La Junta apremió al Consejo Nuclear hace dos años a autorizar la mina de Retortillo

El proyecto de la mina de uranio de la localidad salmantina de Retortillo permanece en el dique seco. Desde que se iniciara su tramitación en el año 2012, los informes y las autorizaciones se han sucedido, la gran mayoría con una valoración favorable por parte de diferentes entidades nacionales y europeas. Sin embargo, desde que en 2018 se cumpliera el plazo para la emisión del informe preceptivo, el procedimiento está aparentemente detenido. Por ello, el anterior director general de Energía y Minas de la Consejería de Hacienda, Ricardo González Mantero, contactó por escrito con el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para apremiarle a concluir los trámites a fin de que el complejo pueda entrar en funcionamiento lo antes posible, ya que implicará el impulso económico de la zona y la creación de varios puestos de trabajo.

La carta, fechada el 8 de julio de 2019 y firmada por Ricardo González Mantero, a la que ha tenido acceso en exclusiva El Mundo de Castilla y León, ha sido criticada por la asociación Stop Uranio, que trata de paralizar el proyecto. En una rueda de prensa celebrada la pasada semana, alegaron que el presidente del CSN «también se ha quejado de la injerencia de la Junta de Castilla y León en la labor del CSN por medio del antiguo director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero», una referencia que bien podría referirse al documento.

Sin embargo, lo que se puede apreciar en las palabras firmadas por González poco o nada tiene que ver con presiones o amenazas. El escrito al que ha tenido acceso este periódico se limita a exponer los antecedentes del proyecto, enumera los beneplácitos con los que ya cuenta y recuerda los beneficios que la mina podría acarrear. 

Al comienzo, el ex director general de Energía y Minas hace referencia a una reunión del Comité Asesor en la que realizó una pregunta acerca de la situación del informe que en ese momento estaba pendiente de aprobación por el Consejo de Seguridad Nuclear. Señala después que la respuesta ofrecida por la directora de Protección Radiológica incluía información «posiblemente interesante para otros miembros del Comité, pero que para esta Dirección General era conocida». Igualmente, González añade que «solo se me indicó que estaba en proceso de evaluación, sin que se haya solicitado al promotor -la empresa minera Berkeley- nueva información desde hace más de ocho meses».

Asimismo, la carta enviada al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Josep Maria Serena i Sender, recoge una muestra de las «cerca de 130 autorizaciones e informes favorables». De hecho, y a renglón seguido, se remarca que «es destacable que el CSN tuvo participación en diversas de estas autorizaciones, así como en otras propias del CSN», y entre las que se enumeran el otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental, la aprobación del Plan de Explotación, restauración y Clausura y otorgamiento de la concesión de explotación y la autorización de vertido a cauce público.

Ante esto, el texto continúa diciendo que «el CSN ha estado sumamente involucrado en todo el proceso de licenciamiento» y asegura que además de las solicitudes formales de información, «se han realizado diversas reuniones técnicas», la última con fecha del 22 de febrero de 2019.

«Desde entonces», prosigue el documento, «por motivos que , lamentablemente, no parecen exclusivamente técnicos, la tramitación aparentemente se ha detenido». «Hasta la fecha no ha habido ningún informe negativo», continúa la misiva, «ni se ha dejado de responder satisfactoriamente a todas las cuestiones planteadas». Por estos motivos, González reitera que «no hay ningún motivo por el cual el CSN no pueda evacuar su informe relativo a la Autorización de Construcción en un breve plazo de tiempo».

Según se explica en el escrito, la empresa llevaba hasta ese momento más de 80 millones de euros invertidos en el proyecto, a la par que se habían recibido «multitud de solicitudes de empleo para las instalaciones mineras». Motivos que, sumados a los anteriores, utilizó González para trasladar su solicitud. «Por todo ello, presidente, y pese a que en el Comité Asesor no quise hacer estas apreciaciones ante la vaga respuesta recibida, te ruego puedas instar a que el informe se eleve al pleno del Consejo urgentemente, ya que se está retrasando la nueva actividad económica y el empleo que la mina va a crear en Salamanca», concluye el texto.

Esto fue lo que sucedió hace casi dos años, un tiempo en el que la situación sigue igual: paralizada y a la espera de unos últimos informes favorables que no acaban de llegar. La mina de uranio de Retortillo sigue en el centro de la polémica, provocando diferencias entre aquellos que apoyan su apertura por el potencial de industrialización y de creación de empleo que estas instalaciones ofrecen a Salamanca y  quienes no quieren instalaciones radioactivas cerca de sus casas.