación de su gestión del 45% de los encuestados, que valoraba ‘muy bien’ o bien’ sus decisiones, un porcentaje que ha sufrido un batacazo hasta el  22% actual. Entre medias, varios altibajos. Tocó suelo en noviembre, en plena segunda ola, cuando el 61% censuró al Ejecutivo nacional al estimar mala o muy mala su gestión. Y tras un ligero amago con el cambio de año, los últimos datos del mes pasado constatan que su popularidad está en horas bajas: el 62% rechaza la gestión nacional. 

En cuanto a la Junta, partió con una aprobación del 66% hace un año, en abril de 2020, durante el primer estado de alarma, cuando era Madrid quien sostenía el mando único. Ese respaldo fue bajando, tocó suelo a comienzos de diciembre, repuntó antes de las navidades y volvió a caer con los efectos de la tercera ola: en febrero más de un tercio de los encuestados (el 37%) tildaba de mala o muy mala la gestión autonómica. Ahora, con los últimos datos de abril, el 52% ve con buenos ojos las decisiones de la coalición PP-Ciudadanos mientras el 28% se muestra en contra. 

En comparación con otras autonomías, mas de la mitad de la población de Castilla y León (el 51%) cree que la gestión es mejor aquí que en otros territorios (mientras el 37% está en desacuerdo con esa afirmación). 

En lo que coinciden con amplia mayoría los ciudadanos es en la ineficacia de la llamada cogobernanza: el 75% cree que no existe coordinación. ¿Quién es el culpable? El 52% considera que ambas partes, el 41% responsabiliza al Gobierno de España y sólo el 7,2% culpa a la Junta. 

La dicotomía salud-economía ha estado presente en las investigaciones. ‘A la vista de la tercera ola’, decía una de las preguntas formuladas en febrero, ‘¿es más partidario, de volver al confinamiento domiciliario, aunque eso suponga perjudicar más la situación económica, o de no volver a aplicar el confinamiento como medida para frenar la propagación del virus?’. El 50% eligió la primera opción y el 42%, la segunda. 

Los cierres perimetrales, las restricciones durante la Semana Santa y las Navidades, las limitaciones a cuatro o a seis personas, han sido medidas asumidas por los encuestados. A comienzos de marzo, en víspera del 8-M, Día de la Mujer, la Junta preguntó: ‘teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual, ¿qué le parece la autorización de manifestaciones?’. Como luego se demostró en la calle, casi el 90% lo veía mal o muy mal, porcentaje elevado en todas las afinidades políticas y que rozó el cien por cien entre los votantes de Vox.  

DESESCALADA | Sin prisas, por provincias y con revisión semanal de criterios

Preguntados por la desescalada que justo ayer se abrió con el fin del estado de alarma, es mayoritaria la creencia de que debe acometerse ‘sin prisas, para asegurar que no haya una recaída’, opción que eligen el 79% de los consultados. Otro 16% opta por una supresión de las restricciones ‘lo más rápida posible, para activar cuanto antes la economía’. 

El 72% apuesta por una desescalada heterogénea, adaptada a la evolución de cada provincia, mientras el 24% apuesta por un alivio homogéneo de las restricciones. Para la modificación de criterios, el 57% es partidario de una revisión semanal y el 31% prefiere cada quince días. 

En cuanto a los criterios, dos de cada tres encuestados ve bien aplicar restricciones cuando la incidencia acumulada alcance los 150 casos y un 17% lo considera inadecuado. 

CONSECUENCIAS LABORALES | El 7% ha perdido su trabajo

Indagan también los sondeos en la preocupación de la población, elevada durante todo el año, y sobre cómo afecta a su situación laboral.  En la última entrega (y teniendo en cuenta que el 40% están jubilados o no demandan trabajo), el 7% decía haber perdido el trabajo y otro 9% o padecía ‘problemas laborales’, entre ellos, un Erte. Otro 12% se había visto ‘algo’ afectado y un 7%sólo había visto ‘poco’ trastocado su situación laboral. El 22% no había registrado ningún cambio. 

El 10% había necesitado apoyo psicológico de familiares o amigos, según los datos de diciembre, y otro 4% había recurrido a un profesional para aliviar o procesar su pesadumbre durante la pandemia. 

VACUNACIÓN | El 20% no se pondría AstraZeneca y un tercio preferiría otra marca

Cuatro de cada diez consultados no tiene ningún problema y se vacunaría con AstraZeneca;un tercio dice que preferiría ponerse la dosis de otro farmacéutica y el 20% asegura que no se pondría el suero anglosueco, según los datos de la encuesta más reciente, del 1 de abril. 

Sobre el retraso en el suministro de dosis, el 37% responsabiliza a la industria farmacéutica, el 24% al Gobierno central y el 22% a la Unión Europea. Un 2% culpa a la Junta. 

La previsión de alcanzar un 70% de población vacunada en verano, como sostiene Moncloa, no resulta creíble para tres cuartas partes de los castellanos y leoneses. Sólo el 17% lo ve viable. 

¿Y cuándo recuperaremos la normalidad, la de verdad o algo que se aproxime a aquello? Pues sólo el 4,5% cree que en verano podremos vivir una situación similar a la que teníamos antes de la pandemia, el 34% lo fía a finales de año y los más pesimistas, que son un 37%, no auguran ese escenario hasta dentro de dos años.