La Junta y Hacienda crean un grupo de lucha contra el fraude por cambios ficticios de domicilio

Armonización fiscal . Esas son las dos palabras de moda en los últimos meses, sobre todo después de que el Gobierno de Pedro Sánchez las pusiera en la primera línea de la política y la economía, con su negociación de los presupuestos. Una armonización que parece mirar directamente a Madrid. No en vano la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso , en coalición con Ciudadanos y el respaldo de VOX, viene bajando impuestos , en lo que no pocos gobiernos autonómicos califican casi como un dumping fiscal.

Pero no sólo es Madrid. En el caso de Castilla y León se mira, y mucho, hacia el País Vasco y Navarra, a las que desde la Junta se entiende que su régimen foral les da una ventaja fiscal que hace que la Comunidad compita en desventaja en cuanto a garantías y rebajas fiscales. Y es ahí donde crece la picaresca de aquellos que buscan cualquier atajo para pagar menos impuestos, aunque estos puedan estar al límite de la legalidad, cuando no rebasarla . Es el caso de quienes hacen un cambio de domicilio, que realmente no es tal. O, lo que es lo mismo, un domicilio ficticio con el que simulan vivir en otro territorio con los tributos más bajos.

Este nuevo panorama es el que lleva a la Comunidad Autónoma a intensificar su lucha contra ese posible fraude fiscal . Tarea para la que cuenta ya con un grupo de trabajo conjunto con la Agencia Tributaria contra esa nueva ilegalidad que está empezando ya a verse, con cambios ficticios de domicilios hacia comunidades con impuestos más bajos.

Desde Castilla y León, y así lo señalan las fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda consultadas por este periódico, no se quiere hablar tanto de grupo de trabajo ad hoc, como de una estrecha colaboración entre los servicios fiscales de la Comunidad y los del Estado. Colaboración que lucha «contra todo tipo de fraude fiscal» , aseguran estas mismas fuentes, a la vez que reconocen que se está dando en los últimos tiempo un tipo de fraudes con domicilios ficticios en otros territorios con menor presión fiscal y de impuestos, léase Madrid, País Vasco y Navarra. Una estafa que, dicho en roman paladino, pasa por simular que se reside en un lugar distinto al real.

Pero no sólo se trabaja en este tipo de fraude, sino que en ese grupo, en esa estrecha colaboración entre Castilla y León y la Agencia Tributaria, se investiga todo tipo de fraude, a decir de las mismas fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda. El fin último, según detallan, es claro y pasa por evitar la fuga de empresas y contribuyentes principalmente al País Vasco, Navarra y Madrid, con una menor presión fiscal.

Castilla y León es la segunda Comunidad Autónoma, por detrás de Madrid, con los impuestos más bajos, según viene recordando el Ejecutivo autonómico por boca de su presidente Alfonso Fernández Mañueco y del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. Eso sí, sólo en el tramo autonómico del IRPF porque no sucede lo mismo con ese impuesto de sucesiones , cuya prometida supresión quedaba relegada por la pandemia del coronavirus, o el de patrimonio.

Desde la patronal de empresarios de Castilla y León, Cecale, se viene alertando una y otra vez que la presión fiscal a la que se les somete en la Comunidad va camino de tener un efecto dominó en la salida de empresas hacia otras comunidades autónomas más flexibles en su política fiscal, como Madrid, aseguran. Razón por la que vienen exigiendo a la Junta que rebaje esta presión fiscal con la eliminación de los impuestos de patrimonio, de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados . Tres impuestos que no existen en la Comunidad de Madrid y que ahora se sospecha, y de ahí este grupo de trabajo con la Agencia Tributaria, está sacando a la luz la figura de ese contribuyente que simula vivir en otro territorio distinto del de Castilla y León para pagar menos impuestos.

Exigencia de menos impuestos y más baratos que la patronal avala con datos de fugas de empresas hacia otras comunidades. Cambios de domicilios, estos no ficticios, que se vienen incrementando, según las cifras que maneja la patronal castellana y leonesa Cecale, hasta las más de 300 en el último año , en su gran mayoría a la Comunidad madrileña. Una fuga que a los empresarios preocupa y que fija en el hecho de que se siga contando con el impuesto de patrimonio, el de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados. Gravámenes con los que, según señalan desde la patronal, se penaliza dos veces y se resta mucha capacidad de inversión de los empresarios.

A la Consejería de Economía y Hacienda, en lo que a fuga de empresas se refieres, le preocupan Navarra y el País Vasco más que Madrid porque tiene competencia sobre el impuesto de sociedades, cosa que no sucede en la Comunidad madrileña ni, por supuesto, en Castilla y León. Competencia que les viene dada por ese régimen foral propio contra el que también se revela Castilla y León. Conviene recordar que es, junto con La Rioja, la única Comunidad que ha recurrido a la Justicia por los beneficios fiscales de Euskadi y Navarra y por esa competencia que ejercen sobre el resto de territorios .

Hacia esa línea, sobre todo y no sólo hacia Madrid, guía sus pasos esta lucha por el fraude fiscal, enmarcado ahora en esos cambios de domicilios que no son reales. «Perseguimos cualquier fraude y un cambio de domicilio a cualquier Comunidad puede serlo si no está debidamente justificado» , remarcan las fuentes de la Consejería preguntadas por este periódico, que insisten que hacia donde se extrema la vigilancia es al País Vasco y Navarra por ser los territorios que más competencias tienen en impuestos.

Y, todo ello, con el trasfondo de la tan cacareada armonización fiscal que la Junta rechaza, al menos si esto va a suponer una subida de impuestos. El propio Carlos Fernández Carriedo, durante la presentación de la contabilidad de Castilla y León, rechazaba la  armonización si el Gobierno la utilizaba como un «eufemismo» para subir impuestos, porque «no es el momento». «No nos parece el cauce adecuado, estamos por reducir impuestos, favorecer el crecimiento y apoyar a las familias; estos son los elementos diferenciales de las cuentas de Castilla y León respecto a las del Estado» , matizaba Carriedo.

Pero mientras esa armonización fiscal llega, algo que parece difícil toda vez que Madrid sigue insistiendo en rebajar sus impuestos propios de forma unilateral, la defensa de Castilla y León y de otras comunidades, como es el caso de la Valenciana, pasa por aumentar la lucha contra el fraude para evitar la fuga de contribuyentes y empresas que simulen tener su residencia fiscal en otros territorios como Madrid.