La cárcel de Ávila aísla a la asesina de Gabriel Cruz tras denunciar la madre del niño que graba un documental
Los funcionarios registraron la celda de Ana Julia Quezada en busca de un móvil después de que la madre del niño alertara de que prepara un documental desde la prisión abulense
Concentración este sábado en Almería convocada por Patricia Ramírez, abajo a la izquierda en la imagen
Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel Cruz, el niño de 8 años asesinado en 2018 en Almería por la entonces pareja de su padre Ana Julia Quezada, puso sobre aviso a instituciones y sociedad hace unos días. Alertó de que la asesina de su pequeño «está grabando un documental desde la cárcel» en la que cumple prisión permanente revisable, el centro penitenciario de Brieva, en Ávila, y la prisión ha reaccionado trasladándola a un módulo de aislamiento y tratando de averiguar si en efecto grababa ese documental.
El Ministerio del Interior investiga las acusaciones de la madre, y los funcionarios registraron este fin de semana su celda para tratar de encontrar el teléfono móvil que Patricia Ramírez asegura que la asesina emplea para comunicarse con una productora audiovisual y relatar su historia. La reclusa también fue cacheada, aunque los registros hasta el momento han resultado infructuosos, según fuentes de Instituciones Penitenciarias.
La madre del niño que copó titulares y noticias tras su desaparición y posterior hallazgo, y cuyo asesinato conmocionó a todo el país, denunció que Ana Julia Quezada tiene un dispositivo móvil y ayuda interna por parte de los funcionarios para participar en un documental. «Tengo una fuente directa que me asegura que dentro de prisión tiene un teléfono móvil a través del que se está intentando grabar un documental y desgraciadamente se nos manifiesta que existe complicidad de funcionarios que la están ayudando», indicó Patricia Ramírez en una rueda de prensa el viernes, en la que afirmó que se habrían grabado varias entrevistas «utilizando los vis a vis». «Se están intentando lucrar de su muerte dañando, no sólo su memoria después de habernos arrancado su vida, sino obviando nuestro dolor y no atendiendo a las normas, saltándoselas», dijo emocionada también en un vídeo colgado en sus redes sociales.
«No queremos que nos sigan haciendo daño», señaló muy afectada ante los medios. «Es un derecho nuestro, padre y madre, y de mi familia hacer un documental sobre Gabriel, pero les aseguro que jamás haremos nada para dañar la imagen de Gabriel y, menos aún, lucrarnos con ella».
Bajo el lema ‘nuestros peces no se venden’, en alusión a como se conoce cariñosamente al pequeño Gabriel Cruz: ‘el pescaíto’, Patricia Ramírez sacó este fin de semana a cientos de personas a la calle para pedir «respeto» por el niño y por toda su familia, y reclamar que no se realice ningún «true crime» sobre el asesinato de su hijo. «Mi tragedia no es una serie», afirmó y reclamó que «no se le dé voz» a Quezada. En la concentración también intervino el padre del niño y se dirigió a su asesina: «Si realmente te arrepientes de lo que hiciste, no hagas esto ahora».
La madre de Gabriel relató que hace tres años tuvo también que rechazar varios proyectos que querían utilizar la dolorosa historia de su hijo, y contó que en noviembre del pasado año se enteró de nuevo de que existía este proyecto en una fase avanzada, y llegó a reunirse con «el secretario de Estado de Seguridad y el de Instituciones Penitenciarias» que según explicó y recogió Europa Press, le aseguraron que no se había concedido autorización para grabar en la prisión. «Siento desamparo, indefensión y desprotección absoluta», aseveró.
Ramírez anunció que se plantea presentar querellas por un delito de cohecho contra los funcionarios que habrían facilitado a Quezada el dispositivo móvil y, de forma subsidiaria, contra Instituciones Penitenciarias por vulnerar los derechos de las víctimas, y contra la productora si sigue adelante con el proyecto audiovisual.
Interior recibió este lunes a Ramírez y el Ministerio expresó, a través de un comunicado, su «total solidaridad» con la madre de Gabriel Cruz y su disposición a colaborar con la Justicia «para atender cualquier requerimiento que pueda derivarse de las acciones legales emprendidas por ella».
Ramírez ha pedido también poder acudir al Senado y al Congreso para poder explicar cómo se está incumpliendo en su caso el Estatuto de las Víctimas.