Cs se alía con el PSOE para citar a Sánchez Galán en la comisión eólica

Sólo seis de los 21 imputados en la trama eólica aparecen en lista de comparecientes de la comisión de investigación de las Cortes,  que acaba de pactar Cs con el PSOE a espaldas del PP.

Una lista base de 25 nombres en la que Ciudadanos se alía con el Partido Socialista y que sirve para citar al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que evidentemente ni está  investigado ni aparece en la trama eólica por ningún lado.

Una maniobra la del pacto ideada por el portavoz en la comisión eólica, el procurador por Palencia, Juan Pablo Izquierdo, afín a Francisco Igea, el único afín a Igea, junto a la portavoz del grupo en las Cortes, Ana Carloa Amigo. Hasta el presidente de la comisión, el procurador de de Cs por Burgos José Ignacio Delgado estaba sorprendido de esta maniobra, según relatan las fuentes consultadas por este periódico.

Rafael Delgado, los hermanos Esgueva, Alberto y Francisco, Andrés Martín de Paz, Jesús Rodríguez Recio y Germán José Martín Giraldo son los únicos investigados de la trama que figuran en esa primera lista base de 25, sellada con el acuerdo de la formación naranja con los socialistas.

Fuentes del Partido Popular, consultadas por este periódico, se mostraban muy molestas con cómo se había cerrado el acuerdo de Cs con el PSOE y no dudaban en señalar que parecía que lo que se quieres es «evitar la comparecencia de familiares de algún dirigente de Cs», sin llegar a especificar a quien se refería.

La realidad es que la reunión de la comisión de investigación de la trama eólica y el caso de la Perla Negra fue «muy bronca», entre los socios de gobierno PP y Cs, tras conocerse el acuerdo. Y, no sólo eso, sino que había sido la formación naranja, a través de Juan Pablo Izquierdo, quien había dado el paso de dirigirse al PSOE para alcanzar el acuerdo con esa lista base de 25 nombres en los que sólo figuran 6 de los 21 imputados, mientras se citan a personas y políticos que no están en la investigación de la trama, como Sánchez Galán. En el caso de la Perla Negra y los terrenos del polígono de Portillo, sólo se queda fuera, al menos de momento, el investigado Salvador Molina. Bien es cierto, que el resto, salvo la ex viceconsejera Begoña Hernández, lo están porque son llamados en la eólica.

La bronca entre PP y Ciudadanos en la comisión de investigación la verbalizan el ‘popular’ Salvador Cruz y Juan Pablo Izquierdo. El primero le reprochaba que habían sellado el pacto con el PSOE a sus espaldas y que no era «democrático» llevarlo con todo cerrado. La respuesta de Juan Pablo Izquierdo, según las fuentes a las que ha tenido acceso este periódico, era clara y sonaba casi a amenazante: «Esto es lo que tenemos hecho, lo aceptas o pasamos al plan B». Lo que no hizo Izquierdo es aclararle a Salvador Cruz cuál era ese plan B.

La gran jugada es del Partido Socialista que ha logrado abrir una grieta en PP y Ciudadanos con su acuerdo con la formación naranja en la comisión éolica, al que también se sumaba el grupo mixto, a través de Podemos. Así las cosas, los 25 comparecientes cerrados se unirán otros, que cada grupo elegirá con total libertad, sin que puedan ser vetados. Así a los socialistas le corresponderán otros 15, entre los que ya garantizan que estarán el resto de los imputados; a los ‘populares’ 13, a los ‘naranjas’ cinco y al Mixto, dos. La próxima reunión de trabajo de la comisión se celebrará el próximo martes, 3 de marzo, por la mañana, antes del pleno de las Cortes. En ella se establecerán los restantes citados hasta alcanzar los 60 establecidos de forma inicial.

Los 25 primeros

El listado de eso 25 primeros lo encabeza  ex viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández; los hermanos Alberto y Francisco Esgueva; Germán Martín Giraldo; Luis María García Clérigo; Ángel Román Montes López; Luis Ángel Rodríguez Herrero; Carlos González Maestro; Jesús Rodríguez Recio; el consejero Carlos Fernández Carriedo; la edil y exconsejera Pilar del Olmo; el exdirector Ricardo González Mantero; la ex vicepresidenta y ex consejera María Jesús Ruiz; José Manuel Jiménez Blázquez; el inspector de la Agencia Tributaria; Benedicto González Vereda; Tomás Machota Martín; Jesús Jiménez Miguel; José Luis Reyes Sánchez; Andrés Martín de Paz; el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Luis Antonio Recio García, Juan Carlos Sacristán Gómez y Francisco Armero Gutiérrez.

Al término de la reunión, y sobre el enfrentamiento de los socios PP-Cs, el presidente de la comisión, José Ignacio Delgado,defendía el acuerdo con el PSOE  su intención de avanzar con el fin de que las sesiones sean «ejecutivas», «pragmáticas» y «realistas». Delgado dejaba claro que la propuesta, apoyada por los socialistas y el Mixto, pretende no «dilatar» más en el tiempo los trabajos de investigación y recordaba que por la experiencia de la pasada legislatura 60 es una cifra «razonable», si bien garantiza que habrá «flexibilidad». «Se trata de arrojar luz sobre lo ocurrido en un tema como las energías renovables para que Castilla y León sea una tierra de oportunidades», finaliza.

Por su parte, Juan Pablo Izquierdo, explica que la intención de su grupo es «plantear un nuevo modelo que diera un orden de funcionamiento y eficacia a esta Comisión». El procurador palentino reitera que se busca «la máxima transparencia, una comisión con luz y taquígrafos para que se conozca la verdad sobre estos cuatro temas».

La vicepresidenta de las Cortes y portavoz de PSOE en la comisión, Ana Sánchez, se felicitaba de que «por fin» se vea «un atisbo de esperanza» para que dicha comisión comience a funcionar con criterios democráticos. Así lo señalaba Sánchez, en una nota remitida.

«Es el primer día que vemos un atisbo de transparencia en esta Cámara», asevera, para añadir que es «un paso importante y firme» para saber qué pasó con el dinero de todos los castellanos y leoneses.

El portavoz popular Salvador Cruz cuestiona el cambio del modelo aplicado hasta ahora en las comisiones de investigación de las Cortes y asegura que dudan de que cumpla la legalidad, por lo que solicitarán un informe jurídico ya que tachó de «aberración» que cada grupo pueda aprobar, en función de su representación, lo que presente, y apeló al principio democrático de las mayorías.

El parlamentario ‘popular’ señala, según Ical, que en lugar de votar cada una de las propuestas, como a su juicio se ha hecho hasta ahora, el acuerdo ha sido dar “libertad” a cada uno para que en virtud de su representación proponga comparecientes. También, rechaza que se limite el número de comparecencias a un total de 60, mientras inicialmente recordó que se habían planteado desde un mínimo por parte de Cs de 38 a un máximo del PSOE de más de 130.