La Junta responde al varapalo del Supremo cerrando a las ocho de la tarde la hostelería

Los castellanos y leoneses pueden estar en la calle hasta las diez de la noche , pero los establecimientos no esenciales tendrán que volver a cerrar a las ocho a partir de mañana. 

El Tribunal Supremo tumba el toque de queda de Castilla y León al considerar que el presidente de la Junta no tiene «la competencia necesaria» para adelantarlo fuera de los límites horarios establecidos por el Gobierno central, y el Ejecutivo que lidera Alfonso Fernández Mañueco responde a este varapalo judicial cerrando la actividad no esencial a las ocho de la tarde. 

El auto de suspensión dictado establece que la decisión adoptada por Castilla y León hace un mes, de fijar el límite de la movilidad en las ocho, afecta a «la limitación de derechos fundamentales, como el de la libre circulación», e indica que la Junta disponía de otras alternativas que no tomó. 

El escrito, que se extiende en 18 folios , estima los argumentos del recurso presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque no entra en el fondo del asunto y sólo se pronuncia sobre las medidas cautelares solicitadas por la Abogacía del Estado. Deberán pasar varios meses hasta que el periplo judicial de esta cuestión se decida.

La resolución del Supremo subraya que «las propias alegaciones de la Junta de Castilla y León nos ponen de manifiesto que se ha optado por la restricción de la libertad de circulación antes que otras medidas disponibles» . 

Son las que ahora anuncia el Ejecutivo autonómico tras reunirse en un Consejo de Gobierno extraordinario. 

Unas medidas que al sector que más afecta es al de la hostelería, dado que la mayor parte del comercio ya cerraba alrededor de esas horas. Atañe a las terrazas en concreto, puesto que el interior de los locales permanece cerrado, igual que los gimnasios o los centros comerciales.

Ahora cambia el escenario. El silencio que ha acompañado a las calles de Castilla y León a partir de las ocho, deja paso a ciudades y pueblos más concurridos, sí, pero sin muchos lugares a los que acudir, más allá de supermercados, farmacias, estancos, centros sanitarios y otros establecimientos de alimentación considerados esenciales. 

Con este anuncio, algunas grandes cadenas de supermercado que llegaron a adelantar sus horarios de cierre por la falta de afluencia podrán ahora replantearse sus franjas de apertura.

Fernández Mañueco compareció al término del Consejo para anunciar que la nueva normativa restrictiva de actividad entra en vigor hoy, tras la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, y aseguró que aunque acata y respeta el fallo judicial,  subraya que aborda solo las medidas cautelares y espera a la sentencia definitiva. 

El presidente de la Junta descarta asumir ninguna «responsabilidad política», pese a que el auto afea al Ejecutivo regional el haber hecho caso omiso de las limitaciones especificadas por el Gobierno que permitían la restricción del derecho de circulación en unas horas determinadas. 

Mañueco defiende que «todas las medidas tomadas buscan proteger a los castellanos y leoneses»: «Somos responsables. Somos un Gobierno responsable que se preocupa por proteger la salud de sus ciudadanos. Hemos cumplido con nuestro deber», justificó ante las preguntas de los medios sobre si el revés judicial a su polémica medida tendría alguna repercusión política en el Gobierno. 

No sólo la descartó, sino que  mantuvo que cuando esta decisión se tomó –entró en vigor el 16 de enero– «la situación epidemiológica era mucho peor, estaban creciendo los contagios y se produjo un ascenso vertiginoso», y para combatirlo el toque de queda ha sido «un elemento fundamental y una medida provechosa» que ha favorecido que los positivos se reduzcan a un ritmo del 50% semanal.

Sobre este aspecto, rechazó la comparativa con otras comunidades que sin imponer esta restricción ven, igual que sucede en Castilla y León, cómo su situación epidemiológica mejora. «Cada Comunidad tiene que ver sus propias circunstancias. No solo las epidemiológicas, también las hospitalarias», indicó, y agregó que «pasado el toro, todos nos arrimamos».

Sin embargo, el Alto Tribunal, con la suspensión del acuerdo del 16 de enero para adelantar el toque de queda, recuerda a la Junta que «los límites máximos y mínimos dentro de los que las autoridades delegadas en el estado de alarma pueden adelantar y atrasar las horas de inicio y finalización de la limitación de la libertad de circulación están fijados con toda precisión en el art. 5, 1 y 2 del R.D 926/2020», y estas deben situarse «entre las 22 y las 00 horas el de inicio, y entre las 5 horas y las 7 horas el de finalización». Incide en que esos límites horarios «están delimitados con toda precisión».

También concluye que «ha quedado sólidamente cuestionada la adecuación a Derecho del acuerdo recurrido, que podría incurrir en nulidad de pleno derecho, al imponer una limitación de un derecho fundamental, la libertad de circulación, más allá del ámbito horario permitido en el R.D 926/2020, del estado de alarma».

A este respecto, el presidente de la Junta sostuvo haber sido «garantes y cumplidores del Estado de Derecho», y aludió a la justificación por la que el Supremo no ha impuesto las costas a ninguna parte para argumentar que «el debate tenía controversia jurídica», apuntó.

En este sentido, el escrito judicial suspende el acuerdo impugnado, «sin imposición de costas a ninguna de las partes, dada las características de la controversia y la dificultad jurídica que implica».

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo justifica también su decisión en que «no es posible reponer el derecho a la libertad de circulación afectado, ni de forma directa ni por sustitución, máxime cuando se trata de una limitación generalizada, que afecta a toda la población de Castilla y León (...) En definitiva, la consumación de una restricción ilegítima del derecho fundamental sería absolutamente irreparable», entiende la Sala. 

Sobre la posible oleada de demandas por lucro cesante que puedan interponer los sectores afectados, Mañueco aseguró que hay que tener «tranquilidad e ir paso a paso» y esperar a que el proceso judicial concluya.

Agradeció también a los ciudadanos lo que él entiende como un «abrumador respaldo al toque de queda» porque no salieran a la calle, aunque eso supusiera poder ser sancionados.  «Se ha entendido con claridad desde el primer día», sostuvo. 

Con estas multas, 717 impuestas en este mes, no queda claro qué sucede, ya que reconoció que «es un tema jurídicamente complejo y serán los servicios jurídicos los que deberán tramitarlas o ver si se quedan en stand by hasta que se dirima el fondo del asunto».

 Mañueco volvió a insistir en demandar al Gobierno «más herramientas» para poder  la pandemia y anunció que pedirá a Pedro Sánchez «una convocatoria urgente» de la Conferencia de Presidentes. «La última vez fue en octubre, ha pasado la segunda y estamos en la tercera ola sin que Sánchez nos reúna. Vamos a seguir trabajando para proteger la salud y reducir el impacto en la economía», aseveró.