Las multas tramitadas por saltarse restricciones suman 1,5 millones pero solo se cobra el 13%

Cumplir las limitaciones del horario nocturno parece que es lo que más le cuesta a los castellanos y leoneses, a tenor de las sanciones levantadas por la Agencia de Protección Civil en relación con la pandemia.

Las infracciones  por incumplir el toque de queda suponen nueve de cada diez actas presentadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la Comunidad desde el verano pasado. En concreto, suman 14.257, el 90% de los 15.922 ‘expedientes Covid’ registrados a fecha de este viernes.

Aunque rozan las 16.000, por el momento solo se han tramitado casi la mitad, 7.051, que suponen un cuantía de un 1,4 millones de euros y únicamente se ha cobrado el 13%, apenas 194.480 euros. En algunos casos, esto responde a que se encuentran dentro de plazo para presentar alegaciones o efectuar un pago adelantado, que implica una reducción de la cantidad a abonar. 

Que solo se hayan iniciado el 50% está motivado, según explican a este diario desde la Agencia de Protección Civil, en que cada semana «entran alrededor de un millar de sanciones nuevas» y se tramitan aproximadamente quinientas.

Protección Civil es la encargada de la instrucción de los expedientes sancionadores desde septiembre y aglutina la información recogida por las delegaciones territoriales de la Junta  desde el decreto del 23 de julio del año pasado que fijaba el régimen sancionador.

La tendencia de las infracciones, tal y como explican las mismas fuentes, es diferente según el tipo de restricción. Respecto al toque de queda, los mayores incumplimientos se producen en fechas señaladas, «como Navidades y puentes» y el resto de los días permanece equilibrado, lo que hace prever que los recientes días festivos por Semana Santa hayan engordado estas estadísticas. 

En cambio, no sucede lo mismo con las reuniones prohibidas. Las fiestas ilegales «van creciendo y registran un incremento progresivo considerable», coincidiendo con el cierre de la hostelería en determinadas capitales como Burgos, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid además de otros 16 municipios. 

De hecho, a falta de que se desgrane la estadística global de esta cuestión, desde Protección Civil indican que en las provincias con más incumplimientos por estas reuniones superando el aforo permitido son las de Valladolid, Burgos y Segovia.

Respecto al toque de queda, repiten Valladolid y Burgos como las más infractoras y en esta ocasión se suma León.

Las 14.257 actas contabilizadas relativas al toque de queda excluyen las sanciones por incumplir el horario desde que Castilla y León adelantó el límite de movilidad a las ocho de la tarde, el 16 de enero, hasta que un mes después el Tribunal Supremo decidió suspender cautelarmente esta medida tras recibir una denuncia del gobierno central que estimaba que la Junta no tenía competencias para llevar a cabo esa modificación. 

Los expedientes de ese mes están aparcados temporalmente hasta que se resuelva judicialmente si finalmente ese adelanto a las ocho fue legal o no. En caso de que tuviera validez, se tramitarían entonces. De no ser así, quedarían guardadas en el cajón para siempre.

Ya se ha iniciado el 44,5% de los expedientes recibidos por no cumplir el horario nocturno establecido por la Junta que ahora se fija en las diez de la noche. La cuantía de las sanciones de estos expedientes asciende a 635.000 euros, a razón de 100 euros cada uno, rebajado a 60 euros en el caso de optar por pronto pago. 

Las sanciones ya impuestas alcanzan los 84.040 euros y de ellos se han abonado 44.280 euros, cantidad que corresponde a los pagos voluntarios de 738 de esas multas.

Aunque son minoritarios, también se dan casos llamados de «obstrucción» en establecimientos de hostelería y restauración. Estos consisten en que el propietario del negocio o no abre a las fuerzas del orden si se lo solicitan o dificultan la recogida de información. Suman 129 actas, se han iniciados ya el 67%, un total de 87, y la cuantía impuesta en los expedientes ya finalizados es de 148.243 euros. En este caso, la proporción de lo ya abonado es minúscula: tan solo 18.742 euros a través de abonos voluntarios.

El permiso para reunirse en espacios privados ha ido variando en el número de personas según el momento de las diferentes olas de la pandemia que atravesaba Castilla y León y las sanciones por reuniones en número superior al permitido en domicilios, naves y otros espacios no abiertos al público, las llamadas fiestas ilegales, llegaron este viernes a las 1.536 y el 39,6%, que son 609, ya han sido iniciadas.

Estas multas iniciadas traducidas a dinero dan como resultado 697.595 euros impuestos. 

En este caso, las cuantías no son regulares porque dependen de la gravedad de la infracción. 

Para incumplimientos leves de este tipo, en función del número de personas reunidas, se imponen 600 o 1.000 euros, mientras que las graves, que se dan cuando se superan las quince personas, «se impone el mínimo legalmente establecido: 3.001 euros», según explican desde la Consejería de Fomento, de donde depende Protección Civil. «Adicionalmente, si se observa la falta de uso de mascarillas o no respetas la distancia interpersonal, se imputan las correspondientes infracciones, sancionadas con 100 euros cada una de ellas», señalan. 

De esta cantidad indicada, se han abonado 91.697 euros mediante pagos voluntarios, que reducen la imposición en un 40%, correspondientes a 118 expedientes.