Avilagro devuelve su subvención tras destaparse la implicación del viceconsejero

Lo que para el viceconsejero de Empleo, David Martín, resultaba «una anécdota» y para los integrantes de la mesa del Diálogo Social era «inadmisible» concluye con la devolución de una subvención de medio millón de euros, que era solo la cantidad inicial de un desembolso mayor previsto por parte de la Junta de Castilla y León.  

La Asociación de la Industria Agroalimentaria de Ávila, Avilagro, devuelve los 500.000 euros que le concedió la consejería de Empleo e Industria para la creación de una plataforma logística agroalimentaria tras la polémica generada al destaparse la vinculación con el viceconsejero de Empleo David Martín. Entre las 60 empresas que forman Avilagro se encuentra Addit, gestoría de la que Martín formó parte antes de saltar a la actividad institucional de la mano de Ciudadanos. 

Aunque esta agrupación empresarial anunciara ayer que renuncia a la subvención recibida, la decisión  ya se planteaba desde principios de año, tal y como adelantó EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN el pasado 4 de marzo. 

En esa publicación, este diario reprodujo la petición de un informe solicitado por el director general de Industria, el abulense Alberto Burgos, para que el servicio de Asuntos Económicos de la Junta valorara los efectos «de la renuncia a una subvención directa».

La Dirección General de Industria se adelantó y realizó esa consulta, con fecha del 22 de enero, tres meses antes de que Avilagro comunique su intención de devolver la cantidad percibida para la primera fase de la plataforma logística, que se engloba dentro del Plan Territorial de la provincia abulense.

Poco después de que el pasado 17 de diciembre el Consejo de Gobierno aprobara la ayuda económica para este conglomerado de empresas, los sindicatos y la patronal de Ávila mostraron su rechazo por la implicación del viceconsejero una vez esta trascendió. 

Tuvo lugar a partir de entonces un cruce de acusaciones. «Un político no debe nunca direccionar subvenciones directas a empresas propias o donde ellos han podido tener una relación», sostuvo el presidente de la CEOE Ávila, Juan Saborido, que pidió la dimisión de David Martín. 

El viceconsejero replicó a Saborido que «algo» estaba «haciendo bien» si este le criticaba, y aseguró que «la plataforma seguiría adelante y no iba «a esperar a nada ni a nadie».    

El enfrentamiento se trasladó ayer al comunicado mediante el que Avilagro explicó que devuelve el dinero. En el texto cargó contra el Diálogo Social de la provincia. Acusó a CEOE Ávila, UGT y CCOO de «bloqueo» y de «impedir avanzar con la agilidad y rapidez que el sector demanda», pero eludió mencionar en ningún apartado de los casi dos folios la polémica por la relación de Martín en este conflicto mantenido desde finales del año pasado.

Al revés. Agradece la disposición de la Consejería y lo enfrenta a lo que entiende como falta de voluntad de sindicatos y patronal. «Agradecemos la predisposición demostrada por parte de la Consejería de Empleo e Industria, la cual, en todo momento, ha intentado dar soluciones ágiles como demandaba el sector agroalimentario y también la buena disposición del Ayuntamiento de Ávila en este mismo sentido», reza el escrito. 

A renglón seguido, la crítica apunta en otra dirección: «Desde la junta directiva de Avilagro lamentamos los cuatro meses perdidos, los cientos de horas de trabajo dedicadas en balde y el altísimo coste de oportunidad que el sector agroalimentario abulense, va a pagar en términos económicos y sociales».

En este enfrentamiento, uno de los reproches repetido por la asociación hacia las centrales sindicales y la CEOE es que estas querían gestionar el dinero y en su comunicado insisten en ello: «Este ruido y más ruido no está alineado con los fines de Avilagro. No queremos participar en los enredos políticos y cambalaches económicos. Asistimos con desolación al secuestro efectivo por parte del Diálogo Social de los recursos públicos, que no son otra cosa que los impuestos de todos los contribuyentes. Se demuestra que cuando el dinero sale del circuito en el que ha estado circulando durante las tres últimas tres décadas, se atascan interesadamente los proyectos».

Sin embargo, los sindicatos aseguraron en una rueda de prensa conjunta entre las tres entidades (UGT, CCOO y CEOE) que defienden que «la gestión de los fondos públicos se haga con carácter prioritario por parte de las administraciones públicas», y en ese caso esta correspondía a la Diputación de Ávila. «No hubo voluntad nuestra de gestionar nada», explicaron entonces.  

En su comunicado, Avilagro expone que pretendía «liderar desde el conocimiento sectorial un proyecto potente que el sector necesita y que no está resuelto por mucho humo que se nos quiera vender», y lanza agrios reproches a un destinatario que no concreta: «No hace falta ser un experto en digitalización y comercio electrónico para detectar las carencias y falta de profesionalidad de las propuestas que circulan por nuestra provincia. Nos produce sonrojo la falta de pudor que detectamos en ciertas presentaciones realizadas recientemente, vacías de contenido y que son soluciones propias de la web 1.0 de los años 90». 

Puntualiza además que devuelven la subvención «del único proyecto –la plataforma logística alimentaria– que estaba en funcionamiento». «El resto de temas están anestesiados y, posiblemente, saliendo Avilagro de la ecuación, se activen rápidamente ahora que hay vía libre para que los actores de siempre representen la función de siempre y sigamos con ‘Ávila a menos’, como en los últimos 30 años», apunta. 

Esta renuncia al dinero llega después del informe de Asuntos Económicos publicado por este diario que concluía que, de rechazarla, «deberá reintegrar de manera íntegra, voluntaria, tal cantidad a través del procedimiento iniciado al efecto» y que esa cantidad «no revertirá al presupuesto de la Consejería de Empleo e Industria, sino que se ingresará en la cuenta tesorera de la Junta de Castilla y León». Por lo que esos 500.000 euros dejan de computar para la Consejería y pasan a engrosar las cuentas generales de la Junta. 

Este medio millón es justo la mitad de lo que la Consejería preveía aportar en sucesivas fases hasta su finalización en 2023.