Avilagro se plantea renunciar a la subvención tras la polémica por su vinculación con el viceconsejero

La Junta dijo que no se iba a gastar «ni un euro» de la subvención sin consenso y queda claro que consenso, precisamente, no hay.  La Asociación de la Industria Agroalimentaria de Ávila Avilagro se plantea ahora, tras el revuelo desatado, renunciar a la subvención de 500.000 euros concedida por la Consejería de Empleo a esta entidad, que integra a una empresa de la que «fue socio director» el viceconsejero de Empleo, David Martín.

La Dirección General de Industria pide un informe a los servicios de Asuntos Económicos de la Junta para valorar los efectos de la «renuncia a una subvención directa» porque Avilagro baraja esta posibilidad, según confirman a este diario fuentes de la propia Consejería.

Se alcanza este punto tras el cruce de acusaciones entre los representantes sindicales y empresariales que conforman la Mesa del Diálogo Social, por un lado, y, por otro, los empresarios de la propia asociación  Avilagro y el viceconsejero, que considera «una anécdota» que su Consejería destine una ayuda económica a un conglomerado de empresas entre las que se encuentra Addit, gestoría de la que Martín formó parte antes de dar el salto a la actividad institucional de la mano de Ciudadanos. 

El documento redactado por el servicio de Asuntos Económicos de la Junta, al que ha tenido acceso EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓ N –reproducido en esta misma página– está fechado en el 22 de enero de este año y revela que en caso de que Avilagro «rechace o renuncie a la cantidad percibida (...) deberá reintegrar de manera íntegra, voluntaria, tal cantidad a través del procedimiento iniciado al efecto».

 

Esto es, si Avilagro devuelve la subvención que genera el rechazo de los integrantes del Diálogo Social por la vinculación del viceconsejero de Empleo, David Martín, esa cantidad deja de computar para la Consejería, la perdería porque pasaría a engrosar las cuentas generales de la Junta.

El pasado 17 de diciembre, el Consejo de Gobierno aprobó esta subvención de 500.000 euros a Avilagro para las primeras fases de creación de una Plataforma Logística Agroalimentaria en Ávila , que se engloba dentro del Plan Territorial de la provincia abulense. 

Su finalidad es «favorecer la comercialización de los productos agroalimentarios abulenses» yeste medio millón de euros es justo la mitad de lo que la Junta preveía aportar en sucesivas fases del proyecto, hasta su finalización en 2023.

Poco duró la paz tras esa tramitación. Patronal y sindicatos la desaprobaron cuando supieron de la implicación del viceconsejero. Comenzaron las críticas cruzadas y las reuniones aplazadas , hasta que esta misma semana, el presidente de la CEOE Ávila, Juan Saborido, pidió la dimisión de David Martín porque entiende que «un político no debe nunca direccionar subvenciones directas a empresas propias o donde ellos han podido tener una relación».

David Martín le replicó y reconoció, en declaraciones a la cadena Cope, sus vínculos con la gestoría Addit Soluciones Jurídicas y de Gestión, y defendió que nunca había ocultado su actividad, pero dejó claro que no se plantea poner su cargo a disposición.

El tono entre ambas partes es tan elevado que Martín llegó a afirmar que «algo» está «haciendo bien» si Juan Saborido le critica. 

Respecto a la propia subvención sobre la que planea una posible renuncia, Martín sostuvo que «ha sido aprobada con absoluto respeto a la legalidad y cumple con todos los requisitos técnicos y jurídicos», además de asegurar que él no ha participado en su concesión.

Antes de llegar al total desencuentro, la tensión ha ido creciendo desde ese  Consejo de Gobierno del 17 de diciembre. 

A dos días de terminar 2020, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, trató de apaciguar el descontento de las centrales sindicales y de la patronal, que tildaron de «inadmisible» la concesión de la subvención, asegurando que ponía «en riesgo» el Plan Territorial de Fomento de Ávila. 

Igea lo hizo con unas declaraciones que, a la vista de la información sobre la posible renuncia, parecen premonitorias. Apeló al consenso y aseguró que «no se iba a gastar ni un euro sin ser acordado en el Plan Territorial de Ávila».

Es más, el vicepresidente agradeció la «apuesta decidida de Confae, UGT y CCOO por el Diálogo Social» y se comprometió «a la máxima transparencia». Aclaró también que «la subvención no implica ningún gasto que no sea aprobado por el grupo de trabajo específico», por lo que pidió «tranquilidad». 

Los empresarios de Avilagro, que aglutina 60 empresas, cargaron el 22 de febrero contra sindicatos y patronal, y les culparon de que la plataforma agroalimentaria llevara «dos meses paralizada». «Los socios de esta organización piden altura de miras, consenso y capacidad de trabajo y negociación», dijeron. 

En su comunicado, además de criticar que el 13 de enero los representantes del Diálogo Social no acudieran a una reunión, les acusaron de «poco interés, especialmente en el momento en que conocieron que no serían ellos los depositarios de una subvención que tiene un fin concreto, que no es otro que la puesta en marcha de una plataforma agroalimentaria que va a beneficiar a toda la provincia de Ávila, y que se va a gestionar y fiscalizar con absoluta transparencia».

El propio viceconsejero de Empleo, David Martín, fue tajante y aseveró que la plataforma seguiría su curso y no iba «a esperar a nadie».  

Ante estas declaraciones, este lunes llegó la rueda de prensa conjunta en la que CEOE Ávila aseguró que Martín tenía que «dimitir urgentemente porque la creación de Avilagro fue realizada por la asesoría Addit, que la que Martín era socio director, empresa que es la primera integrante de la asociación empresarial». «Yo no digo que tenga que ver, lo dice él, que es socio director», indicó Saborido en referencia a un tuit de 2018 en el que el ahora viceconsejero se describía así.

UGT y CCOO acusaron también a la Junta de «falta de transparencia , de ocultar información y de no actuar de buena fe» y, en respuesta a los socios de Avilagro, aseguraron que la apuesta de las tres organizaciones es la de que «la gestión de los fondos públicos se haga con carácter prioritario por parte de las administraciones públicas», y esta labor recayó en la Diputación. «No hubo voluntad nuestra de gestionar nada», arguyeron.

Precisamente, el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, del Partido Popular, ha afirmado que «las cosas se podían haber hecho de otra manera» para evitar los conflictos. 

El asunto todavía está lejos de resolverse. Y según sus detractores su recorrido será por vía judicial. Los miembros del Diálogo Social presentaron un recurso contra la concesión directa a Avilagro «sin concurrencia competitiva» por parte del Consejo de Gobierno de la Junta, que Martín sostuvo que no prosperaría. Además, señalaron que llevarán el caso a los tribunales y exigen a Avilagro la devolución del dinero. 

Mientras, el viceconsejero anunció que el miércoles de la próxima semana, el 10 de marzo, está prevista una reunión del grupo de trabajo a la que están convocados sindicatos, CEOE y Avilagro.