Bronca entre el PP y Vox por el control del empadronamiento de inmigrantes en Burgos

La polémica abierta entre los dos socios que componen el bipartito de Burgos se dirimirá después de las elecciones europeas del próximo domingo, toda vez que el Partido Popular ha decidido evitar la confrontación dialéctica abierta y posponer el debate al próximo pleno municipal.

La Concejalía de Seguridad y Emergencias plantea poner en marcha ocho medidas en materia de inmigración ilegal, en concreto relacionadas con los empadronamientos ilegales en viviendas en Burgos, una materia en la quieren poner en manos de la Policía Local competencias que solo están atribuidas a la Policía Nacional.

Por la mañana el portavoz de Vox y vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, había anunciado que desde la concejalía de Seguridad Ciudadana, que gestiona su grupo, se perseguirá el empadronamiento ilegal de inmigrantes con Policía Local.

Horas después, desde las filas populares recordaron que las medidas anunciadas por los concejales de Vox forman parte de una proposición elaborada por ese partido que trataron de llevar de urgencia al pleno municipal de mayo pero quedó fuera el orden del día. Por tanto, el grupo popular aprovecha esa circunstancia para pasar por encima de la polémica en plena campaña electoral de la europeas en la que el asunto de la inmigración está siendo uno de los puntos claves del programa de los de Santiago Abascal. Así pues, los populares buscan aplazar el debate a la próxima sesión plenaria en la que se presente esa moción, según explicaron desde el PP en un comunicado.

Fernando Martínez-Acitores y y el edil responsable de Seguridad, Ignacio Peña, ambos de Vox aseguraron en una comparecencia matutina que su propuesta de vigilar los empadronamientos ilegales cuenta con el visto bueno de su socio de Gobierno, el Partido Popular de Cristina Ayala, porque «nos dijeron que era nuestro área y que actuáramos como quisiéramos». Desde Vox precisan que el empadronamiento ilegal, es un problema que se está detectando en toda España y, aunque carecen de datos concretos, señalan que en Burgos también sucede y que «les han llegado quejas anónimas».

De esta manera, plantean implicar a la Policía Local en perseguir el empadronamiento ilegal, es decir, estar empadronado en un lugar en el que no se reside en realidad. Martínez-Acitores señala que los agentes realizarán inspecciones periódicas, en colaboración con las autoridades municipales competentes, para verificar la veracidad de la información proporcionada en los registros de empadronamiento.

El edil de Vox asegura que los agentes locales colaborarán con los Servicios Sociales y otros organismos de inmigración para compartir información relevante y coordinar esfuerzos en la detección y prevención de este tipo de casos.

El PP por su parte, contradice a los de Vox y niega que exista consenso. Es más, recuerda que algunas de las medidas que plantean sus socios en el Gobierno local ya se están llevando a cabo, otras no son de competencia municipal, ya que «si de detectan irregularidades se da traslado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad delEstado para que procedan a a realizar las acciones oportunas» y en algunas más no comparten el mismo criterio.

Entre las medidas que propone Vox está crear «canales de denuncia anónima» para que los ciudadanos puedan informar sobre posibles casos de empadronamiento ilegal que tengan detectados en su vecindario.

Como quinto planteamiento está el hecho de que cuando se descubra un caso, «la Policía Local actúe de acuerdo con la legislación vigente, tomando las medidas necesarias para corregir la situación y sancionar a los responsables». Martínez-Acitores, que ha señalado que desconocen la cuantía económica en el caso de que se multe este comportamiento, comenta como sexta medida que los agentes actuarán realizando controles de identidad para verificar el estatus migratorio de las personas a las que paren.

La séptima y la octava propuesta es que Policía Local colabore con Policía Nacional y Guardia Civil, para coordinar esfuerzos para combatir el empadronamiento ilegal y que el Ayuntamiento de Burgos suspenda las ayudas sociales para las personas que hayan ingresado ilegalmente en España. Precisamente, los corporativos de Vox opinan que «se están dando casos en España» de inmigrantes que se empadronan en una vivienda en la que no residen «buscando ayudas sociales».

El concejal Ignacio Peña ha asegurado que la competencia sobre inmigración ilegal no la tiene atribuida la Policía Local, pero entiende que estos agentes pueden colaborar con otras fuerzas en la labor inspectora.

A este respecto, Martínez-Acitores añade que la Ley Orgánica 4/2025. de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana atribuye a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la lucha contra la inmigración ilegal y, en esas fuerzas considera que está incluida Policía Local.

Contestación PSOE

La primera contestación del grupo municipal socialista se ha producido a través de la red social X. El líder de la oposición en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, ha exigido a la alcaldesa, Cristina Ayala, que «frene» a su socio de Gobierno, representado por s cuatro concejales con diversas áreas de responsabilidad como este caso la Seguridad Ciudadana.

El socialista expresa su preocupación por ver alguna de estas medidas anunciadas puestas en marcha. Así, no da crédito a la idea de que la Policía Local persiga a las personas inmigrantes «para retirarles las ayudas a las que podrían tener derecho». Subraya De la Rosa que estos planteamientos «son un despropósito» y pide a Ayala que desautorice a los concejales de Vox que las han anunciado. «Es una vergüenza y no tiene competencias para hacerlo».

La concejal del PSOE y abogada de Burgos Acoge Sonia Rodríguez señaló que los planteamientos de Vox en esta materia «estremecen» por el «desconocimiento» que demuestran sobre esta cuestión. Incidió en que «no hay empadronamientos ilegales», así como «mezclar» la situación irregular de una persona con un empadronamiento irregular. Recordó que la Ley de Bases del Régimen Local obliga al empadronamiento y destacó el «riguroso» trabajo que realiza el servicio de Estadística del Ayuntamiento. Un trabajo que, según Rodríguez, parece pone en cuestión una propuesta de Vox con un claro «contexto electoral».