Las tarifas de la ITV suben un 3,5% desde mañana en Castilla y León

Las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) subirán a partir de mañana un 3,5 por ciento en Castilla y León debido a que se les aplicará la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) calculada entre 2016 y 2019. De esta forma, la revisión de un turismo de gasolina pasará a costar 42,33 euros y el de gasolina, 50,25 euros, según recoge la orden que publica hoy el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Esta medida responde al cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo en diciembre del pasado año que rechaza los recursos de casación interpuestos por la Junta y la Asociación de empresas concesionarias del servicio, contra una sentencia de 2016 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad, tras aplicar el Gobierno autonómico una rebaja del 20 por ciento en 2014 y modificar el sistema de revisión para que no estuviera vinculado con el IPC.

El pronunciamiento del Supremo, que no acepta los recursos del Ejecutivo y las empresas y les impone el pago de las costas, lleva a la Dirección General de Industria a adoptar una resolución por la que autoriza las tarifas a percibir por las concesionarias de la ITV de Castilla y León para este año. De esta forma revisa los precios en función del incremento “relativo” del IPC en España, entre 2016 y 2019, lo que calcula conlleva una subida del 3,5 por ciento.

Esto, según informaron fuentes de la Junta, recupera de momento la actualización del IPC, después de que se adoptara una congelación en 2012 y en 2014 se modificara la relación contractual con una rebaja del 20 por ciento. Así, el coste para los ciudadanos de la ITV para un turismo de gasolina catalizado será de 42,33 euros -precio final, IVA incluido y tasa de tráfico-, lo que supone un incremento de 1,04 euros. Además, para los turismos diésel, la tarifa será de 50,25 euros, debido a la subida de 1,56 euros.

Esta decisión de la Junta, contra la que se puede interponer recurso de alzada ante el consejero Germán Barrios en el plazo de un mes, no pone fin a la vía administrativa. Entrará en vigor mañana, al ser publicada este viernes la resolución, que lleva fecha del miércoles 22 de enero, en el Bocyl.

También la Junta ha iniciado la tramitación de una nueva norma de revisión de tarifas que no genere los “desequilibrios” del sistema anterior y cumpla con la Ley de Desindexación de la Economía. Su borrador ha sido ya sometido a información pública en el portal de Gobierno abierto. Hasta que se apruebe, el Ejecutivo vuelve a ligar las tarifas de la ITV al IPC, algo que no se producía desde que el Gobierno autonómico aplicó entre 2012 y 2014 una congelación de los precios, que después se mantuvo, junto a la rebaja del 20 por ciento.

BATALLA JUDICIAL

La congelación de precios entre 2012 y 2014 fue llevada a los tribunales por las concesionarias, que tras pasar por diferentes órganos judiciales, terminó en un fallo que obligó a la Junta a indemnizar con diez millones a las empresas, en compensación por los ingresos que habían dejado de percibir.

Por otra parte, la Junta adoptó otra orden el 7 de octubre de 2014, por la que aplicó una rebaja del 20 por ciento, para que las tarifas fueran similares a la media nacional, y las desligó de la evolución del IPC. El Ejecutivo recordó que que esta decisión se tomó tras efectuar un análisis económico y comprobar que las cantidades aplicadas en Castilla y León eran muy superiores a las del resto de España. Así, el precio para un coche diésel pasó a costar diez euros menos, y el de gasolina, 8,18 euros menos.

Esto, según cálculos de la Junta, supuso un ahorro total para los ciudadanos de Castilla y León de unos 38 millones, una vez compensadas las indemnizaciones fijadas en distintas sentencias. Precisamente, el último fallo del Supremo, emitido el 12 de diciembre, avala la decisión del TSJ, que da la razón a la Junta en relación a la rebaja del 20 por ciento en los precios por una cuestión de interés general, si bien no lo hace con el sistema de revisión de precios, que los desligaba del IPC y los vinculaba a las cifras económicas.

Esta posición del Supremo, que motiva la subida del 3,5 por ciento que entra en vigor mañana, supondrá unas compensaciones que según cálculos de la Junta serán “sensiblemente inferiores” a los diez millones ya abonados.