«No creo que tenga sentido el aforamiento en hechos que sean ajenos al ejercicio del cargo»

Con la sentencia del ‘Procés’ aún caliente, el presidente del Tribunal Superior realiza un repaso por las luces y sombras de la Justicia en Castilla y León, elogiando siempre el trabajo de jueces y fiscales y lamentando la falta de medios o de acuerdo para determinadas reformas que cree necesarias.

PREGUNTA.- Han aumentado las denuncias y las resoluciones judiciales en casos de violencia machista. ¿La legislación funciona?

RESPUESTA.- Ya estamos viendo que no. Siempre he dicho que el tema de la violencia de género es una cuestión más de educación que de punición. No se arreglan estas conductas con duras penas sino con una educación de la sociedad desde el principio, desde la familia, desde la escuela. Mientras no seamos capaces de transmitir a nuestros hijos y a los alumnos de los institutos y los colegios que esto es una lacra que debe ser eliminada de una vez por todas no la venceremos. Desde el Tribunal Superior de Justicia creemos en esta labor formativa y la hacemos constantemente mediante el programa ‘educando en justicia’, recibiendo a los colegiales de los centros de Castilla y León y tratando de inculcarles este sentimiento.

P.- Usted denunció que el Ministerio «no ha aportado ni un solo euro» para la Oficinas de Atención a las Víctimas, previstas en la ley aprobada en abril de 2015, pero sin «apoyo presupuestario».

R.- Es muy fácil legislar a coste cero. Cuando se crean determinadas instituciones para beneficiar a los ciudadanos hay que dotarlas de los medios económicos necesarios para que funcionen y eso es lo que quisimos hacer con escaso éxito porque no fue respaldada en ningún caso por los medios materiales y personales que eran imprescindibles para llevarla a cabo.

P.- La doctrina del Supremo emanada de la sentencia de la manada afectará al caso de los tres exfutbolistas de la Arandina denunciados por presunta agresión sexual a una menor. ¿Entiende que debe generalizarse esa mano dura?

R.- Hay que ser muy cuidadoso en ese tipo de casos que verdaderamente tanta alarma social provocan. Hay que examinar caso por caso las circunstancias que han concurrido porque no todos los casos son iguales.

P.- Aumentan las denuncias por casos de violencia sexual. ¿Cómo valora que de nuevo se esté juzgando al violador del ascensor -que fue juzgado por violación y asesinato en este mismo Palacio de Justicia- y otros delincuentes sexuales similares? ¿Qué opinión tiene de la prisión permanente revisable. para estos casos?

R.-Es una pena adecuada a la norma constitucional que ya ha sido aplicada por algún tribunal del territorio y desde luego habrá que estar al caso concreto para ver su proporcionalidad.

P.- Pero uno como juez después de haber sentenciado a cumplir penas de cárcel a un delincuente de este tipo, verlo después en la calle volviendo a cometer los mismos delitos tiene que removerle por dentro.

R.- Para esos supuestos está esta prisión permanente revisable y a los tribunales del territorio no les ha temblado la mano a la hora de aplicarla cuando ha sido el caso.

P.- ¿Cómo valora la actuación de los jurados populares en este caso y los resultados de la ley en general? En alguna ocasión ha manifestado que cabría mejorarla.

R.- Es una institución que establece el texto constitucional y el legislador tenía tantas cautelas sobre esa institución que tardó 17 años en promulgar la ley reguladora del tribunal del jurado. Por algo sería. La práctica en estos 24 años nos ha enseñado las disfunciones, el coste económico que genera, y, muchas veces, la ineficacia de la institución. No he sido juradista nunca y ahora que tengo que resolver muchos recursos de apelación contra sentencias dictadas por el cauce del tribunal popular del jurado veo las disfunciones que provoca.

P.- ¿Debería estar en la agenda política, a su juicio, mejorar esa ley?

R.- Después de 25 años el legislador debiera de, por lo menos, abrir un debate para ver qué aspectos son mejorables de la ley.

P.-Hablemos ahora de los aforamientos. Las dos propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía que plantean el Partido Popular y Ciudadanos, por un lado, y el PSOE, por el otro, y que ha anticipado este periódico mantienen el privilegio de inviolabilidad que el artículo 22 del Estatuto otorga a los parlamentarios en el ejercicio de sus votos y opiniones como procuradores. O lo que es lo mismo que mantienen el que no podrán ser juzgados por el sentido de su voto y lo que opinen, en el ejercicio de su cargo. Además PP y Cs, no suprimen en su propuesta el hecho de que no puedan ser detenidos salvo «flagrante delito», al igual que los miembros de la Junta, algo que el PSOE sí retira. ¿Esto es un brindis al sol que en realidad no supone acabar con los privilegios jurisdiccionales de los procuradores?

R.- Una cosa es la inviolabilidad del parlamentario y otra cosa es el fuero del que disfruta cuando tiene que ser juzgado por un hecho contrario a la ley…

P.- Que parece ser el único en el que hay cierta unanimidad en rebajar…

R.- No creo que tenga ningún sentido el fuero, al menos en hechos cometidos que sean ajenos al ejercicio del cargo. Entendería que pudieran mantener el fuero en hechos cometidos en el ejercicio de su cargo pero me parece que los aforamientos, primero, carecen de explicación y, en segundo lugar, le priva en la mayoría de los casos de una instancia judicial al propio acusado y, en tercer lugar, no tienen sentido para hechos, como digo, para hechos que no tienen relación con el ejercicio del cargo.

P.- El ciudadano no entiende muchas veces ese tipo de privilegios que se consagran en la principal norma de nuestra Comunidad que es el Estatuto. La justicia, que tiene que aplicarlos, ¿cómo los ve?

R.- La justicia cumple con su obligación y cuando se ve en el trance de enjuiciar a un aforado hace su trabajo con plena normalidad pero muchas veces lo ve carente de sentido. Sobre todo por hechos como los que se han visto en el Tribunal Superior en los últimos tiempos; hechos que no tienen nada que ver con el ejercicio de la función parlamentaria.

P.- En la apertura del año judicial la fiscal superior de nuestra Comunidad, Lourdes Rodríguez llamó la atención sobre el su «uso infundado» que «en ocasiones y, en especial, en época electoral», añadió, se pretende hacer de este instrumento, acudiendo a la Fiscalía con denuncias «con poco fundamento y escaso rigor», que lo único que persiguen es «la destrucción o el descrédito del adversario».

R.- La llamada judicialización de la política ha sido una constante en nuestra vida política. Siempre se acude a los tribunales de justicia para tratar de descalificar al adversario en determinadas épocas y creo que es una práctica absolutamente perversa que todos deberían desterrar.

P.- ¿Puede hacer algo la justicia?

R.- Cumplir con su obligación que es estudiar todas las denuncias, los supuestos que le llegan y resolverlos como ha hecho hasta ahora.

P.- Me refiero a que no se utilice a la Justicia como cómplice de esos intentos de descalificación política y de lo que se ha dado en llamar ‘pena de telediario’.

R.- Es muy complicado. La justicia generalmente se abstrae, a la hora de resolver, de las motivaciones que han llevado al ciudadano a la interposición de una denuncia y en la mayoría de los casos de las circunstancias concurrentes de la misma. Tiene que resolver y aplicar la ley y en eso es verdaderamente ciega muchas veces. No toma en consideración otro tipo de circunstancias más que las jurídicas.

P.- La justicia en Castilla y León tiene medios para resolver judicialmente casos complejos de presunta corrupción como la perla negra o el hospital de Burgos.

R.- En los juzgados y tribunales de Castilla y León como en los de toda España cuando un juzgado se ve distinguido con un asunto de esta naturaleza, que son necesarios unos medios materiales o personales superiores a los del funcionamiento normal, lo que hace inmediatamente es pedir un refuerzo al Ministerio de Justicia. En nuestro caso a través del Consejo General del Poder Judicial para que a ese juzgado o bien desde una descarga en el reparto ordinario de los asuntos o bien mediante la adscripción de un juez o de funcionarios de refuerzo pueda resolver el caso propuesto de la mejor manera y en el menor tiempo posibles.

P.- También lo decía porque Ud ha alzado la voz frecuentemente por la falta de medios en la justicia en la Comunidad. Entiendo que esa reclamación la sigue manteniendo.

R.- Por supuesto. Estamos mejorando en los últimos tiempos y buena prueba de ello es el edificio judicial en el que nos encontramos -el Palacio de Justicia de Burgos- que ha dado un vuelco en los últimos diez años y otra cosa es que estemos a la altura, al menos, de otros sectores de la administración que hace veinte años que están disfrutando unos medios propios del siglo XXI. Nosotros estamos subiéndonos ahora a las nuevas tecnologías, padeciendo esos inicios que siempre son complicados, como en el expediente digital, que nos procuran muchos dolores de cabeza diariamente pero que son imprescindibles en el mundo en el que vivimos. Entonces los medios materiales están mejorando pero todavía no son óptimos.

P.- Y pese a todo aumenta la cifra de casos resueltos por la judicatura…

R.-Porque la responsabilidad y el trabajo del juez es verdaderamente digno de elogio y no es un comentario corporativista, es la realidad que veo cada día en todos y cada uno de los tribunales de Castilla y León…

P.- Usted no se cansa de elogiar a sus jueces, al cuerpo fiscal…

R.-Pero también les recrimino cuando debo de hacerlo.

P.- ¿Qué opina de la limitación de mandatos que se ha puesto de moda en política?

R.-La la limitación de mandatos que, quienes la preconizan, no se la aplican impide que yo afronte un nuevo mandato al frente del Tribunal Superior de Justicia por cuanto la ultimísima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha introducido un nuevo precepto que limita a dos los mandatos al frente de los tribunales y en el caso de quienes llevamos más de dos mandatos al frente del Tribunal nos impide siquiera optar a la reelección. Por otro lado, pienso que quince años al frente de una institución como el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León son más que suficientes para haber llevado a cabo la labor y el proyecto que se pretendía desde un principio, que en este caso pienso que han sido tremendamente cumplidos.

P.- Y para usted ¿después qué?

R.-Después seguiré ejerciendo mi función de magistrado probablemente en la Sala de lo Civil y Penal de este Tribunal Superior de Justicia porque me apetece seguir viviendo en mi tierra, en este caso adoptiva.