CCOO acusa a la Junta de abandonar a los más de 1.800 trabajadores de madrugadores y tardes en el cole

Comisiones Obreras de Castilla y León denuncia la situación de abandono a la que somete la Consejería de Educación a un importante número de personas trabajadoras, en concreto más de 1.800, que desempeñan su cometido profesional en los programas de “madrugadores y tardes en el cole” y “acompañantes de transporte escolar” dependientes de la Junta. Desde el pasado día 13 de marzo, tras decretarse el cierre oficial de todos los colegios públicos en este país, este colectivo no puede desempeñar su trabajo. "Y lo que es peor, a día de hoy no saben si percibirán el salario íntegro correspondiente al mes de marzo, así como los correspondientes al tiempo que dure la situación de Estado de Alarma", asegura el sindicato en un comunicado.

Ante la situación de emergencia de salud pública como consecuencia del coronavirus Covid-19 se establecieron una serie de medidas urgentes extraordinarias a través del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, complementadas por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, todas ellas de obligado cumplimiento para todo el Estado. El objetivo de estas medidas no es otro que “evitar los efectos negativos sobre el empleo y la viabilidad empresarial derivados de la suspensión de los contratos públicos”. Por eso, en su artículo 34, regula el procedimiento a seguir por las empresas adjudicatarias de contratos de las diferentes administraciones para que, en esta situación excepcional, reclamen los gastos salariales a la Administración correspondiente, y ésta deberá indemnizárselo a la empresa. “En definitiva, las personas trabajadoras de estos contratos no deberían verse afectadas por ninguna medida, ni tener merma alguna en sus salarios”, indican desde CCOO a través del comunicado en el que dejan claro que se han dirigido en reiteradas ocasiones a la Junta de Castilla y León para que garantizase la correcta aplicación del artículo 34, a la vez que instaban a las empresas afectadas para que no presentasen ERTE alguno. "Tanto Junta como las empresas hacen oídos sordos, situando a este colectivo en una absoluta indefensión”, denuncian los responsables del sindicato en su escrito remitido a los medios.

Comisiones hace un llamamiento claro a las empresas que gestionan estos servicios para que retiren los ERTE ya presentados y reclamen a la Administración autonómica los gastos salariales correspondientes a la segunda quincena del pasado mes de marzo, así como lo que corresponda durante el tiempo que dure esta situación. "Si finalmente no atienden esta petición, procederemos a realizar todas las alegaciones pertinentes ante la autoridad laboral para que no se autoricen. De no ser así utilizaremos las herramientas legales a nuestro alcance para revertir semejante despropósito", indican.

Se trata de un colectivo cercano a las 1.800 personas en toda la Comunidad. En su mayor parte son mujeres. Todas ellas cuentan con un contrato de trabajo a tiempo parcial. "Además, a día de hoy se encuentran en una situación muy precaria por la actitud de la Junta". Ambos programas, aunque dependen de ella, se prestan a través de empresas privadas adjudicatarias de la contrata. Sus profesionales se encargan del cuidado de los escolares de los colegios públicos de Castilla y León desde que salen de sus casas hasta que da inicio el horario escolar.

En estos momentos la situación es otra, y esos casi 1800 trabajadores y trabajadoras "pobres", porque su contrato precario sólo les reporta unos 300 € al mes, aún lo son más. Han percibido la nómina correspondiente al mes de marzo, sí, pero en la mitad de su cuantía habitual, porque lo correspondiente a la segunda quincena del mes está en un limbo.