Desequilibrio de rastreadores: la ratio de Valladolid duplica la de Soria y Burgos
Soria tiene uno por cada 1.926 habitantes, Burgos, por 2.644 y Valladolid, por casi 5.000 | Zamora no cumple el mínimo recomendado | Solo la mitad son nuevos contratos | 90 de los 120 del ejército no se han incorporado
Imagen de archivo de un paciente que se somete a una prueba PCR en Valladolid. PABLO REQUEJO (PHOTOGENIC)
De nuevo, desequilibrios fundamentales entre provincias en la lucha contra la Covid-19: la distribución de los rastreadores en Castilla y León no atiende a la evolución de la pandemia. Que Valladolid sea, junto a Salamanca, una de las dos provincias que peores tasas de transmisión del virus presenta no concuerda con los rastreadores asignados por la Junta.
La provincia vallisoletana dispone de menos rastreadores por habitante que el resto de la Comunidad, salvo Zamora, que ni siquiera cumple el mínimo recomendado por el Ministerio de Sanidad.
El mismo día en el que entraron en vigor las medidas más restrictivas en Valladolid y Salamanca –el 3 de septiembre–, retrocediendo en algunos ámbitos «casi a la fase uno», Sanidad mantenía una distribución muy desigual de los efectivos llamados a controlar la expansión del coronavirus: las ratios de habitantes por cada rastreador en Valladolid y Zamora son sustancialmente superior a la de otras provincias.
Llegan a duplicar a las de Soria y Burgos, según se desprende de la última estadística disponible en el portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León, que data del pasado día 3.
Atendiendo a esos números, Valladolid cuenta con un rastreador por cada 4.723 residentes, mientras que la media de la Comunidad es de uno por 3.680.
En la provincia vallisoletana la cifra asciende a 110, muy cercana a la mínima recomendada, que se sitúa en 104 profesionales. Sin embargo, pierde dos efectivos frente a los que tenía un mes atrás según la propia Junta. El 11 de agosto eran 112 los rastreadores desplegados por Valladolid y un mes después, con la situación empeorando hasta el extremo de aprobar controvertidas y restrictivas medidas, son dos menos.
La comparativa interprovincial arroja diferencias muy significativas. En Soria, cuyo padrón es el más ‘escuálido’ de todos, la ratio de un profesional dedicado a esta tarea por habitante es la más favorable y se fija en uno por 1.926 vecinos.
Tanto la provincia soriana como la vallisoletana entran dentro de las recomendaciones del Gobierno que estipulan un rastreador por 5.000 habitantes. Sin embargo, Soria cumple esa referencia más holgadamente: debería disponer de al menos 17 trabajadores encargados de controlar los contactos de los pacientes positivos y suma 46.
También Burgos supera con un amplio margen los 70 mínimos que le corresponderían: cuenta con 135 efectivos, 65 más. Además de disfrutar de la segunda mejor ratio: uno por cada 2.644 personas.
Solo Salamanca se une a Burgos y Soria en disfrutar de mejor distribución que la media autonómica. Tal y como se observa en el gráfico adjunto a esta información, en la provincia charra la proporción se estima en uno por 3.269 vecinos y supera por 37 los profesionales dedicados a rastrear indicados por el Ministerio.
En el extremo contrario se encuentra Zamora, con la peor proporción de todas. Las últimas estadísticas publicadas revelan que no alcanza los 32 rastreadores recomendados y se queda a dos efectivos de cumplirlo.
Así, su ratio se desboca a los 5.751 habitantes por efectivo. Una situación que no atravesaba hace un mes. Este personal específico ha menguado ya que a principios de agosto disponía de 47.
Tras Zamora y Valladolid, son Segovia, León y Ávila las que presentan más abultado número de habitantes por cada trabajador encomendado a controlar los contactos de posibles contagiados.
En Segovia, la ratio asciende a 4.254 personas por rastreador, con 36, siete más de lo aconsejado. Le sigue León, con uno por cada 4.071 residentes, al contar con 113, frente a los 87 mínimos estipulados.
En cifras similares se mueve Ávila: 4.042 vecinos por cada profesional, que ascienden a 39. Palencia alivia algo su proporción: 3.833 habitantes por cada uno de los 42 rastreadores contratados.
A los 652 rastreadores de la Junta de Castilla y León se suman los 120 operativos del Ejército, dependientes del V Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que el Ministerio puso a disposición de la Comunidad.
Pese a que Sanidad contabiliza 120 efectivos, la propia UME confirmó ayer a este diario que, por el momento, tan solo 30 rastreadores están trabajando. Lo hacen desde finales de la pasada semana, telefónicamente desde León, en las áreas de Valladolid y Salamanca por encontrarse en una situación más crítica.
Esta no es la primera muestra de desigualdad entre provincias que se puede achacar a la Consejería de Sanidad. Lo mismo sucede con la dotación de camas UCI o con las listas de espera. Según en qué zona de Castilla y León se viva, de más recursos se dispone.
Mientras la consejera de Sanidad, Verónica Casado, alerta de que la bolsa de empleo para reforzar el sistema sanitario está agotada, los datos de contratación de rastreadores no favorecen que este problema se resuelva, dado que solo la mitad del personal que realiza los rastreos corresponde a nuevas contrataciones. El resto son recolocaciones de otros departamentos de Sacyl.
Cuando el total de rastreadores ascendía a superaba los 635, 319 de ellos respondían a contratos de nueva creación. De ellos, 246 pertenecían a personal de Enfermería, según los datos facilitados por Sanidad a este periódico.
Aunque los 17 que se han incorporado desde entonces fueran nuevos contratos, la proporción se mantendría: solo la mitad se han incorporado a Sacyl para desempeñar los rastreos, los demás proceden de otros servicios.