Eje transformador del territorio

Es un vehículo en el que viajas de la mano del conocimiento; un eje de transformación del territorio, y un agente educativo, social y económico de primer orden. La Universidad es la institución que mayor valor añadido aporta a su territorio en la medida en la que crea nuevo conocimiento a través de la investigación, lo difunde mediante la docencia y lo transfiere a la sociedad a partir del apoyo al sector industrial. Este papel tan relevante para el progreso económico y social del entorno local, junto con el notable aumento de la competencia entre ellas, ha tenido como consecuencia un creciente interés por mejorar su desempeño. 

Por esta razón, la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) introdujo por primera vez el criterio de eficiencia en la gestión universitaria, a fin de incrementar el rendimiento de las instituciones y así fomentar su competitividad internacional. De este modo, partiendo de que la Universidad desarrolla tres funciones básicas: docencia, investigación y transferencia de conocimiento a la sociedad, la eficiencia universitaria hace referencia a la relación que existe entre los resultados docentes, investigadores y sociales alcanzados por las universidades, y los recursos humanos, físicos y financieros utilizados para obtenerlos. 

En esta línea, Almudena Martínez Campillo, profesora titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León (ULE), se embarcó en un proyecto en el que sacó la regla para evaluar la eficiencia docente, investigadora y social de las universidades de la Comunidad, un aspecto clave, indica, porque implica un análisis indirecto de la gestión realizada de los recursos universitarios, incluida la financiación pública recibida, a la hora de desarrollar las actividades docentes, investigadoras y sociales. Y lo hizo también porque no existían muchos estudios sobre este punto. 

Para este trabajo tomó datos desde 2008, cuando comenzó la última crisis y los gobiernos regionales empezaron a recortar fondos destinados a la educación superior, hasta 2017. La muestra nacional está integrada por 74 centros presenciales del Sistema Universitario Español, 47 públicos y 27 privados. En concreto, en Castilla y León, la muestra se compone de ocho universidades presenciales, cuatro públicas –Burgos, León, Salamanca y Valladolid–, y cuatro privadas –Católica de Ávila, IE University, Pontificia de Salamanca y Europea Miguel de Cervantes–. 

PÚBLICAS MENOS EFICIENTES

Martínez Campillo asegura que tanto el conjunto de las universidades españolas como en las de la Comunidad se han alcanzado niveles admisibles de eficiencia global, por encima del umbral mínimo tolerable del 50%, habiendo sido incluso más eficientes en términos de calidad de la producción universitaria obtenida que de cantidad. 

Es más, los centros de Castilla y León, celebra la profesora de la ULE, han alcanzado un valor medio de eficiencia global ligeramente superior que las del conjunto de España. Sin embargo, las públicas, de media, han sido menos eficientes que las privadas, es decir, las primeras han gestionado peor sus recursos que las segundas a la hora de desarrollar de forma conjunta las actividades de docencia, investigación y transferencia de conocimiento.

TRANSPARENCIA 

Las conclusiones de Martínez Campillo dejan patente que la actividad docente se ha gestionado de manera más eficiente cuando se emplean indicadores de cantidad de la producción universitaria obtenida, mientras que la investigadora lo ha sido con medidas de calidad. No obstante, alerta de que se observa «una gran ineficiencia» respecto a la actividad de transferencia de conocimiento a la sociedad. 

De media, las universidades castellanas y leonesas han alcanzado una mayor eficiencia docente que las del conjunto de España, si bien han obtenido un menor rendimiento de sus recursos a la hora de llevar a cabo las actividades investigadoras y sociales. En este caso, señala la investigadora, las públicas han gestionado mejor la función docente y, sobre todo, la investigadora que las privadas. Eso sí, estas últimas han logrado un mejor ajuste entre sus recursos y los resultados logrados en transferencia de conocimiento. 

universidad-empresa 

Almudena Martínez Campillo comenta que la afiliación de la universidad a un parque científico influye «positiva y significativamente» en sus niveles de eficiencia global y social. Esto se justifica, dice la profesora, en que los parques científicos se crearon para conseguir una mejor relación Universidad-Empresa, lo que debería traducirse en una gestión universitaria más eficiente, en especial de la función social basada en la transferencia de conocimiento al sector industrial. 

La localización, a su parecer, tiene un fuerte impacto positivo en la eficiencia docente, ejerciendo el efecto contrario en la investigadora. Por tanto, afirma que las distintas estrategias que han adoptado los gobiernos regionales en la gestión y financiación de los sistemas universitarios, así como las diferencias existentes en cuanto a los niveles de desarrollo económico e inversión de cada comunidad autónoma, parecen haber jugado «un papel esencial» a la hora de explicar las diferencias en la gestión universitaria de los recursos para desarrollar las actividades de docencia e investigación. 

TASA DE EMPLEO

Este trabajo, premiado por el Consejo Económico y Social (CES) y el CEI Triangular-E3, concluye que la eficiencia global de las universidades contribuye «de manera decisiva» a la tasa de empleo y el PIB per cápita de las provincias donde están situadas. En este sentido, manifiesta que, dado que las instituciones más eficientes producen un mayor volumen de resultados docentes, investigadores y sociales para una cantidad dada de recursos, contribuyen en mayor medida al progreso socioeconómico de los territorios donde desarrollan su actividad, en especial en términos de creación de puestos de trabajo y riqueza. 

Además, Martínez Campillo apunta que cuanto mayor es la eficiencia docente de las universidades, mayor es su producción de capital humano altamente cualificado a partir de sus inputs, lo que afecta de forma positiva tanto al esfuerzo innovador como al empleo y la riqueza generados a nivel provincial. «Ello se debe a que los graduados universitarios suelen tener un mayor potencial de creatividad e innovación, gozar de mayores tasas de ocupación y actividad, ser más productivos y recibir salarios más elevados que las personas con niveles educativos más bajos», detalla. 

Otro punto que pone encima de la mesa este estudio es que la eficiencia investigadora impulsa «notablemente», el esfuerzo innovador de la provincia en la que las universidades operan. Así, expone la profesora de la ULE, cuanto mayor es su producción investigadora para una cantidad determinada de recursos, mayor es la propensión a la innovación de los territorios donde están localizadas, ya que hay más posibilidades de que los nuevos conocimientos científicos generados en la Universidad puedan ser utilizados de manera exitosa por las empresas locales «para estimular la innovación y aumentar su capital tecnológico». 

En esta línea, destaca que la eficiencia social de las universidades está muy vinculada con el grado de emprendimiento. Y es que cuanto mayor es la eficiencia, más elevado es el número de personas que deciden convertir su idea en un proyecto tangible. Ahí, puntualiza, aumenta la tasa de nuevas empresas derivadas de una mayor transferencia de conocimiento de las instituciones al sector industrial local. 

Ahora bien, ¿en qué se traducen estas conclusiones? A su parecer, son útiles para el Ejecutivo autonómico, interesado en expandir su educación superior en un entorno cada vez más competitivo, pero conteniendo los costes. A su vez, agrega, es básico para sentar las bases para «aliviar los tradicionales problemas de falta de competitividad de las universidades regionales». Sin olvidar, por supuesto, tal y como declara, la conveniencia de promover, dentro de lo posible, aquellos factores que pueden conducir a un mejor desempeño por parte de las universidades regionales. 

Evidencias «inéditas» que han confirmado que la presencia de universidades eficientes, tanto a nivel global como en cada una de las funciones universitarias, fomenta el desarrollo y la competitividad de las provincias donde están implantadas. Así, la profesora de la Universidad de León sostiene que se ha demostrado que, en una región con las singularidades y las características de Castilla y León, la contribución de la eficiencia universitaria al desarrollo local ha tenido su origen en el fomento de la innovación y el emprendimiento a nivel provincial, produciendo también efectos positivos en la creación de empleo y riqueza. De este modo, a su juicio, si las universidades de la región son eficientes, pueden convertirse en importantes focos de atracción y generación de valor añadido y, por tanto, de competitividad en los territorios donde se ubican. 

Para cambiar las reglas del juego, Almudena Martínez Campillo subraya que se requiere «voluntad política, institucional y civil» para reemplazar un sistema universitario costoso y bastante ineficiente» por otro de alto valor añadido y competitivo, puesto que es «un requisito» para el cambio de modelo productivo de esta Comunidad para mejorar su situación económica y social. 

recomendaciones

En primer lugar, recomienda a la Junta de Castilla y León definir de manera conjunta una nueva estrategia universitaria para España, coordinada con Europa y encaminada a la modernización universitaria –promoción de la excelencia, el impulso de la internacionalización y la implicación en un cambio del modelo económico basado en la innovación–, que permitiese incrementar los resultados docentes, investigadores y sociales de las universidades de la Comunidad a partir de los recursos a su disposición, adecuándolos a las demandas sociales y al contexto internacional. 

No hay que pasar por alto, afirma Martínez Campillo, que la principal causa de la ineficiencia es la escasez de los resultados docentes, investigadores y sociales. Ante esta circunstancia, considera que, para optimizar la gestión de los recursos humanos de estas instituciones, podría ser crucial afrontar «la confusa configuración» de la carrera profesional de su personal docente e investigador, así como desarrollar políticas para crear, mantener y captar talento. 

Respecto a la asignación de los recursos físicos, las distintas universidades regionales tendrían que abordar dentro de sus respectivas planificaciones estratégicas «la excesiva atomización de las estructuras a partir de las cuales canalizan sus actividades», así como su posible eliminación, fusión y consolidación, tratando de reducir cualquier posible menoscabo a su capacidad docente, investigadora y social. Otro aspecto singular es la financiación que, en su opinión, deberían mantener un marco estable, con independencia del momento del ciclo económico, con una parte fija de fondos estructurales y otra parte variable en función de los criterios de excelencia. 

Poner el conocimiento científico al servicio del tejido industrial y la sociedad es, a su parecer, fundamental, ya que las universidades castellanas y leonesas apenas han cumplido «su papel de fertilización innovadora de los sectores productivos», lo que ha reducido el esfuerzo innovador de las empresas, originando «un círculo vicioso que amenaza el futuro desarrollo económico y social de la Comunidad», lamenta la profesora de la ULE. 

Esta investigación también deja patente la importancia de completar los fondos públicos, mermados por la crisis, con fondos privados procedentes de la transferencia de los resultados de la investigación universitaria al sector industrial para mejorar su competitividad, o bien de acciones de patrocinio y mecenazgo que impliquen a entidades privadas y ciudadanos en la necesidad de colaborar con la universidad para resolver algunos problemas de la sociedad. El broche lo pone «la innovación e incorporar las ventajas de las TIC en las actividades; fomentar el talento; modernizar los sistemas de información y toma de decisiones; mejorar los procesos de adquisición de recursos y los canales de comunicación, y realizar una planificación estratégica acorde con las demandas del entorno económico y social», concluye.