La declaración de zona catastrófica da luz verde a ayudas por los incendios de Ávila

La declaración de Castilla y León como zona catastrófica por el incendio declarado el pasado 14 de agosto en la localidad abulense de Navalacruz, da luz verde a la concesión de ayudas directas para paliar las consecuencias del siniestro. El Consejo de Ministros tomó ayer la decisión, que afecta a otras 12 comunidades autónomas por distintos sucesos naturales.

El Gobierno de España considera así como ‘zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil’ (Zaepc) –según la nueva nomenclatura–, a las comunidades autónomas de Castilla y León, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Navarra y el Principado de Asturias, que este verano han sufrido importantes incendios forestales.

En todos los casos los incendios alcanzaron tal gravedad que las comunidades autónomas se vieron obligadas a activar planes de protección en una situación operativa de entidad (niveles 1 o 2), tal y como establece el Plan Estatal General de Emergencias (Plegem) aprobado el pasado 15 de diciembre por el Gobierno para acceder a la declaración de Zaepc. Por otro lado, el Gobierno incluyó en el mismo acuerdo las inundaciones ocurridas en la Comunidad Valenciana entre los días 4 al 9 de noviembre de 2020, y La Rioja, entre los días 14 al 16 de junio de 2021. 

Pese a no disponer de una estimación definitiva de los perjuicios ocasionados por estas catástrofes, el Gobierno valoró que la magnitud de sus efectos, las medidas que ha sido necesario adoptar  para paliar la grave perturbación de las condiciones de vida de la población y conseguir el pleno restablecimiento de los servicios públicos esenciales «justifican la intervención de la Administración General del Estado por solidaridad interterritorial y para complementar las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones públicas territoriales», explicó el Ministerio del Interior en un comunicado.

La declaración como Zaepc permitirá que los afectados puedan beneficiarse de una serie de medidas y ayudas destinadas a paliar tanto daños personales (se han registrado 58 heridos leves, de ellos 22 intervinientes en las labores de extinción) como materiales en vivienda y enseres y en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, y de otros servicios.

La declaración también incluye ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes, así como a las corporaciones locales en sus labores de recuperación de las áreas devastadas por el fuego. 

Una vez que la Administración General del Estado disponga de una memoria con la estimación de los daños producidos, el acuerdo «podrá incorporar otras medidas complementarias a las adoptadas por las administraciones territoriales, a las que corresponde la competencia en materia de protección civil». Así, se estudiará la posible adopción de medidas fiscales relativas al IBI, IAE, IVA e IRPF para compensar las pérdidas ocasionadas.

Compromiso

De esta manera, el Consejo de Ministros confirmó el compromiso adquirido el domingo por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante su visita a la zona afectada por el incendio, y que quemó cerca de 22.000 hectáreas de terreno.

Algunas entidades privadas no han esperado la decisión del Ejecutivo central para habilitar herramientas especiales destinadas a los profesionales del campo y a las familias afectadas. Así, Cajamar ha habilitado un montante de 50 millones de euros para atender sus necesidades financieras en la zona abulense siniestrada. 

«Para atender con urgencia y de manera prioritaria los ganaderos más necesitados podrán tener acceso hasta 6.000 euros para adquirir y garantizar la comida y agua de los animales que se han quedado sin pastos», comunicó la entidad. El programa de financiación que con carácter especial ha determinado Cajamar «incluye líneas para la reconstrucción, reparación de las explotaciones ganaderas y agrícolas, enseres y maquinaria dañada o perdida, el anticipo de indemnizaciones de las compañías de seguros, así como de las ayudas y subvenciones procedentes de los diferentes organismos oficiales e instituciones, una vez aprobadas, destinadas al restablecimiento de la actividad agroganadera».

Las empresas, cooperativas y ganaderos podrán acceder además a ‘préstamos blandos’ destinados a financiar infraestructuras, instalaciones y vehículos que han quedado destruidos, así como quienes decidan acogerse a reconversión varietal.

Por otro lado el presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, calificó ayer de «acierto» la decisión del Gobierno de declarar el área afectada, pero además reclamó al Ejecutivo que las ayudas lleguen pronto. Durante una visita a la zona afectada por el siniestro, Casado expresó su compromiso con los agricultores, ganaderos y vecinos afectados por el fuego y valoró la unión entre administraciones que, aseguró, «ha regido durante la gestión del incendio».

«Contra el fuego todos estamos unidos y creo que todas las administraciones en Ávila han estado codo con codo luchando contra el incendio que ya es el peor de la historia de Castilla y León y el cuarto más extenso de la historia de España», afirmó en declaraciones que recogió Ical. Así, defendió «propuestas en positivo, colaboración entre las administraciones, lealtad institucional, apoyo y solidaridad a los vecinos y ganaderos afectados y gratitud a todos los representantes públicos de todos los partidos, sin excepción».

El presidente del PP, que entró en el Congreso como diputado por Ávila, alabó el comportamiento de los vecinos de la zona porque que han demostrado ese carácter «recio y sobrio de Ávila a la hora de afrontar sin ningún tipo de reproches y arrimando el hombro con quien lo necesitaba un momento crítico en la historia de estos pueblos, como éste en el que estamos (en referencia a Villaviciosa, anejo de Solosancho)». 

Ganaderos

Consideró el líder popular que el sector primario ha demostrado que hay ganas de salir adelante «con la ayuda de las administraciones» y se refirió a cómo el fuego ha afectado a 400 ganaderos que ahora mismo «ven su medio de vida arruinado» y a 36.000 cabezas de ganado (ovino, caprino, vacuno y equino), al tiempo que obligó a la evacuación de un millar de personas de varios de los 18 pueblos afectados.

De esa declaración dijo que lo que esperamos es que «lleguen las ayudas», como que los ganaderos puedan acceder a créditos ICO, a reducciones del IVA o del IRPF, también a las cuotas de la Seguridad Social y que los municipios puedan ver compensados gastos ligados al fuego y que de otro modo no hubieran tenido que hacer. Por último, alertó de que «el verano no ha acabado» y recordó lo se ha sufrido también a los pies de la Paramera, pero también en Cebreros, El Tiemblo, en Candeleda o en La Adrada, es algo que «tenemos que evitar que se repita», zanjó.

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, también valoró la «excelente noticia» que a su juicio supone la declaración por parte del Gobierno de zona catastrófica. «Creo que es una medida justa», afirmó en Salamanca, aunque se mostró escéptico sobre las consecuencias de esa declaración: «Ahora vamos a ver cómo se traduce eso, una cosa es la declaración y otra son los efectos».

Lo importante, añadió, es que los ganaderos y la gente afectada por el incendio «tiene que saber que nosotros de ninguna manera les vamos a dejar abandonados». Concluyó que esa «buena noticia» constituye una de las pocas oportunidades que tiene de «hablar bien del Gobierno».

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defendió que tras un incendio «extraordinario» como el de Navalacruz, es importante «trabajar para mejorar», aseguró en declaraciones que recogió Europa Press durante la firma de un protocolo para la coordinación funcional en materia de operaciones de emergencia en túneles con el Principado de Asturias.

Según Suárez-Quiñones, «lo inmediato para la Junta es actuar en el plan de reforestación de la zona afectada por el fuego, así como ayudar a los ganaderos» y la puesta en marcha de un plan de seguridad.