Los siete riesgos del carné de inmunidad que Sanidad ocultó

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, anunció el 7 de abril de 2020 que la Junta daría un carné de inmunidad a las personas que hubieran superado el coronavirus. Era una de las medidas que Castilla y León quería llevar a cabo en el marco de la desescalada que se estaba diseñando en el país en aquel momento. Pero  nunca llegó a ser una realidad. 

Al día siguiente, el entonces ministro Salvador Illa descartó su implantación en el ámbito nacional. Autoridades sanitarias y sociedades científicas fueron expresando también su recelo ante la dudosa pertinencia del carné y expertos como el virólogo italiano Andrea Crisanti llegaron a tildar a idea de «estupidez enorme» al advertir de que no existían evidencias sobre la presencia de anticuerpos después de superar la infección. 

El 30 de abril, Casado acabó reconociendo que existían «muchas sombras» para desarrollar este certificado de inmunidad. Sólo cuatro días antes, la Comisión de Bioética de Castilla y León, órgano consultivo del Sistema Regional de Salud, había elaborado un informe a solicitud de la propia consejería para evaluar su implantación, un documento que Sanidad se negó a facilitar a este periódico y que ocho meses después ha tenido que proporcionar en cumplimiento de una resolución del Comisión de Transparencia. 

Titulado Consideraciones éticas de la Comisión de Bioética de Castilla y León sobre la identificación de personas que han pasado la enfermedad covid-19, el texto realizaba siete advertencias sobre esta herramienta llamada a conceder cierta dispensa a los ciudadanos que hubieran superado la infección, relajando medidas de aislamiento social o la movilidad. 

Las consideraciones deben ser enmarcadas en aquel contexto aunque algunas reflexiones siguen hoy vigentes y están siendo objeto de debate estos días entre los bioeticistas, ante el desarrollo del certificado de vacunación que Bruselas está perfilando para su desarrollo en los países de la Unión Europea de cara a la movilidad en los próximos meses.  

El documento del 26 de abril introduce la «relevancia ética» que supone aplicar una discriminación positiva a partir de una información serológica. Por un lado, «contraviene el principio de igualdad», argumenta la Comisión de Bioética mientras advierte al mismo tiempo de «la situación de excepcionalidad que vivimos». A continuación, apunta las «notables incertidumbres en cuanto a la fiabilidad de las pruebas disponibles, lo que llevó a la OMS a recomendar cautela y a la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene a desaconsejar de forma expresa la emisión generalizada de certificados serológicos por parte de los servicios de salud».  1. Incertidumbre clínica

«Antes de permitir una mayor libertad de movimientos a un paciente, debería existir una evidencia no sólo clínica», que existe sólo en los casos sintomáticos, «sino también analítica», expone el documento antes de enumerar las incertidumbres que rodeaban en abril la detección de la enfermedad, la duración de esa supuesta inmunidad y la fiabilidad de los test. No había «datos fiables» para determinar el momento en que una persona deja de ser contagiosa, máxime cuando se conocían casos de persistencia prolongada del virus en el organismo durante semanas o incluso meses a pesar de la ausencia de síntomas y la presencia de anticuerpos en la sangre. De igual modo, la duración de esa supuesta protección era desconocida:«se especula con que pueda ser  transitoria»,  entre otras cosas, como ya entonces se anticipaba y ahora está siendo objeto de investigación, por la posible aparición de nuevas cepas mutadas, como sucede con otros virus». 2. Exceso de confianza

Igual que sucede ahora, «no está claro que una persona inmunizada que no guarde medidas de higiene esté libre de servir como vector de contagio» para otras personas. Por eso, el informe advertía del «exceso de confianza» que podrían desarrollar las personas que hubieran superado el contagio, lo que «podría suponer un riesgo social importante», mayor incluso que en personas «que sí se sabe que están infectadas». «Sería preciso recordar de manera continua  que el seropositivo con exceso de confianza puede ser un factor de propagación del virus», apostilla.  3. Publicidad de un dato personal

«Cualquier persona que, por su situación de seropositivo para covid-19, pudiera tener una mayor libertad de movimientos y más facilidad de acceso a lugares o a contactos interpersonales, debería justificar esta situación de aparente privilegio, haciéndose público así un dato de salud privado», recuerda el informe de la Comisión de Bioética al recordar que «cualquier identificación» debería ser «voluntaria y proporcionarse sólo con el consentimiento expreso de la persona interesada».  4. Falta de equidad

Al inicio de la primera ola, la escasez de test impedía diagnosticar los casos. En abril se estimaba que por cada paciente diagnosticado con una prueba específica podía haber otros seis casos sospechosos en Atención Primaria. Con ese panorama, de la discriminación positiva de una mayor libertad de movimientos no podrían beneficiarse todos los seropositivos sino sólo unos pocos. «Sería muy conveniente –por el beneficio personal y, más aún, por el beneficio social que supone aumentar la movilidad y con ella la actividad económica y social, de lo que depende incluso la supervivencia de muchas familias– que se pudiera beneficiar de una mayor movilidad la mayor parte de la población», reflexiona el informe al recordar que el carné no concede un derecho, sino que permite recuperarlo tras el duro confinamiento.  Para «minimizar esa falta de equidad» en el acceso de ese ‘estatus’,  ve necesario «estudiar todos los casos en que ha habido sospecha», mediante test masivos o rastreos voluntarios.  5. Inmunidad, ¿un valor social?

Podría darse el caso de que algunas personas buscaran «deliberadamente» la infección para alcanzar la inmunidad. A pesar del alto riesgo de la enfermedad (la letalidad entonces oscilaba entre el 5 y el 15% de los diagnosticados con PCR) el Comité de Bioética alertaba de que «es posible que en algunos ámbitos sociales y, sobre todo, en jóvenes en los que la mortalidad es mucho menor (aunque no inexistente) pudiera darse una actitud poco cuidadosa». En este punto, el informe explica que «se debería sancionar» a una persona si hubiera evidencia de su contagio voluntario «como un delito contra la salud pública».  6. Participación empresarial

Aborda el informe la posible disposición de las empresas a realizar pruebas diagnósticas entre sus trabajadores. Al respecto, apunta que no podría ser obligatoria para el empleado y que debería ser supervisada por el Sistema de Salud. Aunque los resultados serían confidenciales por ley, «pudiera haber empresas que, de conocer los resultados, optarían por seleccionar y/o afianzar a los trabajadores seropositivos, pensando en una menor probabilidad de baja médica o de cuarentena y en un menor riesgo de contagio a los compañeros».  De ser así, conllevaría una discriminación negativa hacia quienes no hubieran pasado la enfermedad o se hubieran negado a practicarse la prueba. Y las autoridades tendrían que vigilar que esa información sirviera como discriminación en el acceso a un puesto de trabajo, «como cuando una empresa evita contratar a mujeres en edad fértil».  7. Compromiso de solidaridad

«Alcanzar la acreditación de seropositivo puede suponer un relajamiento del confinamiento, beneficioso para la persona pero, globalmente, para la sociedad», reflexiona el texto. Y expresa que «una actitud coherente» en los seropositivos que se beneficien de mayor libertad de movimiento pasaría por ofrecerse a la ayuda de las personas más vulnerables y dependientes, incluso entre los enfermos. «Buscar un beneficio legítimo de esta situación clínica debería ir voluntariamente ligado a un cierto compromiso de ayuda en situaciones donde pudiera haber mayor riesgo de contagio», sostiene.