El tímido despegue del derecho a saber

Desde 2015, cualquier ciudadano de Castilla y León puede pedir a la Junta datos, documentos o expedientes generados en su gestión. Y, salvo excepciones justificadas, deberían dárselos. El ‘derecho a saber’ quedó regulado por ley hace cinco años y en este tiempo la Administración autonómica ha recibido 1.133 solicitudes de información pública.   

A la vista de los datos, la gran mayoría de esas peticiones fueron satisfechas, ya sea directamente o gracias  a la intervención de la Comisión de Transparencia, órgano independiente adscrito al Procurador del Común al que el solicitante puede acudir cuando no está de acuerdo con la respuesta obtenida de la Junta.  

Pero vayamos por partes . Del millar de expedientes generados en las consejerías en este lustro, el 74% fueron estimadas al dar por concedida la información. No fue así en el 17% de los casos, bien por inadmisión o por desestimación, al concurrir alguna de las causas o limitaciones contempladas en la normativa, que mantiene como ‘reservada’ aquella documentación que no se considera pública o sobre la que prevalecen otras restricciones.

Otras 54 solicitudes están pendientes de resolver, según la Consejería de Transparencia, la encargada de canalizar las peticiones entre los gabinetes de la Junta. 

Cuando el ciudadano no obtiene contestación o está disconforme con la respuesta, puede acudir a la Comisión de Transparencia (CT), que ha recibido 292 reclamaciones. Son más de las ‘no atendidas’ por la Junta (192), de modo que a este organismo con sede en León llegan, además de solicitudes rechazadas, algunas que la Junta dio por atendidas pero que en realidad no colmaron la pretensión del ciudadano. 

En todo caso , en la Comisión de Transparencia acabaron el 26% de las peticiones dirigidas a la Junta. Una de cada cuatro. Y su intervención se constata como decisiva para obtener la información. Por un lado, porque en el 40% de los casos dio la razón al reclamante, estimando parcial o totalmente su requerimiento. Pero, además, hay que añadir que en otro 35% de los casos se emitió una resolución ‘por desaparición de objeto’, es decir, porque el ciudadano obtuvo la documentación después de presentar la reclamación. Sumando ambas vías, la realidad es que el 75% de los ciudadanos que acuden a esta Comisión logran la documentación pretendida. 

Para Tomás Quintana,  Procurador del Común y presidente de la CT, el balance de estos cinco años es «sin duda positivo» , al haber estrenado un derecho hasta entonces inédito y «que puede ejercerse con la garantía que ofrecen instituciones técnicamente muy solventes y que actúan con autonomía e independencia del poder político, como es el caso de la Comisión de Transparencia en CyL» y, «en última instancia está garantizado también judicialmente».         

Joaquín Meseguer, director general de Transparencia de la Junta desde 2019, valora que la «evolución es positiva, pero no todo lo que debería ser» , matiza, debido a un «marco jurídico poco exigente» en Castilla y León. En su opinión, la ley autonómica es «tímida, parca». «No es la mejor que existe», sostiene, en comparación con otras normas del país, que a la hora de autoimponerse obligaciones fueron más allá de los mínimos que dos años antes había establecido la ley estatal. Porque en España, hasta 2013 no se consagró la transparencia como rasgo inherente a la actividad pública. 

Con apenas ocho años de vida, el recient e despegue de la cultura de la transparencia marca una «distancia abismal» respecto a países nórdicos, anglosajones y algunos latinoamericanos como México y Chile, cita el director general. Pone como ejemplo, Suecia, donde la ley de acceso a la información data de 1.766. 

Ese cambio de cultura es necesario entre la población y también dentro de las propias administraciones públicas, por inercia reacias en España a dar explicaciones sobre lo que sucede de puertas para adentro. Avanzar en esa sensibilidad exige mucha pedagogía interna para que el gestor y el funcionario de turno tomen conciencia del «deber» de mantener ‘paredes de cristal’.  Meseguer, que durante años trabajó en el Ayuntamiento de Madrid como Subdirector General de Transparencia, dice que en eso «la Junta no es distinta a cualquier otra administración pública». Y asegura que su equipo «siempre aprieta» para «convencer» al dueño de la información de que la conceda siempre que sea posible. 

En Castilla y León, el ejercicio del  derecho a saber ha ido creciendo cada año. El aumento fue muy notable en 2020, con 536 solicitudes en la Junta. Podría pensarse que la pandemia está detrás de esa mayor sed de información pública, pero Meseguer lo atribuye sobre todo a la simplificación del formulario online. Hasta finales de 2019 se exigían certificados de seguridad electrónicos que desincentivaban la llegada de solicitudes. La supresión de esos obstáculos dejó un procedimiento ágil y accesible; basta una conexión a internet. 

Por consejerías, son Sanidad y Educación las que reciben más solicitudes. Y son, en consecuencia, las que más veces se niegan a dar la información solicitada. Si nos fijamos en el volumen de reclamaciones que llegan a la CT, sin embargo, es la Consejería de Fomento la más contestada por el ciudadano. 

Atendiendo a los motivos esgrimidos para negar la información, sobre la docena de limitaciones establecidas prevalece una: tratarse de información que no existe como tal y que requiere una ‘acción previa de reelaboración’. En ocasiones es verdad que conlleva un trabajo extra inasumible, pero no son pocas las veces en que ese límite se interpreta de forma estricta y se usa de forma abusiva para restringir algunas informaciones, como luego se encarga de corregir en sus resoluciones la CT. 

Esa causa de inadmisión «es la que más veces invocan todas las administraciones públicas», apostilla el director general de la Junta. Y defiende que «no es una falacia, es un problema real» que, en su opinión, «evidencia» otra gran carencia: la falta de bases de datos para poder gestionar el acceso a la información pública en España . «Ojalá toda la información pudiera obtenerse a golpe de clic», expresa al recordar que persiste aún el soporte en papel y queda mucho por avanzar en digitalización. 

Llegan también peticiones variopintas que la administración no puede atender porque los datos ‘no obran en su poder’, que es la segunda causa registrada. La tercera, que ‘prevalecen intereses económicos y comerciales’, esgrimida en 17 ocasiones, once de ellas por la Consejería de Familia en 2020, entre otras, negándose a dar información de las residencias de mayores durante la pandemia que sí han proporcionado otras autonomías. 

Las resoluciones de la CT agotan la vía administrativa. Después se puede recurrir al concencioso-administrativo, pero la judicialización ha sido poco practicada. La Junta llevó dos casos a los tribunales en la anterior legislatura en su negativa a proporcionar información: fueron las consejerías de Presidencia en 2017 y la de Cultura en 2018. En ambos casos, el juez dio la razon al ciudadano, respaldando el dictamen de la Comisión de Transparencia. En el actual Ejecutivo, Meseguer se confiesa «más alineado» con la Comisión de Transparencia que con la mayor parte de sus colegas y no es partidario de recurrir el criterio que, en cada caso, establezcan Tomás Quintana y su equipo. 

Entre las «carencias» de la ley autonómica, Meseguer señala la ausencia de un régimen sancionador, algo que pretende corregir, entre otras cosas, en la futura ley autonómica, ya en tramitación, cuyo anteproyecto contempla multas de hasta 12.000 para los incumplimientos. También Tomás Quintana viene reivindicando que las resoluciones de la Comisión de Transparencia «sean ejecutivas» y no sólo «formalmente vinculantes para las Administraciones públicas».  

Otras mejoras que plantea la nueva norma son la posibilidad de una consulta previa a la administración sobre los datos disponibles, una mediación dialogada con la CT antes de llegar a la reclamación y la obligación  de que las consejerías justifiquen a la Dirección de Transparencia las razones por las qué se deniega una documentación.  

El cambio cultural dentro de las administraciones «no se hace de un día para otro»;es «lento pero imparable», resume Joaquín Meseguer al considerar que «los avances dependen de lo «atrevidas» y ambiciosas que sean las normativas. 

El presidente de la Comisión de Transparencia ya expresó en las Cortes su «percepción» de que el acceso a la información en la Junta «estaba mejorando». «A día de hoy sigo pensando lo mismo, aunque ya se sabe ‘lo mejor es enemigo de lo bueno’, y siempre habrá un camino sobre el que avanzar en materia de transparencia», reflexiona.