«No estoy de acuerdo con un carné que limite libertades por no estar vacunado»

José María Prieto de Paula (Ledesma, 1957), licenciado en Medicina por la Universidad de Salamanca, tiene varios másteres en bioética, dirección y gestión clínica. Ocupó puestos de responsabilidad en los hospitales de Aranda de Duero y Palencia y en la propia Consejería de Sanidad. Desde 2015 es el jefe de servicio de Medicina Interna del Clínico de Valladolid y el actual coordinador asistencial del hospital Rondilla. También es profesor en la UVA. Y, además de todo eso, en noviembre asumió, por su «sentimiento personal del deber», la presidencia de la Comisión de Bioética de Castilla y León, órgano consultivo adscrito a la Consejería de Sanidad. «Personales» son también –advierte– las reflexiones compartidas en esta entrevista. 

Pregunta.– Los sanitarios se enfrentan desde hace un año al mayor desafío asistencial conocido. ¿Qué conflictos éticos les plantea la pandemia? 

Respuesta.– Quizá el más significativo se refiere a la necesidad de limitar recursos en situaciones límite que, en otras circunstancias, podrían haberse ofrecido (‘demasiados pacientes frente a pocos ventiladores’); o la sensación de cierto ‘abandono’ en que nos vimos obligados a dejar, especialmente en la primera ola, a los pacientes con enfermedades distintas a la covid, o la lucha diaria ante la necesidad de sopesar el valor entre la salud pública y la evitación de la propagación de la enfermedad y el desamaparo que provocábamos al paciente por la falta de acompañamiento.

P.– La lucha contra el covid-19 ha desplazado el diagnóstico y tratamiento de otras patologías. ¿Ha habido equidad en el acceso a la asistencia entre un enfermo con coronavirus y otro con cáncer, por ejemplo?

R.– La atención a las enfermedades diferentes a la covid se ha visto muy perjudicada por la sobrecarga asistencial que supuso la pandemia. Por ello tenemos la obligación de desarrollar un plan de asistencia que reabsorba los retrasos y que minimice el daño que se haya podido provocar por las demoras en la atención. En nuestro servicio, por ejemplo, las demoras para acceder a las consultas ya son iguales o menores que las existentes antes de la pandemia.

P.– En el actual contexto, ¿sería ético obligar a la población a vacunarse?

R.– Aunque existen voces partidarias, creo que lo más útil en el momento actual es la promoción de la vacunación a través del ejemplo y la información correcta. Disponemos ya de cuatro vacunas, extraordinariamente eficaces y con muy pocas reacciones adversas de relevancia. Hay que hacer un esfuerzo de pedagogía con la población. Otra cuestión es la que concierne a, entre otras profesiones, el personal sanitario, que, en mi criterio, tiene mayor obligación moral. Los sanitarios podemos convertirnos en vectores de la enfermedad. Y de nosotros cabe exigir la ejemplaridad. 

P.– ¿Sugiere que los sanitarios sí tendrían que vacunarse ‘por ley’? 

R.– No creo que, en este momento, deba imponerse la vacuna, con independencia de que la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, lo permitiría. Creo más en la promoción de su uso a través de la formación, del ejemplo, de la confianza en nuestros responsables sanitarios y en los científicos, y de la solidaridad con nuestros congéneres. 

P.– ¿Qué otras profesiones tienen esa ‘mayor obligación moral’?

R.– Piense en cualquier grupo a los que se les oferta la vacunación con carácter prioritario:  personal de centros sociosanitarios o de centros de mayores, personal de instituciones penitenciarias, colectivos esenciales, profesores…

P.– En la práctica, las personas inmunizadas gozarán de privilegios, como la mayor movilidad que quiere conceder el carné de vacunación que prepara la UE, algo que está siendo objeto de discrepancia entre los bioeticistas. ¿Cuál es su postura? 

R.– Un carné cuyo uso sea estrictamente médico y cuya finalidad sea aportar información epidemiológica relevante, me parece muy útil. No estoy de acuerdo, sin embargo, con un carné de vacunación cuyo uso tenga otras finalidades. Aparte de la incertidumbre jurídica respecto de la legitimidad de limitar libertades por el simple hecho de no estar vacunado, existe la incertidumbre científica. No conocemos el grado de eficacia de las vacunas en la disminución de la transmisión de la enfermedad, y el carné podría generar una falsa seguridad y favorecer, en última instancia, la propagación del virus. Desde el punto de vista ético, tampoco puedo estar de acuerdo con el carné porque, en la práctica, agrandaría las diferencias entre países pobres y ricos, y dificultaría la vida de aquellos con menos posibilidades de acceder a la vacuna.

P.– De esas incertidumbres advirtió la Comisión de Bioética en abril del año pasado cuando se barajaba la creación de un carné ‘de inmunidad’ para quienes hubieran superado la infección. ¿Hay diferencias entre los conflictos que plantea un ‘certificado de seroprevalencia’ frente al ‘de vacunación’?

R.– Ni uno ni otro sería una garantía de estar exento de riesgo de contraer la enfermedad. No veo diferencias sustanciales.

P.– ¿Qué le parece el orden de los grupos establecido en la Estrategia nacional? Anteponer las residencias de mayores al colectivo sanitario no gustó a algunos de sus colegas, partidarios de haber sido los primeros inmunizados. 

R.– La Estrategia de vacunación nacional nace del Consejo Interterritorial y en su elaboración han participado varios expertos. En esencia, prioriza a las personas más vulnerables y con mayor riesgo de exposición y de transmisión. Creo que se debe proteger antes a los que, de padecer la enfermedad, tendrán más posibilidades de evolucionar desfavorablemente.

P.– Como jefe de Medicina Interna del Hospital Clínico lleva un año tratando a pacientes covid. ¿Cómo ha avanzado el abordaje de la enfermedad?

R.– Aparte de las mejoras de la organización, no hemos encontrado ningún fármaco que sea uniformemente eficaz (y subrayo lo de uniformemente). Buena parte de los que se utilizaron en la primera ola se demostró que no eran eficaces y que, incluso, podían resultar perjudiciales. Ahora estamos mejor, pero no existe aún el fármaco que cure la enfermedad, de manera que el arma más eficaz son las vacunas y las medidas de protección.

P.– El colapso sanitario, las prisas, las restricciones en el acceso a instalaciones hospitalarias… ¿Esta pandemia ha deshumanizado la asistencia? 

R.– La virulencia de la pandemia obligó a la Administración a restringir el acompañamiento y las visitas y a modificar, por ejemplo, la información a familiares, que predominantemente pasó a ser telefónica. A pesar de los esfuerzos de todos los profesionales sanitarios, no hemos podido evitar en ciertos momentos la soledad y el desamparo de los pacientes, algunos en situación de gravedad. Tenemos la sensación, o así lo percibo yo, de que hemos hecho todo lo posible, pero que en ocasiones no ha sido suficiente. Para eventuales nuevas olas, deberemos ponderar muy mucho el beneficio del acompañamiento, a sabiendas de la mayor posibilidad de transmisión del virus. 

P.– ¿Qué balance hace de estos cuatro meses de funcionamiento del Hospital Rondilla? 

R.– Sin matiz alguno, el balance es muy satisfactorio. Se puso en funcionamiento en muy pocos días un recurso necesario, al servicio de toda la sociedad de Castilla y León,  que ha permitido que los hospitales más complejos hayan podido seguir atendiendo a los enfermos de mayor gravedad con covid, pero también a otros muchos con enfermedades diferentes. Ha acogido a 400 personas, la mayoría de Valladolid, pero hasta un 40 % procedentes de Palencia, Segovia, Ávila, Burgos y Zamora. Y ello se ha producido con la participación de muchos profesionales de otros hospitales de la Comunidad que solo puedo calificar de ejemplar. 

P.– El 23% de los pacientes de este ‘hospital de pandemias’ falleció, frente al menor porcentaje de los demás hospitales de Castilla y León.

R.– El Edificio Rondilla ha acogido a dos grandes grupos de pacientes: aquellos con evolución inicial favorable en el hospital de procedencia, para completar su recuperación, y otro grupo, muy mayoritario, en el que, debido a su situación general, su comorbilidad, o su estado cognitivo o funcional, no se consideraron subsidiarios de medidas de soporte avanzado en UVI. Este hecho, junto con la muy avanzada edad de los pacientes de Rondilla (media de 86 años), muy superior a la de los hospitales generales, explica el ligero aumento de la mortalidad.

P.– Hace un año, al estallar la pandemia, esta Comisión planteó limitar las derivaciones desde las residencias a los hospitales en el marco de aquel escenario excepcional. Como sociedad, ¿estamos en deuda con los mayores por no haberles prestado la ‘asistencia profesional, integral, humana y compasiva’ que era exigible en estos centros, donde  murieron residentes sin el derecho a despedirse de sus familiares? 

R.– Las personas mayores, por su vulnerabilidad, deben ser especialmente protegidas. Y para ello, la sociedad tiene que proponer, a través de sus representantes políticos, la asignación del presupuesto necesario, teniendo en cuenta, por una parte, que siempre serán mayores las necesidades (servicios sociales, medio ambiente, carreteras, trenes de alta velocidad, repoblación rural, energías renovables, educación…) que los recursos. Y, por otra, dado que los recursos no son infinitos, la mayor asignación a una parcela puede ir en detrimento de otra. Para establecer unas pautas razonables, conviene que haya un cierto consenso en la sociedad, lo cual requiere, en primer término, una información suficiente y objetiva.

P.– En otro documento, esta Comisión fijó criterios de priorización para, llegado el caso, ayudar a decidir qué pacientes debían ingresar en la UCI y cuáles no por falta de camas. ¿Llegó a darse ese dilema en algún momento?

R.– Diariamente los profesionales nos enfrentamos a situaciones en las que debemos decidir la intensidad del tratamiento de cada paciente y dónde aplicarlo (domicilio, camas hospitalarias convencionales, unidades intermedias, en UVI…). Esa determinación no viene dada, o no tiene por qué venir dada, por la limitación de medios: las características de cada paciente, y la naturaleza de las enfermedades, aconsejan una u otra medida, de acuerdo con unos protocolos preestablecidos. Ahora bien, existen situaciones, como las grandes catástrofes o como la presente pandemia que provocan un claro desequilibrio entre las necesidades y los recursos existentes. Ha habido momentos de agobio mayúsculo, porque nuestros sistemas de salud están ya muy tensionados en circunstancias normales. Afortunadamente, la disposición de los profesionales ha contrapesado esas limitaciones hasta un extremo encomiable.

P.– El Congreso acaba de dar luz verde a la ley de la eutanasia. ¿Cómo prevé su aplicación en Castilla y León? 

R.–  Me preocupa la aprobación de la ley sin un debate público ponderado, en donde se ha echado de menos una mayor participación de sociedades científicas, colegios profesionales, comités de bioética y otras tantas organizaciones concernidas. Su aplicación será compleja porque prevé un plazo muy corto (tres meses) para su entrada en vigor, claramente insuficiente si atendemos a la gran cantidad de aspectos por resolver con carácter previo a su aplicación: la formación de los profesionales, la elaboración de los documentos previstos en la Ley, la difusión a profesionales y ciudadanos o la creación de los órganos previstos en la norma, por señalar solo alguno de los problemas a los que nos enfrentaremos.

P.– A la vista de las mociones de censura, ¿ve apropiado que los políticos pierdan su energía en otra cosa que no sea la gestión de la pandemia?

R.– Los políticos deben ser servidores de la cosa pública y no siempre la actitud de algunos resulta ejemplarizante. En la actual situación, los esfuerzos deben concentrarse en lo sustantivo; ya habrá tiempo para ocuparse de lo subsidiario.

P.– De la pandemia ha nacido la infodemia. ¿Qué píldoras receta a la población contra la infoxicación?

R.– Decía Umberto Eco que el exceso de información provoca amnesia. Se refería a que una información desbordante, no controlada, no filtrada y no metabolizada no solo no ayuda al conocimiento, sino que actúa contra él. Resulta evidente que no tenemos información absolutamente contrastada e irrefutable sobre la enfermedad, lo que es campo abonado para rumores, falsas noticias, y recetas de arbitristas e iluminados. Seguro que fomentarían el conocimiento y, de paso, harían el mundo más habitable las píldoras de sentido común: los científicos deben investigar, los informadores cualificados transmitir la información contrastada, los profesionales sanitarios atender al paciente, y los políticos disponer lo preciso para que esas funciones puedan desarrollarse del mejor modo.