Los olvidados de la lista quirúrgica en Castilla y León: 5.253 pacientes llevan más de un año esperando

Una operación de cadera o de cataratas no reviste ni la gravedad ni la urgencia de un cáncer o de una cirugía cardíaca pero son patologías que también están causando una prolongada pesadumbre a quien las padece en el actual contexto pandémico. En su ‘levedad’ reside su condena. 

Hablamos de las intervenciones que el sistema considera ‘no prioritarias’, que son las que admiten cierta demora sin generar secuelas. Precisamente por eso, porque pueden aplazarse sin comprometer la vida del paciente, este tipo de intervenciones está teniendo más dificultades para encontrar hueco en los quirófanos, sobrepasados desde hace un año por casos más acuciantes, ya sean neumonías Covid u otras dolencias de gravedad. 

El caso es que las operaciones sin prioridad se están realizando a cuentagotas. Y los pacientes ven que la lista no corre, que su turno no llega ni está previsto que lo haga a corto plazo. En la actualidad hay 5.253 pacientes que llevan más de 365 días esperando, según los últimos datos de lista de espera estructural publicados por Sacyl, relativos al primer trimestre del año.  Ese número es muy abultado, el más elevado de la última década. Hace justo un año eran 591 los que llevaban un año esperando (los datos de finales de marzo ya empezaban a reflejar el ‘efecto covid’). Si nos remontamos a marzo de 2019 había únicamente dos personas con más de un año de demora. 

Por muy leve que sea una patología con indicación quirúrgica, acumular 365 días en una lista de espera no es ni razonable ni habitual en Castilla y León. Como puede verse en el gráfico que cimenta estas líneas, los picos de demora superior al año son leves y puntuales y coinciden con los momentos de mayor colapso sanitario en la última década. Se registraron en 2013, cuando los recortes más duros de la crisis económica dispararon las listas sanitarias. Y en 2016, cuando ese indicador volvió a superar el listón del millar de pacientes y se activó el plan Perycles para contener la escalada con una mejor organización de los recursos propios. 

Y, claro, si hablamos de sobrecarga en los quirófanos resulta inédita la presión registrada durante la pandemia por la necesidad de ganar camas de críticos para enfermos de covid. Las llamadas ‘ucis extendidas’ han ocupado los espacios de reanimación en los quirófanos (como las Reas o Urpas). Es decir, esas ucis se han ‘extendido’ a costa del repliegue de las operaciones de otras patologías, que por falta de camas postquirúrgicas  quedaron suspendidas.  

En los momentos álgidos de cada oleada los hospitales se limitaron a intervenir únicamente los casos más  apremiantes mientras las agendas quedaron cerradas para el resto de pacientes, estancados en esa cola que se eterniza. De hecho, en el último año, la cifra de los que llevan más de 365 días en espera es la que más ha aumentado. Se ha multiplicado por diez, según la estadística, en comparación con el primer trimestre de 2020. De las casi 37.000 personas pendientes de una operación en Castilla y León, una de cada siete lleva más de un año armándose de paciencia.  Y lo que les espera.  

Una de las últimas quejas recibidas por el Procurador del Común registraba la desesperanza de una mujer de Burgos a la que los médicos informaron de que el plazo previsto para su operación de cadera tardaría dos años. En la resolución de ese caso, fechada el pasado marzo, Tomás Quintana mostraba su «preocupación» por las «dilatadas» listas de espera en Castilla y León y exigía a la Consejería de Sanidad que «con la máxima urgencia» elabore planes de contingencia «adecuados» y «eficaces» para «paliar los efectos de la pandemia. 

La Consejería de Sanidad aceptó esa resolución sin que de momento se conozca la existencia de ningún plan específico para aliviar el atasco de los quirófanos, ya sea con recursos propios o mediante derivaciones a la privada. Tampoco trascendió el impacto del ‘plan de abordaje’ que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, anunció al decaer el primer estado de alarma, en junio del año pasado, con el objetivo de reducir la demora  sanitaria acumulada durante aquella primera ola.

Ese ‘plan’, de hecho, no existió como tal o no quedó recogido en ningún documento formal. Este periódico solicitó entonces una copia y Sanidad se limitó a indicar en cuatro párrafos que su llamado ‘plan’ consistía en «medidas dinámicas» que son revisadas y monitorizadas» cada semana con el objetivo de «mantener la actividad programada lo máximo posible» y establecer «un sistema de priorizado de la atención en base a criterios clínicos tanto a nivel de intervenciones quirúrgicas programadas, como el resto de actividad programada de los complejos asistenciales y hospitales de la Gerencia Regional de Salud». Nada concreto ni medidas excepcionales adaptadas al singular contexto de la pandemia.  El derecho a no esperar

Esperar más de lo razonable para una operación no sólo puede resultar irritante o clínicamente desaconsejable, sino que la Administración puede estar vulnerando un derecho ciudadano en determinados casos. En 2011, un decreto nacional blindó por ley el tiempo máximo de espera para cinco operaciones concretas: cirugía cardíaca valvular, cirugía cardíaca coronaria, cataratas, prótesis de cadera y prótesis de rodilla. Estas patologías tienen que ser operadas como máximo en 180 días en toda España. Adicionalmente, Castilla y León asumió en 2012 un compromiso para la cirugía oncológica y la cardíaca no valvular, que serían intervenidas antes de 30 días naturales. 

Para velar por el cumplimiento de esas garantías, el decreto autonómico 68/2008, de 4 de septiembre, estableció que la Junta debe ofrecer al ciudadano una alternativa cuando esas intervenciones no puedan ser atendidas dentro del plazo máximo legalmente previsto. Los hospitales, así, deben «revisar periódicamente» su registro para «conocer los pacientes que se prevé que no podrán ser atendidos antes del vencimiento del plazo», especifica la normativa. Para esos casos, «el centro sanitario responsable de la asistencia, directamente o a través de la Gerencia de Salud de Área, ofertará al paciente, siempre que sea posible, cualquiera de los centros del Sistema de Salud de Castilla y León o concertados con éste, antes del vencimiento del plazo máximo de espera». 

En la mayoría  de los casos, lo que ofrecen las gerencias al ciudadano afectado es la posibilidad de operarse en la sanidad privada, sufragando la administración la factura. El paciente puede aceptar esa propuesta o rechazarla y continuar en la lista de espera del hospital público que le corresponde. «Si el paciente rechaza la oferta para ser atendido en otro centro, ello no implicará que sufra alteración alguna en el lugar que ocupe en la lista de espera del centro sanitario de origen», apostilla el decreto. 

Lo que sí implica es su salida de la estadística oficial, la llamada lista de espera estructural, donde se registra a los pacientes «cuya espera es atribuible a la organización y recursos disponibles». Quienes rechazan ese centro alternativo computan en otro epígrafe aparte porque se considera que su espera está «motivada por la libre elección del ciudadano». 

En la actualidad hay 3.369 personas esperando su turno después de rechazar la alternativa propuesta, que en el 99% de los casos se trataba de una derivación a la sanidad privada, según Sanidad. De ellos, la mayoría están registrados en los hospitales de León (1.448) y Burgos (1.078). 

Al quedar fuera de la estadística oficial, esos pacientes que rechazaron el ‘plan b’ tampoco computan en el cálculo de demora media, lo supone rebajar esa cifra:  en Castilla y León el tiempo medio para una operación se sitúa en 152 días en la lista estructural. Muy lejos de los 280 que acaban aguardando los que dicen ‘no’ a una derivación ofrecida por Sacyl. Y que llega a alcanzar los 476 días en Zamora, 466 en Salamanca y 446 en Soria. 

Por especialidades, el embudo de la lista estructural se encuentra en traumatología (11.390 personas en cola, de las cuales 2.747 llevan más de un año esperando). Y son 1.314 las que están en la cola para operarse en su hospital público tras haber rechazado el centro alternativo propuesto para una cirugía de esta especialidad. 

Si descendemos al detalle de lo que suceden en cada hospital, son los servicios de traumatología los que lideran el colapso. En especial los de León (1.997 pacientes en lista en ‘trauma’, 630 de ellos desde hace más de un año), Salamanca (1.891 personas, 624 superan el año) y Burgos (donde 756 de sus 1.562 pacientes registrados superan los 365 días).

Con esos 756 pacientes, el servicio de traumatología del hospital de Burgos tiene el dudoso honor de encabezar el número de pacientes en larga espera en Castilla y León. Y también ostenta el primer puesto en demora media: 340 días aguarda un burgalés hasta que es operado de una patología traumatológica.

Le segunda especialidad con más  pacientes en cola en la Comunidad es cirugía general y digestivo: con 7.096 inscritos, de los cuales 1.016 llevan más de un año.  Los que rechazaron un centro alternativo son 1.053. Cirugía general y traumatología son las que acumulan mayor demora media tras rechazar una derivación, con 324 y 345 días, respectivamente, sólo superadas por urología (donde 24 pacientes esperan 452 jornadas).

Con la crisis sanitaria, en el último año los hospitales  públicos derivaron numerosas operaciones urgentes, la mayoría de ellas oncológicas, a centros privados, donde personal propio de Sacyl asumió  las intervenciones en quirófanos concertados, ‘alquilados’ para paliar la falta de espacio en las áreas quirúrgicas de la red pública. Estas derivaciones, sin embargo, no se han extendido a los pacientes ‘de larga espera’, los que padecen patologías no prioritarias. 

La escala de prioridades para una cirugía, recogidas en el Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, establecen tres niveles. El primero incluye a pacientes cuyo tratamiento quirúrgico, siendo programable, no admite una demora superior a 30 días. El segundo, pacientes cuya situación clínica o social admite una demora relativa, siendo recomendable la intervención en un plazo inferior a 90 días. Por último, fija como prioridad 3 a los pacientes cuya patología permite la demora del tratamiento, ya que aquella ‘no produce secuelas importantes’. 

Cabe preguntarse si esa demora legalmente ‘admisible’ tiene algún límite o, por el contrario, el marco normativo deja  a un paciente esperando sine die por una operación, asumiendo que las secuelas no acabarán apareciendo. Porque esa demora, si bien no agrava su cuadro clínico, acarrea una indudable pérdida en la calidad de vida, cuando no otro tipo de secuelas, si esa espera, lejos de ser transitoria, se prolonga durante uno, dos o más años.