Servicios Sociales multa a 15 geriátricos con 106.000€ por negligencias graves

La residencia privada Nuestra Señora Virgen de Begoña, en Toro, Zamora, sometió a sus usuarios «a una situación de abandono» , lo que le ha costado a sus gestores una sanción de 30.000 euros. Es la mayor multa impuesta a un geriátrico el año pasado. Desde marzo de 2020, la Junta sancionó a quince centros de mayores por un importe total que suma 106.800 euros, según datos de la Consejería de Familia. 

La multa a este centro toresano llegó en junio, meses después de que la Junta decidiera el cierre de sus instalaciones, en noviembre de 2019, al comprobar que carecía del personal mínimo exigible y que el edificio presentada un mantenimiento deficiente.

Es la única infracción ‘muy grave’ impuesta el año pasado en cumplimiento de las  normativas que regulan y protegen los derechos de las personas mayores en esta Comunidad: la ley 5/2003, de 3 de abril, de atención y protección a las personas mayores de Castilla y León y la 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León. 

Los datos, facilitados por la Consejería de Familia en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, corresponden únicamente a sanciones firmes. El departamento de Isabel Blanco mantiene su negativa a proporcionar el listado de los centros que recibieron requerimientos previos o que están en curso de un expediente sancionador, una información que solicitó este periódico pero que no ha sido proporcionada. Como ya resolviera ante varias peticiones de otros medios de comunicación, la Consejería de Familia vela por la reputación de estas empresas al ponderar que sus intereses comerciales prevalecen sobre el interés público de la información. 

Argumenta Servicios Sociales que sólo aquellos procedimientos que «adquieren firmeza» pueden acreditar una mala praxis, mientras que divulgar expedientes que aún no son firmes o actuaciones previas sobre posibles incumplimientos generarían, a su juicio, un «injustificado descrédito» sobre los centros señalados. Sólo accede a informar sobre sanciones firmes al entender que este listado traslada una «imagen fiel y acreditada de cómo se presta el servicio de atención residencial en Castilla y León» al dar a conocer los nombres de los centros que han tenido «incumplimientos acreditados». Sucede que la tramitación de expedientes puede durar varios meses hasta adquirir esa firmeza, de modo que las sanciones no corresponden necesariamente a incumplimientos detectados durante la pandemia, sino que pudieron iniciarse tiempo atrás, como es el caso señalado en Toro.   

De la relación de sanciones facilitadas, l a segunda más abultada, con 27.000 euros, corresponde a la residencia segoviana Rovira Tarazona, en Riaza , que en julio recibió tres multas firmes, de 9.000 euros cada una, por incumplimientos  que en este caso sonrojan tanto por los motivos como por los agravantes.

Su terna de incumplimientos consistió en ‘dispensar un trato desconsiderado e irrespetuoso al usuario’, ‘mantener las instalaciones en estado deficiente pese a la advertencia previa para corregirlo’ y por ‘grave incumplimiento de los requisitos mínimos de configuración de los centros’, según los tres artículos a los que aluden sus sanciones.

Pero es que además, esa mala praxis, fue ‘intencionada o reiterada y permanente en el tiempo’ y con la ‘gravedad del riesgo para la salud, el bienestar y la seguridad de los usuarios’, criterios de graduación que añaden responsabilidad a las infracciones detectadas. Las sanciones a esta residencia de Riaza tienen como fecha el 9 de julio. Meses después, en octubre, trascendió un brote en estas instalaciones que dejaron, al menos, siete fallecidos y una docena de hospitalizados. 

La tercera multa por su cuantía es la impuesta a la residencia burgalesa Parque Félix, que el pasado 21 de diciembre fue sancionada con 6.002 euros por dos infracciones: ‘No aplicar los criterios y estándares obligatorios’ e ‘incumplir la normativa de específica aplicación al expediente individual de los usuarios o a su programa de atención cuando implique un perjuicio para ellos’. 

El tipo de infracción más repetida fue la relativa al artículo 61-O de la Ley 5/03 , que amonesta el ‘incumplimiento de las obligaciones asumidas por la entidad titular del centro respecto a sus usuarios’, un epígrafe amplio que sirve para reprobar la gestión de seis centros de mayores en Castilla y León, con multas que, según los casos, oscilan entre 1.800 y 6.000 euros para el centro sancionado.  

De ellas, la cuantía más alta fue para la residencia de Riello, que en la primera ola fue noticia por sus positivos y en noviembre por el desprendimiento de un falso techo en unas instalaciones afectadas por las humedades, situación que obligó a trasladar a sus 26 usuarios a otros centros de la empresa concesionaria, Clece. 

Dos multas acumula en Valladolid la residencia San Javier de Simancas . Una de 3.600 euros ‘por no disponer del personal de atención directa exigible’ y otra de 1.800 euros por ‘funcionar o modificar las condiciones del centro sin autorización administrativa’. 

En Soria, también son dos las infracciones multadas a la residencia nuestra Señora del Rosario de Tardelcuende, por ‘funcionar o modificar las condiciones del centro sin autorización administrativa’ y ‘por incumplir obligaciones del centro’, por 2.400 euros cada una. 

Los quince centros multados entre 14 de marzo y el 31 de diciembre del año pasado suman 19 sanciones, porque tres de ellos tienen más de un expediente. Esas multas se reparten en siete provincias, ya que ni Ávila ni Salamanca registraron ninguna en ese tiempo. León (6 sanciones) es la que más tiene, seguida de Segovia, Soria y Valladolid, con tres en cada una, Palencia (2), Burgos (1) y Zamora (1). 

En Castilla y León hay 700 centros de personas mayores, sometidos al control y supervisión de la Junta. Ese control se intensificó el año pasado con más actuaciones de comprobación e inspección: de los 1.200 informes que venía realizando al año a los 1.800 sólo entre marzo y diciembre de 2020. Aunque la consejería no facilita datos de requerimientos previos o expedientes incoados, sí publica el listado de informes de comprobación realizados en cada uno de los centros.

Y mientras la mayoría de los geriátricos recibió el año pasado una o dos visitas, a otros acudieron los inspectores con gran asiduidad. Es el caso de las residencias Las Palmeras de Candeleda y Reina Amalia II de Briviesca, ambas con 25 informes entre enero y diciembre del año pasado.

Otros 16 figuran en el centro San Juan de la Cruz de Fontiveros, 15 en Nuestra Señora del Rosario de Candeleda, trece en Sagrada Familia de Aranda, doce en San Marcos de El Hornillo, once en El Bosque de Gredos de Piedralaves, El Racimo de Villalmanzo y San Fernando de La Granja y diez en Burgosierra de Burgohondo.