Cuentas advierte a la Diputación de Ávila por no analizar los costes de los servicios que prestan los municipios

El Consejo de Cuentas advirtió hoy a la Diputación de Ávila que no ha realizado el análisis de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios en la forma y con el alcance previstos en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y que “tampoco lleva un control sobre la forma de prestación y coste efectivo” de los mismos.

Así lo traslada el órgano de control externo autonómico, que aconseja a la institución provincial que en dicha regulación se incluyan las adecuadas medidas de planificación estratégica al objeto de conocer estos costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su demarcación territorial, un análisis previsto en la normativa aplicable. En este sentido, el Consejo de Cuentas recomienda a la Diputación la mejora de la regulación del plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal y otros planes o instrumentos específicos de asistencia y cooperación para la realización de inversiones, actividades y servicios municipales, según informa Ical.

Esta es una de las cinco recomendaciones (cuatro dirigidas a la Diputación y una a la Comunidad Autónoma) recogidas en el informe que analiza el nivel de prestación y asistencia de la diputación abulense a los pequeños municipios, en los ejercicios 2019-2022, uno de los trabajos recientes del Consejo, entregado a las Cortes. Es una fiscalización programada para las nueve diputaciones de la Comunidad y el Consejo Comarcal de El Bierzo para analizar si dicha asistencia está alineada con lo establecido por la normativa de régimen local.

La institución provincial concedió en la etapa 2019-2022 un total de 23,6 millones en subvenciones a los municipios dentro del Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal (POS). Su financiación corrió a cargo de la institución con una media del 82% y con las aportaciones municipales (18%).

Los ayuntamientos más pequeños recibieron mayor ayuda, en relación con su población, que los más grandes, circunstancia coherente con la finalidad de los planes provinciales, si bien los objetivos y los criterios de distribución “deberían acreditarse en una memoria justificativa”. A juicio del Consejo, en la etapa analizada “no consta la aprobación de un plan estratégico de subvenciones” ni una normativa específica reguladora para el Plan de Obras y Servicios, concretándose dicha regulación en la Ordenanza General de Subvenciones aprobada en 2016.

La diputación aprobó siete planes provinciales y el importe anual de dichas ayudas se elevaría en el periodo a 17,8 millones, correspondiendo las mayores cuantías al Plan de Empleo Local y a las subvenciones para gastos generales.

En cuanto a la prestación de servicios en los municipios, la diputación no ejerce las competencias de asistencia en los planes económico-financieros de las entidades locales, ni las de contratación centralizada en los municipios menores de 20.000 habitantes y tampoco desarrolla funciones respecto a la gestión informatizada de los padrones de habitantes de los municipios.

Las obligaciones reconocidas en el periodo por la prestación de servicios y el desarrollo de actividades a cargo de la diputación en sus municipios, que incluyen los gastos presupuestarios de carácter directo (personal, suministros, contratación externa…), se elevó a 43,3 millones, lo que representa una media del nueve por ciento del presupuesto consolidado y del cien por cien del presupuesto de los dos consorcios adscritos. Dentro de dicho importe no figuran incluidas las ayudas del POS.

En esta línea, las prestaciones que más recursos absorbieron fueron el servicio de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes (52%), la gestión de la recaudación tributaria (28%) y la prevención y extinción de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes (11%).

En relación con las competencias atribuidas por la normativa sectorial, la diputación atiende materias de siete bloques funcionales, que totalizaban 9,8 millones en 2022. Las relativas a acción social y servicios sociales, las que más recursos absorbieron (91 por ciento), concentrándose sobre todo en el servicio de ayuda a domicilio.

Sector público de Ávila

Está integrado, junto a la diputación, por 248 ayuntamientos, 30 mancomunidades y dos entidades locales menores. Casi el 80% de los municipios no alcanza la densidad de población de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, umbral de riesgo demográfico definido por la UE. La capital y los cuatro municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes concentran el 52% de los residentes en la provincia. 95 municipios (38%) no llegan a 100 habitantes.

La diputación tiene cinco entes dependientes y uno desconcentrado: Organismo Autónomo de Recaudación; Organismo Autónomo Fundación Cultural Santa Teresa; Consorcio Zona Norte de Ávila; Consorcio Entes Locales del Valle del Tiétar; la sociedad mercantil Naturávila; y la Institución Gran Duque de Alba.

El Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Municipios no figura adscrito a ninguna de estas áreas; durante 2022 solo dispuso de un secretario-interventor.

El informe anota también que la diputación y sus entes dependientes y adscritos acuden a la contratación externa de una parte significativa de los servicios que prestan, caso de la ayuda a domicilio, la gestión tributaria y recaudación, así como los centros de gestión de residuos de los dos consorcios. El contrato de mayor cuantía adjudicado en los últimos ejercicios fue el de ayuda a domicilio (16,8 millones), en 2022. Su prestación es cofinanciada por la Junta.

El Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) asume por delegación el servicio de 243 ayuntamientos; 11 mancomunidades/consorcios y cinco comunidades de regantes. El total de recursos recaudados por el OAR se situó en el periodo analizado en torno a 52 millones.

Algunos contratos formalizados por la Diputación no fueron comunicados al Consejo de Cuentas a través de la relación anual de contratos de la Plataforma de Rendición de Cuentas. Incumplimientos que afectaron a contratos por importe conjunto de 20,2 millones. Además, otros dos contratos con importes significativos adjudicados en 2021 por los dos consorcios adscritos tampoco fueron incluidos.

En esta línea, el Consejo de Cuentas solicitó una relación de los convenios suscritos con las entidades locales, remitiendo la diputación un listado con 745 convenios en los ejercicios 2020 a 2022, pero sin información sobre el importe económico de los compromisos asumidos.

Puestos de trabajo

La relación de puestos de trabajo de 2020 aprobada por la institución incluye 576 distribuidos en tres centros directivos: Diputación Provincial; Organismo Autónomo Fundación Cultural Santa Teresa y Organismo Autónomo de Recaudación, estando el 67% de los puestos de trabajo vacantes.

Con relación a esto, los servicios o unidades administrativas con funciones que guardan una relación más estrecha con el apoyo y asistencia a la prestación de servicios municipales alcanzan poco más del 10% del total de dotaciones de la RPT.

En cuanto a los consorcios, el de Entes Locales Valle del Tiétar dispone de seis puestos, cuatro de ellos vacantes, mientras que la RPT del de Zona Norte de Ávila la integran 18 puestos, todos ellos vacantes.

El número de plazas de la plantilla orgánica de la diputación muestra una evolución descendente en los tres ejercicios analizados (2019, 2021 y 2022). De las 404 plazas en 2019 se pasa a 364 en 2022. La comparación de RPT y plantilla manifiesta un déficit estructural del 36,8 por ciento en la disponibilidad de recursos humanos necesarios para la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios, señaló el Consejo.

Su presupuesto consolidado se situó entre los 57,9 millones en 2019 y los 76,3 en 2022. La liquidación de los últimos tres ejercicios generó superávit. En la liquidación de gastos de la entidad principal, en el mismo periodo, las operaciones corrientes absorbieron el 70% y las de capital, el 30% del total.

Del total de los gastos en el periodo 2019-2022 (238 millones), el 26 por ciento (62,7) corresponde a transferencias a las entidades locales, siendo los programas que más recursos absorbieron los de urbanismo y fomento del empleo.